Hay un misterio que nadie logra desentrañar: ¿por qué el presidente Milei sostiene a Manuel Adorni? No se conoce la respuesta, aunque todas las presunciones conducen a un oscuro laberinto en el que las sospechas se cruzan con el capricho. Sin embargo, quienes reparan en algo tan intangible pero esencial como la calidad institucional empiezan a formularse otra pregunta, que admite respuestas aparentemente contradictorias: ¿Milei tiene derecho a sostenerlo?
Desde el punto de vista jurídico, el Presidente cuenta, en sentido estricto, con la atribución de designar a su jefe de Gabinete y de sostenerlo en el cargo, por lo menos hasta que el Congreso vote una moción de censura o la Justicia ordene su detención. Pero hay una perspectiva que obligaría a revisar esa primera respuesta afirmativa. Hasta las atribuciones más claras y discrecionales exigen algo que en ciencias jurídicas y políticas se llama razonabilidad. Los derechos y las atribuciones nunca son absolutos. En los cursos introductorios de derecho lo explican de esta manera: un automovilista tiene derecho a cruzar si el semáforo está en verde, pero debe detenerse si justo pasa por delante un contingente escolar. Tiene derecho, sí, pero el sentido común y la realidad marcan un límite. No reconocerlo implica un ejercicio abusivo y arbitrario de la potestad que uno tenga.
No ha podido justificar su incremento patrimonial, ha mentido ante el Congreso y ante la sociedad, ha ocultado bienes en sus declaraciones juradas, ha confesado el delito de evasión
Los hechos alrededor de Adorni son tan burdos como conocidos: no ha podido justificar su incremento patrimonial, ha mentido ante el Congreso y ante la sociedad, ha ocultado bienes en sus declaraciones juradas, ha confesado el delito de evasión y se ha enredado en una confusa telaraña de versiones con las que, lejos de aclarar las cosas, convirtió las sospechas en certezas.
Desde el punto de vista de la ética republicana, ¿es admisible mantener en un cargo de semejante responsabilidad a alguien que confiesa haber eludido obligaciones ante el Estado y que ha admitido la falsedad de sus propias afirmaciones ante el Congreso de la Nación? ¿No se necesitan credibilidad, decencia e idoneidad para ejercer como jefe de Gabinete? Y si vamos al terreno de la acción concreta: ¿puede administrar el presupuesto nacional alguien que ni siquiera pudo gestionar su declaración jurada?
Milei ha decidido ignorar las evidencias, contradecir a sus aliados y desatender, incluso, las sugerencias y los consejos de sus propios asesores. También ha optado por descalificar las pruebas y testimonios que se acumulan en la Justicia, sin registrar –tampoco– el impacto que el caso ha tenido en la ciudadanía.
Si el asunto se mira bajo la óptica de la praxis política, la decisión presidencial parece exceder la dimensión del riesgo para ingresar en el terreno de la temeridad.
Un jefe de Estado puede aferrarse a una idea, a una política o a una hipótesis, aun a contrapelo de la opinión generalizada. En algunos casos, esa firmeza puede ser un valor y definir la calidad de un liderazgo. Cuando se abraza obstinadamente un error, la firmeza empieza a ser un capricho. Se transgrede la delgada línea que separa la convicción de la tozudez, al extremo –incluso– de autoinfligirse un daño. Se exhibe un rasgo de dogmatismo y hasta de aislamiento que conspira contra la plasticidad y la intuición que exige el liderazgo político.
El mismo Estado que revisa con lupa las declaraciones patrimoniales de los ciudadanos consiente groseros ocultamientos en las declaraciones de sus funcionarios
¿Qué dice el episodio Adorni sobre la forma en que Milei concibe y ejerce el poder? Parece confirmar, por un lado, la idea de que la lealtad está por encima de la integridad y de la idoneidad. Pero, además, revela una escala ética: a la verdad y a la coherencia se les asigna un valor por lo menos secundario. El mismo Estado que revisa con lupa las declaraciones patrimoniales de los ciudadanos consiente groseros ocultamientos en las declaraciones de sus funcionarios.
Esta ostentación de doble vara ya tiene varios antecedentes. Milei, que se ha mostrado inflexible para juzgar a otros, ha sido blando y contemplativo con “los propios”: abrazó a José Luis Espert cuando se conocieron sus vínculos con un operador narco; defendió y ascendió al titular de ARCA, Andrés Vázquez, que está denunciado por evasión tributaria y simboliza, así, el colmo del recaudador de impuestos. También se embanderó con la postulación a la Corte del juez Ariel Lijo, cuestionado desde todo el arco republicano por razones éticas. “El que las hace las paga” ha quedado como una frase hueca. “La moral como política de Estado”, casi como una referencia irónica.
