WASHINGTON.- En el cierre de la inédita convención de mitad de mandato del Partido Republicano en Dallas, el mes pasado, Donald Trump les tomó un sugestivo juramento a miles de sus simpatizantes, quienes con su mano derecha levantada repitieron con fervor cada una de sus frases.
“Le prometo al mejor presidente en la historia de Estados Unidos […] que saldré a votar con mi familia y mis amigos. Lo haré de cualquier forma. No me importa si estoy registrado o no. Intentaré hacer trampa a más no poder, como lo hacen ellos”, recitó Trump -y la multitud a coro-, en alusión a sus innumerables denuncias sin pruebas de un presunto fraude electoral demócrata que lo llevó a su derrota ante Joe Biden en 2020.
Sin embargo, ante las diversas medidas que ha tomado este año la administración republicana para intentar influir en el proceso electoral y las propias advertencias de Trump –condicionó la aceptación de los resultados a que sean comicios “honestos”– son los propios demócratas y funcionarios electorales locales en todo Estados Unidos los que están con la guardia alta ante el temor de una posible intervención federal en el “Día D”, el próximo martes, y los que sigan en adelante.
Solo en los últimos días, funcionarios de la administración Trump presentaron una demanda para intentar bloquear la certificación de una contienda al Senado en Alaska, se abrió una investigación penal para demostrar que miles de personas que no son ciudadanas estadounidenses figuran en el censo electoral de California, y hasta creció la presión de activistas del movimiento MAGA para que el presidente recurra a medidas extraordinarias —incluida la ley marcial— si consideraran que las elecciones de mitad de mandato fueran “amañadas”.
“Es la primera vez que nos vemos obligados a planificar ante diversos escenarios para protegernos de una posible interferencia federal en las elecciones”, señaló Shenna Bellows, secretaria de Estado de Maine y exsenadora demócrata. “Parece que, actualmente, el gobierno federal actúa como un adversario de los estados”, agregó.
En los días previos a la elección, en los que el presidente multiplicó sus participaciones en actos de campaña, la administración republicana puso el foco en varios estados cuyos resultados serán decisivos para determinar la conformación del nuevo Congreso, mientras los demócratas se ilusionan con arrebatarles a los republicanos el control de ambas cámaras.
Incluso Trump usó su red Truth Social el lunes para advertir que el gobierno estaba “vigilando de cerca” la posible existencia de fraude electoral en la contienda por el Senado en Minnesota, en la que se enfrentan la republicana Michele Tafoya y la vicegobernadora y candidata demócrata Peggy Flanagan, favorita según las encuestas.
“No permitan que manipulen los votos una vez terminada la contienda. El gobierno federal estará vigilando de cerca. La única forma en que Tafoya puede perder es si hacen trampa manipulando las boletas a medida que llegan”, señaló el presidente, una de sus tantas advertencias en campaña con las que ha buscado sembrar dudas sobre la seguridad del sistema electoral.
La reacción demócrata fue inmediata. La senadora Tina Smith (Minnesota) acusó a Trump de “sentar las bases, de manera descarada, para robar una elección”.
Trump, quien aún no reconoce su derrota en las elecciones de 2020 al afirmar que “fueron robados”, también anunció esta semana -sin ofrecer más detalles- una recompensa de un millón de dólares a cualquier persona que aporte datos sobre casos de fraude en las elecciones pasadas o futuras.
De acuerdo a un relevamiento del instituto no partidista Brennan Center for Justice, por lo menos 34 decisiones de tribunales federales de distrito detuvieron temporalmente o bloquearon de forma permanente los intentos de la administración de interferir en las elecciones.
El lunes, por ejemplo, un tribunal federal de apelaciones impidió que el Departamento de Justicia obligara a los funcionarios electorales de California a apartar 20.000 papeletas que, según la administración, provenían de votantes que no son ciudadanos estadounidenses. Y en el estado de Washington, solicitó la revisión de una lista de más de 400 votantes registrados.
Esas acciones son solo algunas de las que ha impulsado el gobierno republicano para revisar a las personas inscriptas en los censos electorales de cara a los comicios de medio término, lo que desató críticas de autoridades estatales.
“Simplemente están lanzando todo esto con el fin de desalentar a la gente a creer en el sistema, de disuadirla de participar”, advirtió a la cadena CNN el exfiscal general Eric Holder.
En Estados Unidos, los estados tienen una amplia autoridad sobre la administración de los procesos electorales, y las últimas medidas de los tribunales han buscado reforzar esa facultad.
Trump también tiene entre ceja y ceja a las máquinas de votación -las llegó a calificar de “desastre total y absoluto”- en el marco de su amplio planteo de dudas sobre la seguridad del proceso electoral. Incluso desde el año pasado algunos de sus aliados lo instaron a prohibirlas por el recuento manual, algo que los expertos electorales desaconsejan.
Pese a su recurrentes denuncias, los fantasmas que agita Trump lejos están de ser avalados por la mayoría de los estadounidenses, que confía en que las elecciones de mitad de mandato se desarrollarán de manera justa.
Sin embargo, siete de cada diez no creen que el presidente vaya a aceptar los resultados en caso de una derrota de los republicanos, según una reciente encuesta realizada por The Washington Post, ABC News e Ipsos. “Las dudas se extienden incluso dentro del propio partido de Trump. El 36% de los republicanos afirma no tener confianza en que aceptará una derrota”, indicó el estudio.
“Si los negacionistas electorales de la administración Trump intentan emplear tácticas similares o nuevas, estaremos listos para contraatacar y garantizar que los resultados se certifiquen conforme a la voluntad de los votantes”, afirmó a The Hill Rachel Jacobs, socia principal de Elias Law Group, una firma de servicios legales vinculada al Partido Demócrata.
Según publicó The New York Times en base aun trabajo en varios estados, autoridades de todo el país se preparan ante “la posibilidad de una mayor intervención federal, indeseada y potencialmente antidemocrática”, aunque “no tienen certeza alguna sobre qué medidas, si es que llega a haberlas, podría adoptar la administración Trump”.
En tanto, ante otro de los temores de dirigentes demócratas, autoridades electorales en distintos estados y hasta de votantes y ONG, funcionarios federales descartaron por otra parte la posibilidad de que se envíen agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) o militares a los centros de votación.
