La minería empuja, pero la infraestructura nacional no acompaña: San Juan y las provincias mineras reclaman acción al Gobierno nacional
En el marco de Arminera 2025, la feria minera más importante del país y una de las principales de América Latina, nueve gobernadores provinciales coincidieron en un reclamo firme y unificado al Gobierno nacional: la urgente necesidad de inversión en infraestructura estratégica que permita transformar el potencial minero argentino en desarrollo concreto, crecimiento económico y empleo sustentable.
El encuentro, bajo el panel “Mano a mano con las provincias”, no solo fue una señal política clara —una suerte de “liga” de gobernadores mineros—, sino también un diagnóstico compartido por todos los actores: sin caminos, sin energía confiable y sin conectividad logística, el desarrollo de la minería está condenado a la frustración.
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, quien expuso la situación de una de las provincias líderes en minería a nivel nacional. San Juan no solo posee una tradición minera consolidada, sino que hoy es sede de algunos de los proyectos de mayor envergadura del país, como Veladero, José María, Los Azules, además de otros en exploración avanzada que podrían multiplicar la inversión y el empleo en los próximos años.
Sin embargo, como bien remarcó Orrego y sus pares de Catamarca, Salta, Jujuy, Mendoza, Santa Cruz, Río Negro, Córdoba y Santa Fe, el esfuerzo provincial y privado choca contra las limitaciones estructurales del Estado nacional, que no logra garantizar condiciones básicas para la competitividad.
La infraestructura, un obstáculo estructural
El reclamo es concreto: faltan caminos adecuados, energía disponible, líneas de alta tensión, redes ferroviarias eficientes y pasos fronterizos operativos. Las zonas de alta cordillera, donde se ubican la mayoría de los yacimientos metalíferos, enfrentan condiciones geográficas exigentes que requieren obras específicas y costosas. Pero esas inversiones —que deberían formar parte de una política federal del Estado nacional— se han visto postergadas por años, dejando a las provincias productoras aisladas y dependiendo de su propio esfuerzo.
Mendoza, le pide ayuda a San Juan, para ingresar a la minería plenamente, pero hizo y hace lo imposible para que nuestra provincia no concrete el Tunel de Agua Negra. San Juan, ha invertido en infraestructura provincial, ha articulado con empresas y ha buscado caminos alternativos de financiamiento. Pero los límites son evidentes. Una provincia sola no puede construir corredores bioceánicos, líneas de 500 kV o pasos internacionales en condiciones de soportar exportaciones mineras de escala mundial.
A eso se suma la necesidad de mejorar la red vial nacional —como la Ruta 40 y los accesos a los pasos cordilleranos—, de agilizar la logística portuaria y aduanera, y de garantizar energía suficiente para los nuevos proyectos de cobre y litio que están listos para avanzar. El cuello de botella no es geológico: es financiero (Capitales que se animen a invertir en Argentina y confiar en su macroeconomía), es político y es logístico.
La paradoja del potencial truncado
En un momento en que el mundo demanda minerales críticos para la transición energética —como el cobre, el litio y el oro— y Argentina cuenta con reservas y proyectos listos para producir, la falta de planificación nacional y de ejecución de infraestructura frena las inversiones. Incluso con señales positivas en el plano macroeconómico, como el nuevo Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), las empresas necesitan certezas concretas: ¿cómo sacar el mineral? ¿por dónde? ¿con qué energía?
Los gobernadores fueron claros: no alcanza con un marco legal atractivo si no hay condiciones materiales para operar. Esas condiciones dependen en gran medida del Estado nacional, que debe asumir que la minería no es solo un fenómeno andino o cordillerano, sino una política estratégica de desarrollo federal.
San Juan como modelo de gestión minera
En ese contexto, San Juan volvió a demostrar por qué es considerada una de las provincias más serias y avanzadas en materia minera. Con reglas claras y diálogo permanente entre gobierno, empresas y comunidades, la provincia ha construido un ecosistema propicio para la inversión.
Pero incluso ese modelo exitoso enfrenta un límite: sin conectividad nacional, sin rutas logísticas eficientes, sin energía compartida, no hay desarrollo posible a gran escala. San Juan —como el resto de las provincias mineras— necesita del acompañamiento real del Gobierno central, no solo en discursos, sino en obras, financiamiento y coordinación estratégica.
Una oportunidad histórica que no puede ser desaprovechada
Argentina tiene una oportunidad histórica de consolidarse como proveedor global de minerales estratégicos. Las provincias están listas. Las empresas están interesadas. Las comunidades están participando. Pero el Estado nacional debe asumir su responsabilidad en garantizar las condiciones necesarias para que esa oportunidad no se diluya por falta de acción.
La minería puede ser —y ya lo es en San Juan— un motor de desarrollo genuino. Pero para que lo sea en todo su potencial, hace falta infraestructura, visión federal y voluntad política. El mensaje de los gobernadores en Arminera 2025 fue claro: sin estado para estas grandes obras, no hay progreso.
