El Tribunal Oral Federal de Rio Gallegos acaba de emitir sentencia en el caso judicial por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en aguas del Atlántico Sur el 15 de noviembre de 2017, falleciendo sus 44 tripulantes. Por dos votos contra uno se resolvió condenar a quien era el comandante de la Fuerza de Submarinos de entonces -capitán de navío Claudio Villamide-, por los delitos de incumplimiento de sus deberes como funcionario público y estrago culposo seguido de muerte, y absolver al resto de los enjuiciados, el comandante de operaciones almirante Luis López Mazzeo y dos oficiales del Comando de Submarinos, los capitanes Héctor Alonso y Hugo Correa. Los fundamentos se conocerán el 21 del mes próximo. Pero, sean cuales fueren, el fallo, lejos de dar respuestas y cerrar el trágico episodio, profundiza y agrava cuestiones centrales.
Más de 90 testigos a lo largo de cuatro meses de audiencias, que incluyeron decenas de oficiales superiores submarinistas, jefes de arsenales y mantenimiento y otras áreas de logística de la Armada, comandantes de flota y hasta jefes de Estado Mayor y testigos submarinistas expertos convocados en su momento por el Congreso de la Nación y el Ministerio de Defensa, dejaron afirmaciones claras: que el submarino estaba en condiciones seguras de navegar, que podía cumplir la misión asignada cuando zarpó, que ninguna de las reparaciones o ajustes pendientes lo ponían en riesgo ni mucho menos habían sido la causa de su trágico destino final, que al día de hoy se desconocía qué suceso había ocasionado la pérdida de control del submarino provocando su ida a pique y hundimiento y que siempre e inexorablemente el comandante de un buque es el máximo responsable de su alistamiento y quien tiene la última palabra para decidir si este está en condiciones de salir a navegar.
Si los navegantes del submarino no hubieran estado convencidos de las buenas condiciones de la nave, lisa y llanamente no habría zarpado
Si el equipamiento del submarino estaba en condiciones, su tripulación era experimentada, su comandante era riguroso en sus tareas y los oficiales en tierra cumplieron con los deberes reglamentarios con que se formaron en la Armada -todo según se mostró en el juicio oral y público-, cabe preguntarse por qué se condena al oficial superior directo del comandante del submarino, asignándose responsabilidad penal por un trágico suceso respecto del cual aún hoy, casi nueve años después, se desconoce cómo ni por qué ocurrió.
Quienes esgrimieron que los acusados buscaron descargar la responsabilidad por lo ocurrido en el comandante del San Juan y su tripulación, desconocen la tradición naval, los usos y costumbres del mar y los propios reglamentos que rigen la actividad náutica. Los encargados de mantener y reparar los automóviles o aviones que tomamos, no viajan luego en ellos. En cambio, quienes mantienen y reparan los submarinos que se hacen a la mar son sus propios tripulantes junto con su comandante. Por cruda lógica y sentido común, esto necesariamente implica que si los navegantes del submarino no hubieran estado convencidos de las buenas condiciones de la nave, lisa y llanamente no habría zarpado. No puede presumirse el suicidio o la temeridad colectiva.
A esto hay que sumar, además, que para que cualquier buque de la Armada argentina pueda salir a navegar, hay detrás un interminable entramado que incluye reparaciones y mantenimientos cruzados, órdenes, supervisiones y constataciones que involucran a un sinnúmero de hombres y mujeres y a decenas de dependencias especializadas. Que un buque salga a navegar es el resultado de una actividad colectiva y de orden público enmarcada en severísimas reglas y controles. No puede reducírselo a la voluntad arbitraria de unos pocos, como si se tratase de una navegación recreativa de fin de semana.
Que un buque salga a navegar es el resultado de una actividad colectiva y de orden público enmarcada en severísimas reglas y controles
La sentencia resulta injusta, pues pone en jaque el corazón del sistema de toma de decisiones en una fuerza militar, resintiendo el principio de confianza que gobierna toda cadena de comando, y que respalda el funcionamiento institucional de la Armada. Si ya no alcanza con confiar en la autonomía y palabra de un comandante, si los documentos que respaldan procedimientos se vuelven sospechosos al igual que los procedimientos mismos, si toda afirmación sobre el estado de un buque deberá ser revisada y supervisada nuevamente desde sus inicios por cada eslabón de la cadena de comando, nadie querrá ni podrá dar órdenes ejecutivas, sumiendo a la Armada en una parálisis funcional con impacto directo en sus capacidades para controlar el Mar Argentino, proteger sus recursos y defender la soberanía nacional.
Asistimos diariamente a los efectos perniciosas de la práctica vernácula de judicializar todo tema de agenda pública; ahora parece que también se judicializa -y eventualmente se castiga- el ejercicio regular de la cadena de comando de una fuerza militar de la Nación.
Como ya señalamos desde este espacio editorial, una condena sin la debida prueba no solo constituirá una nueva injusticia que se añada a la tragedia, sino que infringirá también un golpe destructivo a nuestras propias instituciones. Condenar a un prestigioso oficial que actuó de acuerdo a las prácticas navales en las que se formó, conducirá a que los que lleguen rehúyan de sus responsabilidades ante el riesgo de terminar siendo acusados penalmente, socavando los cimientos de la profesión naval.
Además, el fallo -que no fue unánime- desnuda con crudeza otra situación. ¿De qué sirve un juicio oral donde la prueba se exhibe públicamente, si luego puede prescindirse de ella y dar a luz resoluciones que pueden resultar más para agradar a cierta demanda social, sacrificando los estándares de juicios justos basados en evidencia y no en emociones? Un Estado de Derecho exige pruebas y no especulaciones.
Condenar a un prestigioso oficial que actuó de acuerdo a las prácticas navales en las que se formó, conducirá a que los que lleguen rehúyan de sus responsabilidades ante el riesgo de terminar siendo acusados penalmente
Ante una tragedia colectiva, frente a una sociedad que demanda culpables y no justicia, es deber de los jueces evitar la demagogia de contentarse con buscar chivos expiatorios. La búsqueda de la verdad debe preceder a la determinación de eventuales responsables, no al revés. Los fallos deben sostenerse en evidencias sólidas y no en emociones, mucho menos en pasiones, oportunismo o manipulaciones políticas e ideológicas como las que por años hemos visto primar en torno a esta tragedia.
Los jueces del juicio se han expedido de una manera sorpresiva. Queda a otras instancias del Poder Judicial revisar lo actuado y corregir una injusticia.
