El cóctel se hizo anoche a las 19 en la embajada de Canadá, en la previa del Energy Week que se desarrolla hoy y mañana en Buenos Aires. Se celebraban los lazos crecientes entre los dos países en el sector energético y todo transcurrió con normalidad, salvo por una ausencia. La embajada organizaba la recepción junto con la Bolsa de Toronto y el grupo financiero canadiense Canaccord, que se bajó a último momento. Sus directivos iban a viajar al país y decidieron no hacerlo. No era el momento, según pudo saber LA NACION.
Canaccord Genuity Limited figura en la lista de 45 empresas y accionistas contra los que la Cancillería abrió procedimientos sancionatorios el viernes pasado por actividades hidrocarburíferas no autorizadas en el entorno de las islas Malvinas. Aparece allí como accionista de Eco Oil & Gas, la sociedad que controla a las canadienses JHI Associates y JHI Falklands, licenciatarias en las islas. Ayer el Gobierno amplió la ofensiva sobre otros 15 sujetos, entre ellos accionistas de Navitas Petroleum y de Rockhopper Exploration, las dos empresas detrás del proyecto Sea Lion.
La ausencia fue el tema de conversación de la noche. Entre bandejas de sushi y copas de Saint Felicien, ejecutivos de energía y de minería se hacían la misma pregunta. Hasta dónde va a llegar el Gobierno con su cruzada contra las compañías que operan en Malvinas y si eso puede terminar rozando a los dos sectores que hoy vuelan en la Argentina. “Esto genera un ruido innecesario”, resumió uno de los invitados.
Canaccord tiene inversiones en litio en Salta y venía a buscar socios para ampliar su presencia en el país. Una firma que está en el expediente por su participación en una licenciataria de las islas es, al mismo tiempo, un inversor activo en una de las actividades que más crece en el territorio continental.
La preocupación de fondo no es la de las petroleras que perforan en el Atlántico Sur, sino la del entramado de proveedores que trabajan para todos. Las principales aseguradoras marítimas son inglesas y son pocas. Las auditoras y las reaseguradoras dan servicios a media industria. Los bancos que financian proyectos en Malvinas pueden ser los mismos que analizan financiar obras en Vaca Muerta. “Que esto no afecte la actividad actual. Hay que conocer la industria y saber qué tan interrelacionada está para definir los alcances de las sanciones”, pidió otro de los presentes.
Un proveedor de las dos veredas
El caso más nítido apareció en la propia lista del martes. La holandesa Bluewater Energy Services fue incorporada como “proveedor estratégico de infraestructura” por el buque de producción Aoka Mizu, que alquiló al consorcio de Sea Lion por 20 años. Esa misma compañía construyó en su astillero las dos monoboyas del terminal marítimo del oleoducto VMOS, la mayor obra de infraestructura privada de los últimos años, que conecta Vaca Muerta con el puerto de Punta Colorada, en Río Negro.
La sanción no es una multa. Se abre un trámite administrativo, la Cancillería determina si hay responsabilidad y gira el expediente a la Procuración para evaluar acciones penales contra los directores. El marco es la ley 26.659, sancionada en 2011 a instancias de Fernando “Pino” Solanas, un año después del descubrimiento del pozo que dio origen a Sea Lion. El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que el Gobierno enviará la semana próxima al Congreso endurece esas penas, las extiende a los proveedores y habilita los juicios en ausencia. Los directores no necesitan estar en el país.
Algunas compañías empezaron a moverse antes. SLB, la ex Schlumberger, que había participado del primer pozo exploratorio y ya no opera en las islas, fue la primera multinacional de servicios en fijar postura formal ante las autoridades argentinas. Ratificó el cumplimiento del marco regulatorio local y descartó cualquier vínculo contractual o técnico con las contratistas internacionales que buscan desarrollar los recursos en Malvinas.
El activo en disputa, además, es complejo. En Malvinas hay crudo pesado, a diferencia del liviano de Vaca Muerta. El mar argentino es bravo, no cualquier barco lo navega y los puertos cercanos no pueden dar asistencia por el conflicto de soberanía. Eso encarece todo. Los operadores son de segunda línea: Navitas, que cotiza en Tel Aviv, y Rockhopper, en Londres. El consorcio aprobó en diciembre pasado una inversión de US$1800 millones para la primera fase, con el primer barril previsto para marzo de 2028 y una producción inicial de 50.000 barriles diarios.
Sobre el final de la noche, las preguntas se volvieron cada vez más hipotéticas. Si Starlink da servicio de internet en las islas, ¿va a poder seguir vendiéndolo a la minería y a la energía en la Argentina? Si los operadores toman Coca-Cola, ¿alguien va a prohibir la bebida? Nadie tenía la respuesta. En un mundo globalizado, algo del reclamo tiene que ser necesariamente declamativo, y el problema es dónde se corta. “Se sabe cómo se entra, pero no cómo se sale”, cerró uno.
