El Padre Christian von Wernich, sacerdote católico de 89 años, es el preso de mayor edad en cárceles del Servicio Penitenciario Federal. Condenado como partícipe en crímenes de lesa humanidad, lleva detenido más de 23 años y ha solicitado al Tribunal Oral Federal 1 de La Plata su traslado del penal de Campo de Mayo, donde está alojado, a la Cárcel de Devoto para poder estar junto al resto de los allí detenidos durante la visita que el Papa León XIV efectuará hoy a ese establecimiento carcelario. Su pedido fue cruel e ilegalmente denegado. Los fundamentos de la arbitraria decisión del tribunal presentan una vez más la vergonzosa asimetría con que la Justicia Federal juzga a los imputados de esos delitos en comparación con el resto de los ciudadanos, exhibiendo una inequidad aún mayor cuando se comparan sus decisiones y las de la política con el tratamiento dado a los exmiembros de las bandas guerrilleras -que incluyeron sacerdotes que han sido amnistiados e indultados-, incluso luego de haber participado activamente de actos de violencia terrorista, tanto en períodos de gobiernos de facto como democráticos.
El juez Claudio Silvestri expresó que acceder a esa solicitud representaría una “flexibilización injustificada” en la ejecución de una condena de extrema gravedad. Su decisión ignora los derechos y garantías que el Estado argentino se ha comprometido a respetar para con los adultos mayores, a través de una convención internacional de la cual nuestro país ha sido impulsor y que cuenta con jerarquía constitucional.
Von Wernich hace años que debió haber accedido a los beneficios que ese tratado y los que la ley de ejecución penal y los códigos Penal y Procesal Penal de la Nación le otorgan a todos los penados ancianos: detención domiciliaria, salidas transitorias y libertad condicional. Esos beneficios han sido concedidos a expolíticos condenados por corrupción y, más recientemente, a Walter Bento, exjuez federal de Mendoza, condenado a 18 años de prisión, inhabilitación perpetua y una multa millonaria por liderar una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, quien obtuvo una autorización judicial extraordinaria para salir de la cárcel para pasar los fines de semana en su domicilio.
Los “derechos y la memoria” de las víctimas, invocados por la decisión judicial, en modo alguno pueden verse afectados por el traslado de un hombre anciano y enfermo de una cárcel a otra con la intención de ver por única y seguramente última vez al heredero del trono de Pedro, la Iglesia a la cual le consagró su vida. El verdadero temor que esconde la resolución es a la exhibición pública en una cárcel de un hombre de 89 años, que padece graves problemas de salud, sometido inhumanamente a detención en un establecimiento que no puede garantizarle ni su salud ni su vida en caso de una urgencia, por delitos cometidos hace 50 años. Con ello queda evidenciada, una vez más, la doble vara con que la Justicia Federal y la política han tratado a unos y a otros.
Decisiones como esta muestran una carencia aún mayor que alcanza a la dirigencia argentina: la falta de coraje para animarse generosamente al perdón, sanador y necesario. El “Dios, fuente de toda razón y justicia”, al que se consagra nuestra Constitución desde el Preámbulo. El que colocó a la misericordia como corona de la Justicia, dones reservados solo para los que se atreven, resueltamente, a alcanzar la paz.
