Uno de los debates recurrentes y muchas veces simplistas se desarrollan en torno de los sueldos que cobran los funcionarios públicos, generalmente cuestionados como si fueran un verdadero privilegio e injustos.
En esta oportunidad el ruido alrededor de este tema se produjo a partir del anuncio de que 1000 funcionarios del gobierno de Javier Milei percibirán sueldos de hasta $8.019.838 brutos tras un aumento acumulado del 123,8% en cinco meses.
El incremento alcanza a ministros, secretarios, subsecretarios y autoridades de organismos del Estado, y se aplica tras el descongelamiento salarial que prevé aumentos escalonados entre diciembre y mayo, que a su vez impactarán en los haberes que se abonan en el presente mes.
La cuestión puede abordarse desde la crítica fácil, oportunista y hasta demagógica, pero también pueden introducirse razonamientos que tengan en cuenta otras variables. Evidente resulta que las personas que ocupan ciertos cargos jerárquicos y con gran responsabilidad deberían estar bien pagos. Sería esto lo más normal no solo para retribuir su labor de forma competitiva respecto del ámbito privado, sino también como forma de asegurar un desempeño con absoluto compromiso, entrega y honestidad.
El escenario se puede ver más claro cuando hablamos de cargos políticos dentro del sistema representativo y democrático, porque quienes ocupan circunstancialmente esos puestos deben tener un ingreso acorde, dado que, si no fuera así, esos cargos solo podrían ser ocupados por gente de buen pasar económico que en los ratos libres optara por ocuparse de la cosa pública.
Pagar buenos salarios a los funcionarios es una política que contribuye a captar a los más capaces
De lo que se trata es de buscar un equilibrio entre la gestión y el ingreso, para que los más capaces en su área tengan al Estado como referencia a la hora de asumir un puesto.
Sin duda, hay muchísimo por hacer en términos de eficiencia en la administración pública, empezando por desprenderse de gente que carece de la mínima idoneidad o que cobra una remuneración sin asistir a su lugar de trabajo ni cumplir tarea alguna. Por el contrario, achicar el Estado tomando como variable de ajuste los sueldos del sector público podría verse como una tendencia suicida, ya que, con esa selección, terminarían yéndose al sector privado los mejores recursos humanos disponibles.
Pagar buenos salarios a los funcionarios es una política que contribuye a captar a los más capaces para la función pública, además de ser un dique de contención para la corrupción y también para evitar las especulaciones con eventuales e ilegales sobresueldos.
Una de las personalidades que en las últimas horas defendió públicamente la política de incrementos salariales para los funcionarios fue Martín Rossi, profesor de la Universidad de San Andrés y exintegrante del equipo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, al afirmar que “pagarle mejor a los funcionarios no es un privilegio, es una buena política”.
Si bien la recomposición salarial dispuesta provocó el rechazo de las agrupaciones sindicales y varios sectores del arco político opositor, quienes plantearon que el ajuste fiscal solo existe para los trabajadores y los jubilados, las autoridades defendieron la medida con el argumento que sostiene la necesidad de equiparar los salarios jerárquicos del sector público con los del sector privado para evitar la fuga de profesionales calificados y asegurar la gestión técnica de los ministerios.
Es deseable que aquellas personas que ocupan, en forma circunstancial, un rol destacado en la gestión pública y que acarrea una gran responsabilidad social sean remunerados como corresponde. No obstante, este beneficio, que claramente no debería entenderse como un privilegio, obliga a responder con el mayor profesionalismo, un auténtico comportamiento ético y un elocuente compromiso con la sociedad.
