Los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela el 24 del mes pasado provocaron un número de muertos que ya supera los 2200, con más de 11.000 heridos y 22.000 bajo atención médica. Familiares que se desplazan para identificar a sus seres queridos denuncian cobros irregulares por darles sepultura entre cientos de ataúdes apilados en el puerto de La Guaira y con los hornos del único cementerio público al máximo, con más de 60 entierros diarios. En tanto, un informe preliminar de la Organización de Naciones Unidas (ONU), estimaba el número de desaparecidos por encima de los 50.000, cifra que, lamentablemente, solo tiende a aumentar.
Catorce son los refugios habilitados en la zona cero y otros 55 en Caracas albergan a casi 16.000 personas que debieron dejar sus hogares. Con ayuda de las redes y la difusión de fotos en los refugios, muchos buscan a sus familiares y a más de mil mascotas perdidas. Las esperanzas de seguir encontrando sobrevivientes bajo los escombros se reducen y ante un olor nauseabundo que comienza a extenderse se advierte sobre la necesidad de mayores prevenciones sanitarias. La catástrofe involucra a más 7 millones de personas, con servicios básicos paralizados, comunicaciones interrumpidas y 855 edificios afectados, con 189 en colapso total, y más de 2500 infraestructuras con algún tipo de daño.
La Venezuela que los sismos y las reiteradas réplicas encontraron no es la misma de hace casi 30 años. Su fragilidad quedó expuesta con una crueldad implacable: edificios que no resistieron porque no estaban en condiciones de hacerlo, equipos de emergencia deteriorados y hospitales sin recursos para responder a la magnitud del desastre. La ayuda de la gente llegó antes que la del Estado, en una situación de caos que impedía incluso el paso de ambulancias por cuyos servicios muchos debieron pagar, al igual que por la atención en hospitales, colapsados, carentes de insumos y poco operativos ya desde antes de la tragedia.
Los daños materiales iniciales son masivos. Una evaluación satelital rápida del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) calculó preliminarmente en 6700 millones de dólares las pérdidas económicas en viviendas, comercios, edificios públicos y vehículos destruidos por los movimientos telúricos.
El régimen chavista, en sus casi tres décadas de gobierno, se caracterizó por poner en jaque a las instituciones democráticas, concentrando un poder absoluto que persigue y encarcela a políticos opositores, violando los derechos humanos y silenciando disensos mediante el cierre de medios independientes, entre muchas otras violaciones a los principios republicanos.
Sin servicios públicos básicos como agua y energía, con los canales de telecomunicaciones colapsados, y las vías principales cerradas debido a las afectaciones que han tenido, las cadenas humanitarias se han vuelto indispensables para encontrar a desaparecidos o para llevar cualquier tipo de ayuda. En un país tan militarizado se ven pocos uniformados colaborando y varios son acusados de bloquear y robar la asistencia. En los primeros momentos, quienes más cavaron con sus manos fueron principalmente los vecinos.
Están a la vista las consecuencias de años de dictadura chavista. El Estado no tiene capacidad de realizar las tareas de rescate necesarias ni de atender a las víctimas. Venezuela depende, casi por completo, de la ayuda internacional. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que 24 países de la comunidad internacional han enviado ayuda directa para atender la emergencia. Miles de rescatistas se han desplazado para colaborar en las búsqueda, expertos en desastres naturales han llegado a Venezuela con 73,2 toneladas métricas de insumos, herramientas especializadas y un equipo de 33 caninos entrenados, fundamentales para sortear escombros y localizar sobrevivientes bajo estructuras colapsadas. Solo Unicef ya envió 47 toneladas de suministros de emergencia para unos 680.000 niños que requieren ayuda humanitaria. El masivo despliegue de rescatistas, bomberos, militares y personal médico se concentra principalmente en el estado La Guaira, declarado zona de desastre y militarizado por el gobierno.
El gobierno del presidente Milei envió ya cuatro aviones con brigadistas especializados, médicos, perros de rescate, equipamiento de emergencia, alimentos y medicamentos para colaborar con las tareas de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria.
La solidaridad que cruza fronteras es hoy tan urgente como en breve lo serán los planes de prevención, estudios técnicos y ayuda financiera que contribuyan a la reconstrucción de un país que ya operaba al límite antes de esta tremenda catástrofe natural.
