María Servini y Ariel Lijo componen uno de los numerosos casos de ensamble en la gran familia judicial. Este injerto entre árboles genealógicos es bien representado por el empleo de Ramiro, nieto de Servini, en el despacho de Lijo. Y por el de Santiago, uno de los hijos del juez, en el de la magistrada. Apodada “Chuchi”, su hijo Juan Carlos es funcionario en el Consejo de la Magistratura y su hermano, Eduardo, fiscal de instrucción. Roberto Mangano cuida a su jefa, Servini, absorbiendo las tareas más pesadas. En apariencias por pedido de Lijo.
Mangano es secretario de la jueza. Su hija, la fiscal federal Alejandra Mangano, prolonga ese nuevo linaje con su esposo, Tomás Rodríguez Ponte. Secretario de Lijo y con pasado al frente de la Dajudeco, la oficina de la Corte que interviene teléfonos por orden judicial. Quienes se regodean con desacreditar el profesionalismo de la Justicia, bromean preguntándose si las escuchas a cargo de Rodríguez Ponte circulaban después en algún grupo de chat compartido por esta singular parentela, a la que perteneció Federico Villena hasta que Servini y Lijo lo expulsaron, acusándolo de comportarse como un hijo descarriado. Tal vez se haya tratado solo del mismo exceso de confianza que signó la carrera del titular del Juzgado N° 1 de Lomas de Zamora. Los veinte años de amistad con “Chuchi” se interrumpieron porque Villena osó oponerse a lo que parece inminente, la designación de Álvarez Ponte en el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, subrogado por Villena hasta que quedó involucrado en la causa por presunto espionaje ilegal a periodistas y políticos en el gobierno de Mauricio Macri.
Servini denunció a Villena por supuesto acoso ante la insistencia telefónica del juez para saber si, como sospecha, “Chuchi” le augura un futuro poco venturoso en conversaciones con un viejo amigo, Jaime Stiuso, y otro nuevo: Facundo Nejamkis. Los juzgados federales de Lomas de Zamora siguen en orden de importancia a los de Comodoro Py. Particularmente porque su jurisdicción coincide con la de la Tercera Sección Electoral, pero sobre todo porque esas dos dimensiones contienen al partido de Ezeiza. Y, en especial, el área de cargas de esa terminal. Sujeto de todo tipo de fantasías, pero particularmente las ligadas a la actividad del contrabando.
Solo la fortuna pudo haber querido que la denuncia de Servini recaiga en Lijo. La jueza pide establecer la conexidad con la causa de espionaje ilegal contra Villena que mantiene abierta Marcelo Martínez de Giorgi, a quien se le atribuyen vínculos antiguos y profundos con Stiuso. El tipo de patrañas que estima preciso regular Carlos “Coco” Mahiques, profeta reciente de la probidad de los jueces. Solo la mala fe puede llevar a opositores del gobierno a imaginar el interés de Stiuso por el área de cargas en Ezeiza.
Villena hizo saber que resistirá la embestida de Cubría y su prole. A quien se habría incorporado Nicolás Mateo. Un próspero escribano de Lomas de Zamora sindicado como constructor de Las Lomitas Street, un complejo gastronómico y edilicio que tiene a Guillermo Cóppola como su relacionista público. Las Lomitas se ubica en el centro de la ciudad. Igual que el estudio de Mateo. Donde funcionaría una financiera a la que confía sus ahorros el poder político a cambio de suculentas tasas de interés. Una falsedad, seguramente. Lo que parece cierto es que Villena no logrará de Cubría el gesto que tuvo con Gastón Salmain.
