En una democracia, lo que determina el rumbo es la voluntad de las mayorías. No hay atajos: esa es la regla básica. Sin embargo, hoy vemos una tensión profunda que afecta a las democracias modernas: sus estructuras políticas tradicionales se han quedado atrás frente a sociedades más rápidas, conectadas e informadas. Es como si la sociedad viajara en ascensor mientras los gobiernos suben por escalera. Esa diferencia erosiona la capacidad de respuesta del sistema político.
Este desgaste provoca un fenómeno inquietante: sistemas creados para que las mayorías gobiernen terminan siendo controlados por alianzas de minorías. Incluso coaliciones de perdedores pueden armar gobiernos cuando el sistema lo permite. El caso de España es ilustrativo: aunque gane un partido, la dinámica parlamentaria puede darle el poder a otra combinación política.
Argentina funciona distinto. Nuestro presidencialismo, con rasgos semiparlamentarios y balotaje, ha producido presidentes como Macri, Kirchner y Milei, asegurando alternancia pacífica entre distintos proyectos de gobierno. Esa alternancia es esencial para la democracia. En Latinoamérica, pocos países pueden presumir de algo similar.
Pero el sistema tiene sus desafíos. En las últimas décadas, gobernar desde una minoría se ha convertido en regla. Kirchner llegó perdiendo, sostenido por acuerdos parlamentarios. Macri lo hizo con minoría en ambas cámaras. Alberto Fernández gobernó gracias a pactos internos del peronismo que excluyeron al interior. Milei llegó al poder por balotaje, sumando votantes de sectores derrotados en primera vuelta.
Gobernar en minoría implica aceptar derrotas y depender de alianzas. No es una falla, sino la condición propia de esa posición. Las derrotas no siempre son daños, sino parte natural de la política democrática. No se trata de falta de capacidad, sino de aceptar las reglas del juego.
Argentina, sin embargo, cuenta con una fortaleza histórica: un sistema electoral legítimo y respetado. Aquí no se desconocen los resultados. Esa cultura democrática, mantenida durante más de un siglo —salvo interrupciones militares— es uno de nuestros activos más valiosos, quizá solo superado por la pasión nacional por el fútbol.
Este año se cumplen casi 110 años de la Ley Sáenz Peña. Fue fruto de un pacto entre conservadores y radicales, un acuerdo igualitario que impulsó conquistas fundamentales: educación gratuita, jubilaciones universales, salud pública y apertura a la inmigración. Esa visión sigue siendo una utopía: un horizonte al que los gobiernos aspiran, aunque la realidad fiscal siempre imponga límites.
Hoy persiste ese sueño: un país sin barreras, abierto al comercio, equilibrado fiscalmente. Argentina tiene recursos —naturales, productivos, humanos— que permiten imaginarlo. Pero siempre habrá restricciones. Esa tensión evita extremos y mantiene un marco mínimo de justicia social.
El gobierno actual rechaza parte de esa agenda y se sostiene en minoría. En elecciones recientes, los resultados han sido modestos, y donde triunfó lo hizo con apoyo reducido.
La idea de que un presidente necesita “dos años para aprender a gobernar” no es una regla. Gobernar se aprende gobernando, y exige algo más que gestión técnica: requiere política, construcción de consensos y liderazgo. Allí radica una de las debilidades actuales: un desprecio por la política como oficio, reemplazado por decisiones sin construcción política, apoyadas en la generosidad del Congreso.
El futuro marcará si este camino es viable. La reciente reunión con Donald Trump y la apertura del apoyo internacional han tenido impacto: baja del dólar, reducción del riesgo país y mejoría en los bonos argentinos. Por ahora, esa ecuación se sostiene.
En una democracia, lo que determina el rumbo es la voluntad de las mayorías. No hay atajos: esa es la regla básica. Sin embargo, hoy vemos una tensión profunda que afecta a las democracias modernas: sus estructuras políticas tradicionales se han quedado atrás frente a sociedades más rápidas, conectadas e informadas. Es como si la sociedad viajara en ascensor mientras los gobiernos suben por escalera. Esa diferencia erosiona la capacidad de respuesta del sistema político.
Este desgaste provoca un fenómeno inquietante: sistemas creados para que las mayorías gobiernen terminan siendo controlados por alianzas de minorías. Incluso coaliciones de perdedores pueden armar gobiernos cuando el sistema lo permite. El caso de España es ilustrativo: aunque gane un partido, la dinámica parlamentaria puede darle el poder a otra combinación política.
Argentina funciona distinto. Nuestro presidencialismo, con rasgos semiparlamentarios y balotaje, ha producido presidentes como Macri, Kirchner y Milei, asegurando alternancia pacífica entre distintos proyectos de gobierno. Esa alternancia es esencial para la democracia. En Latinoamérica, pocos países pueden presumir de algo similar.
Pero el sistema tiene sus desafíos. En las últimas décadas, gobernar desde una minoría se ha convertido en regla. Kirchner llegó perdiendo, sostenido por acuerdos parlamentarios. Macri lo hizo con minoría en ambas cámaras. Alberto Fernández gobernó gracias a pactos internos del peronismo que excluyeron al interior. Milei llegó al poder por balotaje, sumando votantes de sectores derrotados en primera vuelta.
Gobernar en minoría implica aceptar derrotas y depender de alianzas. No es una falla, sino la condición propia de esa posición. Las derrotas no siempre son daños, sino parte natural de la política democrática. No se trata de falta de capacidad, sino de aceptar las reglas del juego.
