Un grupo integrado por 34 países europeos, más Australia y Costa Rica, decidió la creación de un tribunal especial para juzgar a Vladimir Putin y a la cúpula rusa por los crímenes cometidos en ocasión de la invasión a Ucrania. La propuesta había sido impulsada por el presidente ucraniano Volodimir Zelensky apenas comenzada la invasión, el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, Kiev viene insistiendo ante Europa y los organismos internacionales para establecer un mecanismo judicial que permita responsabilizar directamente al Kremlin por la ofensiva militar.
Después de más de cuatro años de invasión, destrucción de ciudades con ataques sistemáticos a infraestructura civil, deportación de menores de edad, torturas, desapariciones, violencia psicológica, aislamientos de miles de soldados y civiles en centros de detención en Rusia y en la Ucrania ocupada, casi 1,8 millones de bajas militares, más de 15.000 civiles muertos, al menos 40.600 heridos en territorio ucraniano, con cerca de 6 millones de refugiados en el extranjero, la comunidad internacional tiene la obligación de responder con derecho, no solo con sanciones.
El argumento es simple: el crimen de agresión es el “crimen supremo”, como lo definieron los jueces de Núremberg en 1946. Sin agresión no hay invasión ni crímenes de guerra ni crímenes contra la humanidad. La Corte Penal Internacional puede juzgar atrocidades específicas, pero no tiene jurisdicción plena sobre el crimen de agresión cuando involucra a un Estado no signatario del Estatuto de Roma. Por eso se requiere un tribunal ad hoc, con mandato claro y respaldo multilateral.
La comparación con Núremberg no es retórica. En 1945, los aliados crearon un tribunal para juzgar a la dirigencia nazi por planificar y ejecutar una guerra de agresión. El mensaje fue que ningún cargo político, por alto que fuera, exime de responsabilidad penal individual. Ese precedente rompió la idea de que los jefes de Estado actúan en una zona de impunidad. Hoy, aplicarlo a Ucrania es coherente con ese mismo principio.
Un proceso con acusación fundada, defensa efectiva y garantías procesales, separa la política de la justicia penal. No se trata de venganza, sino de establecer responsabilidades por decisiones que costaron decenas de miles de vidas. La experiencia de Núremberg y de los tribunales para Yugoslavia y Ruanda mostraron que el derecho penal internacional, aunque lento, sienta precedente histórico y debilita la narrativa del agresor.
La humanidad asiste, impotente, a devastadores espectáculos con guerras que no persiguen la paz, sino la aniquilación del otro. El conflicto en Ucrania, a más de cuatro años de su inicio, sigue concentrando la atención del mundo mientras avanza con una crueldad que convierte cualquier intento de negociación en un espejismo. Rusia ha optado por la vía del exterminio y del sometimiento, y en ese camino arrastra a pueblos enteros hacia la muerte y la desesperanza. Dar por sentado que se puedan correr las fronteras con el uso de la fuerza es un peligrosísimo precedente que muchos autócratas del mundo podrían copiar si no se frena ahora la ambición imperial de Putin.
La creación del Tribunal especial sobre el crimen de agresión contra Ucrania es un paso imprescindible. La comunidad internacional debe respaldar el principio básico de que iniciar una guerra de agresión no puede quedar impune. Solo así el derecho internacional deja de ser una declaración de intenciones y cumple su función de imponer límite al uso de la fuerza.
