La autonomía porteña dejó de ser una consigna pendiente o un debate teórico para materializarse en políticas públicas. Alcanzar resultados no depende solo de la intención de avanzar, sino de sostener un trabajo constante que articule técnica jurídica, coordinación entre jurisdicciones y construcción de consensos. Se trata de un recorrido necesariamente gradual, donde cada etapa requiere condiciones normativas, presupuestarias e institucionales. Así se abordó cada instancia de traspaso de competencias y funciones judiciales.
Lejos de ser un punto de partida, este avance es fruto de un camino previo. La creación del Fuero del Trabajo del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la Ley 6789, junto con la sanción de la Ley 6790 que establece su Código Procesal, la adecuación de la estructura judicial y la convocatoria a concursos para cubrir cargos evidencian una estrategia que no se limita a recibir atribuciones, sino que se anticipa a ellas. En este marco, la autonomía no se improvisa: se construye.
Una lógica similar se observa en la decisión de crear el Servicio Penitenciario de la Ciudad y establecer un régimen propio de ejecución de la pena. La sanción de las leyes 6.923 y 6.924 no solo completan un componente esencial del sistema judicial, sino que corrigen una fragmentación histórica: hasta ahora, la Ciudad podía juzgar determinados casos, pero carecía de herramientas propias para ejecutar las condenas. Esta nueva normativa viene a cerrar ese circuito, fortaleciendo la coherencia institucional y la capacidad estatal para brindar respuestas integrales.
Todos estos avances responden a un mismo objetivo: consolidar -de manera progresiva- un sistema judicial propio, con reglas claras, instituciones robustas y capacidad efectiva de intervención, al tiempo que se generan las condiciones necesarias para asumir nuevas responsabilidades.
La autonomía no admite atajos: requiere sistemas completos.
En esa dirección, el Ministerio de Justicia de la Ciudad trabaja junto al de Nación, en el diseño de una nueva etapa de transferencias en materia penal. Este proceso -aún en elaboración- exige prudencia y responsabilidad, pero señala con claridad el rumbo: avanzar en el traspaso de delitos no federales que todavía permanecen bajo jurisdicción nacional, para consolidar una Justicia más cercana y eficaz frente a fenómenos como la “puerta giratoria”.
La experiencia demuestra que estos acuerdos exceden la mera definición de competencias. También implican la transferencia de recursos, la adecuación de estructuras y la garantía de continuidad en la prestación del servicio de justicia. Por ello, el trabajo en curso combina decisión política con el cuidado necesario para asegurar que cada paso sea sólido y sostenible.
Paralelamente, la ciudad se prepara para ese escenario. El fortalecimiento de su Poder Judicial, el desarrollo de su sistema penitenciario y la planificación de sus capacidades institucionales forman parte de una estrategia que busca evitar soluciones parciales. La autonomía no admite atajos: requiere sistemas completos. Asumir nuestra autonomía implica encarar transformaciones de fondo, cuyos efectos no siempre son inmediatos, pero modifican de manera profunda la forma en que el Estado responde a las demandas sociales. Cada competencia asumida, cada institución fortalecida y cada decisión adoptada reconfiguran el funcionamiento de la Justicia en la ciudad.
Por eso, más allá de los tiempos propios de cualquier administración, lo que está en marcha es un proceso con un rumbo claro. Un camino en el que cada avance se apoya en el anterior y habilita el siguiente. La autonomía, en definitiva, deja de ser una promesa para convertirse en una construcción tangible, que se expresa en decisiones, en normas y en resultados.
