La rebelión de un grupo de legisladores de bloques de la oposición dialoguista, que reclamaron cambios de último momento con el argumento de la defensa de la industria nacional, frustró los planes del oficialismo de darle dictamen al proyecto que crea el régimen de incentivo a inversiones superiores a los mil millones de dólares (Súper RIGI) y dejarlo, así, listo para su tratamiento en la próxima sesión.
Así lo confirmó la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich (Capital), en diálogo con periodistas acreditados al término del plenario de las comisiones Presupuesto y Hacienda, de Legislación General y de Economía Nacional e Inversión.
El planteo de cambio fue formulado por los senadores Maximiliano Abad (UCR-Buenos Aires), el peronista crítico Carlos Espínola (Corrientes) y el jefe del bloque Pro, Martín Goerling (Misiones).
El reclamo de los legisladores pedía incluir un par de cláusulas en defensa de la industria nacional. Una de ellas establece un margen del 15% a favor de los proveedores nacionales por encima del precio de los suministros importados.
En otras palabras, los proyectos estarían obligados a contratar servicios o comprar productos de origen nacional aun cuando fueran hasta un 15% más caros que los valores que consigan en el exterior.
“La comparación deberá efectuarse sobre precios equivalentes puestos en destino, considerando todos los costos asociados a la importación y provisión del bien o servicio”, aclara la modificación pedida por los senadores, a la que tuvo acceso este diario.
Al respecto, la jefa de la bancada oficialista dijo que recién le acercaron la propuesta horas antes del inicio de la reunión, por lo que no tuvo la posibilidad de consultarlo con la cartera de Hacienda.
“Es un tema que va en contra de nuestra idea. Hay que consultar con Economía… no lo veo tan fácil”, afirmó Bullrich ante una pregunta de LA NACION sobre el pedido de los senadores.
En un giro pesimista, la senadora libertaria lanzó una advertencia: “Si el Súper RIGI tiene tantos problemas, tendremos que quedarnos con el RIGI”.
Al no obtener respuesta a su pedido, tanto Espínola como Abad y Goerling, a quienes se sumó María Victoria Huala (Pro-La Pampa), se negaron a poner su rúbrica y, por lo tanto, el proyecto de súper RIGI no alcanzó la mayoría necesaria en cada una de las tres comisiones que requería para conseguir dictamen.
El cambio planteado por lo legisladores rebeldes se montaba sobre una modificación que ya había aceptado el oficialismo y que consistía en ampliar a bienes y servicios transables la cuota del 20% de industria nacional que se establecía de consumo obligatorio para los emprendimientos que pretendieran quedar incluidos en el régimen de incentivo fiscal.
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