Es inminente la apertura del juicio político al juez federal de Rosario en el Consejo de la Magistratura. Contra Salmain pesan dos cargos. Uno por cobrar 200 mil dólares a cambio de obligar al Banco Central a vender diez millones de dólares en pleno cepo al fondo de inversión Attila para cubrir un crédito inexistente. Servini se declaró incompetente y envió a la Cámara Federal de Rosario la denuncia que le efectuó el titular de Attila, Fernando Whpei. Colaborador arrepentido en la megacausa que investiga la organización formada en Rosario por narcos, jueces y funcionarios de ARCA que extorsionaba empresarios.
Hay quienes suponen que se trató de un reconocimiento de la jueza a la lealtad inquebrantable de Salmain. Culpado también por omitir cuando concursó como juez que había sido despedido de Tribunales por filtrar información sensible a un estudio jurídico para el que trabajaba. ¿Ese bufete era el de Juan Servini, el hermano de María? Canalladas que circulan con otro rumor malicioso que alude a la custodia de la policía bonaerense que tendría la pareja de la jueza en su domicilio de Longchamps.
De ser cierto, daría envidia a sus vecinos en esa localidad en Almirante Brown que gobierna el intendente Mariano Cascallares. Aliado de Axel Kicillof como el de Morón, Lucas Ghi. Puesto en apuros por su directora de Género, Luna Ortigoza. Prófuga de la Justicia y acusada por el delito de narcotráfico. Ghi se hizo representar por su secretario de Seguridad, Damián Cardozo, en la interpelación pedida por el Concejo Deliberante. Su hermano, Fabián Cardozo, es miembro de la Cámara de Garantías en Morón. Los dos fueron parte del gobierno de Juan Carlos Rousselot. Si no fuese por Ortigoza, sería una gran ocasión para desmentir presuntos prejuicios ideológicos que se le achacan al gobernador. Cristina imagina una elección con el electorado dividido en cuartos en 2027. Esa hipótesis contempla que los libertarios y Pro compitan con listas separadas y otras dos del peronismo y la izquierda. ¿Podría haber una quinta parte? Es lo que sugieren quienes aseguran que Kicillof preferiría ir a elecciones así antes del calvario de peregrinar hasta San José 1111 y pactar un acuerdo con Cristina. Si fuese así, convalidaría el plan que una parte de su entorno le atribuye a La Cámpora que no sea presidente. En el informe de mayo de Latam Pulse, solo un punto separa a la imagen de Cristina (39%) de la de Kicillof (40%). La diferencia es que la prisión le impide a Cristina ser candidata. ¿Le serviría al gobernador dividir votos del evidente electorado que comparten?
Esas fronteras difusas cobran importancia en la causa donde Franco Piccardi investiga al denominado rulo financiero. Quienes se precian de tratar con el fiscal creen que tras investigar a las agencias de cambio, hará lo mismo con los bancos. Los señalados por esa versión son Su Crédito, Más Ventas, BST y el Banco de Valores de Juan Nápoli, candidato de Javier Milei a senador por la Capital y viejo amigo de Sergio Massa. Tal vez uno de los nudos que le permita desatar a Piccardi el tejido de esta trama.
La Justicia confirmó la validez de los peritos de la Corte para demostrar que no es la firma de Agustín Herrera la que figura en las operaciones que hicieron circular 53 millones de dólares abiertas a su nombre en el BST. Su defensor, Carlos Pouzá, acaba de denunciar al banco por presunto lavado de activos en la demanda en la que exige un resarcimiento económico para su defendido. De profesión changarín en la periferia de Rosario, Herrera jamás pisó la sede del BST.
Casi como un sarcástico homenaje a las ruinas circulares de Borges, la Cámara Federal de esa ciudad resolvió el lunes que a partir del 8 de junio Salmain subrogue el Juzgado Federal de Rafaela. La de Aníbal Pineda es una de las firmas que acompañan esa resolución. Pineda quedó envuelto con Salmain en la controversia por un fallo que derivó en el cierre de la tabacalera For Men. Rotulado el Señor del Tabaco, la sombra de Pablo Otero sobrevuela los depósitos de carga en Ezeiza. La Justicia está lejos de ser divina.
