Las diferencias entre la principal fuerza de la coalición que gobierna Portugal, el Partido Social Demócrata (PSD), y la ultra derecha, representada por Chega, podrían quedar superadas en torno a un delicado tema. La aprobación en el Parlamento de una ley que prohíbe el uso del burka y el niqab, prendas que cubren el rostro y el cuerpo de las mujeres islámicas, contó con el apoyo de ambas fuerzas. El presidente António José Seguro puede ahora vetarla, promulgarla o enviarla al Tribunal Constitucional para evaluar su compatibilidad con la propia Constitución. En junio pasado, Seguro vetó una ley, aprobada en comisión, que buscaba prohibir la exhibición de banderas LGBT, climáticas y de otras causas en edificios públicos.
André Ventura, líder de Chega, celebró la aprobación parlamentaria sumándose al aplauso cerrado y de pie de casi un minuto en la sala. Destacó: “Se acabaron los burkas en Portugal. Quien odie nuestra cultura puede regresar a su país”. La afirmación suena bastante razonable si se piensa que muchos musulmanes huyen de sus naciones de origen precisamente para escapar de la rigidez de determinadas normas y la represión contra su violación para luego mantenerlas en sus nuevos destinos.
La mirada del PSD no compartía el tinte religioso, sino que ponía el acento en razones de seguridad a la hora de identificar a quienes llevan los rostros cubiertos en espacios públicos. Los cambios introducidos en el texto de la ley –negociados durante más de ocho meses- fueron fruto de acuerdos que también buscaron reducir las probabilidades de una declaración de inconstitucionalidad. Se invocaron razones de seguridad y orden público, suprimiendo referencias explícitas al Islam y, en lugar de establecer penas de prisión, se fijaron multas de entre 200 y 2000 euros por negligencia y de entre 400 y 4000 euros en caso de dolo.
El texto repasa que otros países europeos ya han legislado en la misma dirección y destaca “los principios de dignidad y respeto hacia las mujeres que deben guiar cualquier Estado de derecho”. En Europa hay nueve países que ya lo han prohibido. Cabe señalar que en febrero pasado el gobierno español rechazó aprobar la misma prohibición, impulsada por Vox y el PP, alegando que viola la declaración constitucional a favor de la libertad religiosa. Sin embargo, una subcomisión estudia el uso del burka y el niqab en espacios públicos.
Amnistía Internacional condenó la norma portuguesa por considerarla discriminatoria y violatoria de los derechos humanos de las mujeres que eligen cubrirse el rostro. La obligación impuesta por autoridades religiosas para cubrirse íntegramente atenta contra la dignidad de las mujeres, pero también contra la seguridad de los países. Defender los derechos civiles no puede poner en riesgo la tranquilidad ciudadana. Todo aquello que dificulte la identificación de una persona en un espacio público debe ser revisado.