El “caso Adorni” muestra también la tendencia a subordinar la gestión de gobierno a las necesidades personales de un funcionario. Adorni hoy ha perdido autoridad y capacidad de iniciativa. Se ha convertido en una carga para el gabinete que debería coordinar. Genera incomodidad interna, complica las relaciones con el Congreso y obstaculiza la propia marcha de la administración del Estado, además de provocar una erosión en la base de sustentación del Gobierno. ¿Qué responde Milei? “No me importa”. ¿No le importa cuidar su capital electoral ni defender a su propio gobierno?
Aparece ahí otra cuestión de fondo: no se imponen las circunstancias políticas, las demandas ciudadanas ni el compromiso ético sino la pura voluntad del Presidente: “Lo sostengo porque quiero”. El empecinamiento revela, entonces, una manera de entender el poder: no como una responsabilidad delegada por la ciudadanía, sino como un atributo propio, irrestricto, casi patrimonial.
Desde hace tres meses, las revelaciones han sido abrumadoras. Pero las propias palabras de Adorni lo han dejado expuesto. De “no he ocultado absolutamente nada” a “cometí el error de ocultar medio millón de dólares”. El Presidente, sin embargo, prefiere construir su propia versión, desconectada de los hechos: “Es inocente porque yo lo digo”. Asoma entonces otro rasgo: la inclinación a crear una realidad paralela casi por decreto. “Las cosas no son como son, sino como yo digo que son”. Es una señal política, pero también económica. Muchos inversores no miran el caso Adorni porque les interesen la cascada, los préstamos de las jubiladas o los pormenores vecinales de Indio Cua: lo miran como un test sobre el liderazgo, los mecanismos de decisión y los valores que pone en juego el poder. Miran con escepticismo el exótico experimento que desafía los manuales de la política: no se sacrifica a un ministro para proteger al Presidente; se expone al Presidente para salvar a un ministro.
Hay hechos políticos e institucionales que exceden su estricta dimensión. El de Adorni es uno de ellos. Si se lo mira bajo el prisma de la megacorrupción que ha sufrido la Argentina, parece casi una anécdota. El problema, sin embargo, es que sigue ahí. Eso es lo que descoloca a una ciudadanía que ya no se sorprende con facilidad, pero que al menos espera que, cuando las cosas quedan en evidencia, se paguen las consecuencias.
El señor Adorni les debe explicaciones a la ciudadanía y a la Justicia, no solo a su jefe; el Estado no es una empresa y los ministros no son meros gerentes
Acá lo que se pone en tela de juicio es el vínculo del Gobierno con la sociedad. Cuando Milei dice “Manuel me explicó sus números y está todo en orden”, la que queda expuesta es una confusión de fondo: el señor Adorni les debe explicaciones a la ciudadanía y a la Justicia, no solo a su jefe. El Estado no es una empresa y los ministros no son meros gerentes. En un sistema republicano, los funcionarios ejercen una responsabilidad institucional y representan a un Poder del Estado, no a la voluntad personal del Presidente.
Lo que está en juego, además, es si el Gobierno reconoce algún umbral de exigencia que no sea el Código Penal. ¿Alcanza para ser jefe de Gabinete el hecho de no haber sido condenado todavía por un delito? ¿Es suficiente la presunción de inocencia o se necesita una certeza de honradez e integridad? No son interrogantes jurídicos sino de ética republicana.
Para la política y la sociedad, Adorni es cosa juzgada. Lo que importa, hacia adelante, no es él sino Milei: ¿tendrá la sensibilidad de interpretar una demanda ciudadana que aspira a que la ejemplaridad y la función pública no sean nociones contrapuestas?; ¿será capaz de poner la responsabilidad institucional por encima de la voluntad personal?; ¿tendrá disposición a escuchar y revisar sus propias decisiones? Hoy, buena parte de la sociedad, pero también de los mercados, se formula estas preguntas.
La baja del riesgo país genera expectativas. El retroceso inflacionario trae alivio generalizado. La compra de reservas y la calma del dólar trazan un horizonte de estabilidad. Es cierto que la actividad no repunta y que el cierre de empresas no se ha detenido, pero las proyecciones económicas de mediano plazo parecen alentadoras. Adorni, sin embargo, funciona como una plomada que hunde el ánimo social y nubla el optimismo de los inversores. Funciona –según la aguda observación de una intelectual del periodismo– como “una basurita en el ojo”. Tal vez sea un problema menor, pero genera una molestia permanente y hasta puede provocar una grave infección. Cuanto más tiempo siga ahí, mayor será la irritación.