Argentina, sin embargo, cuenta con una fortaleza histórica: un sistema electoral legítimo y respetado. Aquí no se desconocen los resultados. Esa cultura democrática, mantenida durante más de un siglo —salvo interrupciones militares— es uno de nuestros activos más valiosos, quizá solo superado por la pasión nacional por el fútbol.
Este año se cumplen casi 110 años de la Ley Sáenz Peña. Fue fruto de un pacto entre conservadores y radicales, un acuerdo igualitario que impulsó conquistas fundamentales: educación gratuita, jubilaciones universales, salud pública y apertura a la inmigración. Esa visión sigue siendo una utopía: un horizonte al que los gobiernos aspiran, aunque la realidad fiscal siempre imponga límites.
Hoy persiste ese sueño: un país sin barreras, abierto al comercio, equilibrado fiscalmente. Argentina tiene recursos —naturales, productivos, humanos— que permiten imaginarlo. Pero siempre habrá restricciones. Esa tensión evita extremos y mantiene un marco mínimo de justicia social.
El gobierno actual rechaza parte de esa agenda y se sostiene en minoría. En elecciones recientes, los resultados han sido modestos, y donde triunfó lo hizo con apoyo reducido.
La idea de que un presidente necesita “dos años para aprender a gobernar” no es una regla. Gobernar se aprende gobernando, y exige algo más que gestión técnica: requiere política, construcción de consensos y liderazgo. Allí radica una de las debilidades actuales: exto original, cambiando estilo, estructura y palabras, pero conservando el mismo sentido central. Aquí va:
En una democracia, lo que determina el rumbo es la voluntad de las mayorías. No hay atajos: esa es la regla básica. Sin embargo, hoy vemos una tensión profunda que afecta a las democracias modernas: sus estructuras políticas tradicionales se han quedado atrás frente a sociedades más rápidas, conectadas e informadas. Es como si la sociedad viajara en ascensor mientras los gobiernos suben por escalera. Esa diferencia erosiona la capacidad de respuesta del sistema político.
Este desgaste provoca un fenómeno inquietante: sistemas creados para que las mayorías gobiernen terminan siendo controlados por alianzas de minorías. Incluso coaliciones de perdedores pueden armar gobiernos cuando el sistema lo permite. El caso de España es ilustrativo: aunque gane un partido, la dinámica parlamentaria puede darle el poder a otra combinación política.
Argentina funciona distinto. Nuestro presidencialismo, con rasgos semiparlamentarios y balotaje, ha producido presidentes como Macri, Kirchner y Milei, asegurando alternancia pacífica entre distintos proyectos de gobierno. Esa alternancia es esencial para la democracia. En Latinoamérica, pocos países pueden presumir de algo similar.
Pero el sistema tiene sus desafíos. En las últimas décadas, gobernar desde una minoría se ha convertido en regla. Kirchner llegó perdiendo, sostenido por acuerdos parlamentarios. Macri lo hizo con minoría en ambas cámaras. Alberto Fernández gobernó gracias a pactos internos del peronismo que excluyeron al interior. Milei llegó al poder por balotaje, sumando votantes de sectores derrotados en primera vuelta.
Gobernar en minoría implica aceptar derrotas y depender de alianzas. No es una falla, sino la condición propia de esa posición. Las derrotas no siempre son daños, sino parte natural de la política democrática. No se trata de falta de capacidad, sino de aceptar las reglas del juego.
Argentina, sin embargo, cuenta con una fortaleza histórica: un sistema electoral legítimo y respetado. Aquí no se desconocen los resultados. Esa cultura democrática, mantenida durante más de un siglo —salvo interrupciones militares— es uno de nuestros activos más valiosos, quizá solo superado por la pasión nacional por el fútbol.
Este año se cumplen casi 110 años de la Ley Sáenz Peña. Fue fruto de un pacto entre conservadores y radicales, un acuerdo igualitario que impulsó conquistas fundamentales: educación gratuita, jubilaciones universales, salud pública y apertura a la inmigración. Esa visión sigue siendo una utopía: un horizonte al que los gobiernos aspiran, aunque la realidad fiscal siempre imponga límites.
Hoy persiste ese sueño: un país sin barreras, abierto al comercio, equilibrado fiscalmente. Argentina tiene recursos —naturales, productivos, humanos— que permiten imaginarlo. Pero siempre habrá restricciones. Esa tensión evita extremos y mantiene un marco mínimo de justicia social.
El gobierno actual rechaza parte de esa agenda y se sostiene en minoría. En elecciones recientes, los resultados han sido modestos, y donde triunfó lo hizo con apoyo reducido.
La idea de que un presidente necesita “dos años para aprender a gobernar” no es una regla. Gobernar se aprende gobernando, y exige algo más que gestión técnica: requiere política, construcción de consensos y liderazgo. Allí radica una de las debilidades actuales: un desprecio por la política como oficio, reemplazado por decisiones sin construcción política, apoyadas en la generosidad del Congreso.
El futuro marcará si este camino es viable. La reciente reunión con Donald Trump y la apertura del apoyo internacional han tenido impacto: baja del dólar, reducción del riesgo país y mejoría en los bonos argentinos. Por ahora, esa ecuación se sostiene.
El futuro marcará si este camino es viable. La reciente reunión con Donald Trump y la apertura del apoyo internacional han tenido impacto: baja del dólar, reducción del riesgo país y mejoría en los bonos argentinos. Por ahora, esa ecuación se sostiene.
