Tal como había adelantado antes de que se sucedieran los episodios violentos del miércoles pasado en las inmediaciones del Congreso, el Gobierno les prohibió el acceso a eventos deportivos por tiempo indeterminado a 26 presuntos barrabravas que participaron de aquellos episodios en el marco de la marcha de los jubilados.
A través de la Resolución 343/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma de Patricia Bullrich, se les impuso una «restricción de concurrencia administrativa” en todo el territorio argentino por las “actuaciones sumariales” caratuladas “atentado y resistencia a la autoridad”.
Según esa normativa, las actuaciones se iniciaron, “específicamente, con motivo de los episodios de violencia de público y notorio conocimiento, protagonizados por grupos de personas identificadas en su mayoría con divisas deportivas de clubes de fútbol, en la Plaza del Congreso y sus adyacencias, el 12 de marzo del corriente año”.
Siempre de acuerdo con los considerandos de la Resolución, estas personas actuaron “en supuesto apoyo a las reuniones que habitualmente congregan a jubilados y pensionados” y protagonizaron “incidentes que derivaron en la pertinente intervención de efectivos de Gendarmería Nacional, Polícía Federal, Prefectura y Policía de la Ciudad.
Gracias a la actuación de esas fuerzas de seguridad que aplicaron “los protocolos y reglamentos vigentes en la materia”, sostuvo el texto en sus considerandos, se logró “reducir y detener a los agresores que produjeron desmanes, arrojaron proyectiles, objetos punzocortantes contra efectivos, personas, bienes de dominio público y privado, vehículos y móviles de las distintas fuerzas apostadas en el lugar, y que además entorpecieron con su accionar violento el tránsito peatonal y vehicular, además de provocar heridas de distinta consideración a 31 efectivos de las fuerzas de seguridad presentes en el operativo de prevención”.
En ese marco, se produjo la detención de 26 barras, quienes quedaron imputados por “atentado y resistencia a la autoridad”. La mitad de ellos, comprobaron luego, “ya tenía antecedentes penales, pedidos de captura activos y otros impedimentos de ingreso a espectáculos futbolísticos”, indicó la norma.
En ese contexto, se decidió “neutralizar e impedir la presencia en el evento de personas que pudieran alterarlo”, aplicando la normativa que regula las competencias específicas de esta Dirección y registrando a esas personas en el Programa Tribuna Segura, “sin perjuicio de otras medidas de carácter penal que pudieren alcanzarles”.
El pasado miércoles, la tradicional marcha de jubilados sumó una fuerte presencia de militantes de izquierda y también hinchas de clubes de fútbol, en muchos casos barrabravas, y en cuestión de horas todo desembocó en graves incidentes, destrozos y corridas en las inmediaciones del Congreso, con más de un centenar de detenidos y un fotógrafo, Pablo Grillo, con graves heridas.
En las primeras horas de ese día, el Gobierno había lanzado un claro mensaje al endurecer las condiciones para aplicar el derecho de admisión en los estadios de fútbol, en consonancia con lo advertido horas antes por Patricia Bullrich de que los hinchas que participaran de la marcha serían detenidos en caso de que se produjeran incidentes.
