Fue una reivindicación demorada. Pero al fin se hizo realidad. Eduardo Sosa asumió este viernes como procurador general de Justicia de Santa Cruz, 33 años después de haber sido echado por el kirchnerismo ante la imposibilidad de controlarlo.
La ceremonia de la jura se realizó en la sede del Tribunal Superior de Justicia y estuvo encabezada por su titular, Gabriel Contreras Agüero.
“Voy a aportar lo mejor, espero estar a la altura de la circunstancia”, expresó Sosa tras la asunción.
El control de la justicia fue una de las obsesiones de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. El ejemplo más vívido lo representa Sosa, quien fue arrancado de su cargo en 1995, en la génesis del disciplinamiento del poder judicial que extendería el kirchnerismo en su historia.
El camino para el regreso de Sosa lo inició el gobernador Claudio Vidal, quien envió a la Legislatura un proyecto para restaurar el cargo de Procurador General de Justicia disuelto por una ley impulsada por Néstor y Cristina Kirchner.
Sosa representa una historia de tres décadas de perseverancia, a la espera de una reivindicación.
“Esta iniciativa es simbólica e institucional, porque repara un agravio constitucional, la reparación personal es la que menos importa”, afirma Sosa a LA NACION, sin perder el tono moderado de sus palabras.
Sosa ejerció funciones al frente de la Procuradoría General de Justicia entre 1990 y 1995, cuando una reforma judicial -promovida por Néstor Kirchner con el aval de los diputados justicialistas encabezados por Cristina Kirchner,- desdobló el cargo en dos para dejar afuera a Sosa.
Sin poder controlarlo, el procurador era un obstáculo para la construcción de poder de Kirchner.
El abogado llevó su causa hasta la Corte Suprema, que ordenó en numerosas oportunidades la reposición en su cargo, pero el Gobierno de Santa Cruz nunca acató el fallo.
La provincia desobedeció un fallo de la Corte Suprema y se puso fuera de la legalidad.
La Corte Suprema hizo responsable al entonces gobernador Daniel Peralta. Se lo intimó para que cumpla la disposición en un plazo inferior a los 30 días. No lo hizo. Los Kirchner no dieron el brazo a torcer. A Peralta, la Justicia le inició una causa y terminó con una condena. Peralta es actualmente miembro de la Legislatura de Santa Cruz, se alejó del kirchnerismo, tiene bloque propio y su voto puede ser decisivo.
El 14 de septiembre de 2010, la Corte Suprema volvió a ordenar al gobernador a que reponga a Sosa.
Para Kirchner, el caso se había transformado en algo personal. En un desafío a la justicia, encabezó un acto en el gimnasio del Boxing Club de Río Gallegos para oponerse a la orden de la Corte Suprema y retrucaba que se promovía una intervención federal. Nunca ocurrió.
Allí, Kirchner, subió al escenario a 14 gobernadores peronistas que viajaron hasta la capital santacruceña: fue el 9 de octubre de 2010, el último acto multitudinario antes de su muerte.
La provincia nunca cumplió la orden de la Corte Suprema y el kirchnerismo siguió firme en el poder provincial hasta 2023.
Un pedido de disculpas
En estos treinta años, Sosa continuó con su vida, mientras seguía los avatares de la causa y ejercía la abogacía de manera privada.
Nunca perdió la moderación en sus declaraciones, a pesar de los fallos a su favor y la negativa del poder político a reparar la injusticia. Siempre apostó al camino institucional.
Del proyecto para restituirlo se enteró por los diarios, pero hubo un gesto del actual gobernador que lo puso sobre aviso. Unos días antes que asumiera en el cargo, el entonces gobernador electo, lo contactó para una reunión y le pidió disculpas, en nombre del pasado.
“El me manifestó su voluntad de reparar las deficiencias y me pidió disculpas en nombre del cargo que iba a asumir, por el daño que me habían hecho; yo le dije que, en caso que se produjera una vacante en el cargo del que me habían expulsado, yo aceptaría para participar de esta reparación institucional”, detalló Sosa.
Esas disculpas quedaron asentadas en los fundamentos del proyecto presentado el viernes y que se tratará este lunes: “El atropello institucional contra la figura del Procurador General, iniciado con la Ley 2404 que dispuso el cese de funciones del doctor Sosa, al desdoblar su competencia, no podía ser reparado con una mera indemnización, sino que requería el restablecimiento del orden institucional afectado”, sostiene. Y agrega: “Este proyecto de ley subsana el vicio de origen que causó el perjuicio al doctor Sosa y al rol institucional de la Procuración, dotando a este cargo de la autoridad y estabilidad necesarias para garantizar la independencia del Poder Judicial”.
