MADRID.– En poco tiempo se ha alcanzado un gran consenso sobre la necesidad de establecer mecanismos que impidan el acceso de los menores a los contenidos pornográficos. Para muchos niños, su primer conocimiento de la sexualidad es a través de la pornografía, y el hecho de que el contacto inicial sea cada vez a edades más tempranas y que los contenidos sean cada vez más violentos condiciona negativamente su desarrollo afectivo y sexual. La necesidad de protegerles contra este consumo, del que ellos van a ser las primeras víctimas, ha llevado a diferentes países a plantearse cómo impedir el acceso. Las propuestas evidencian que todo lo que sea poner puertas al campo de internet no solo plantea aspectos de libertad individual, sino que también resulta técnicamente muy complejo.
El problema es cómo hacerlo atendiendo a la vez a dos bienes jurídicos igualmente importantes: la protección de los menores y el derecho a la intimidad de los consumidores de pornografía. En enero, el gobierno de España aprobó un plan que, entre otras medidas, contemplaba el diseño de un dispositivo digital que certifique la edad de los usuarios que acceden a contenidos pornográficos, de manera que se pueda excluir a los menores. El Ministerio de Transformación Digital acaba de presentar el primer esbozo de la aplicación, desarrollada entre varias instituciones estatales. Es una primera aproximación en la que debe valorarse sobre todo el intento de adelantarse con una propuesta técnica pionera para un problema que deberá resolverse antes de octubre de 2027, cuando entre en vigor la normativa de la UE que obligará a que todos los europeos tengan una identificación digital.
La aplicación española forma parte de un sistema de identificación más amplio, la Cartera Digital Beta, encargada de generar y gestionar diversos certificados digitales y documentos identificativos. Entre las certificaciones que emitirá figuran unas tarjetas de edad que son las que se exigirán para acceder a las plataformas y webs de contenido pornográfico.
El sistema es complejo. Si se logra que las plataformas radicadas en España colaboren, es evidente que tendrá un impacto positivo en el acceso y también en la reducción del tráfico de vídeos entre menores. Habrá que esperar a probar con garantías su aplicación para observar las carencias del sistema y ver cómo corregirlas.
LA NACION