El gobierno de Nicolás Maduro sigue con su política de insultar a los países que condenan y sancionan a los altos cargos venezolanos, unos 312 hasta ahora, por haber cometido delitos de corrupción, lavado de dinero, represión, violación de los derechos humanos, narcotráfico y destrucción de la democracia y las libertades.
El último país en recibir el chorro de insultos chavistas ha sido Canadá, cuyo gobierno decidió sancionar a 5 magistrados y fiscales del Ministerio Público venezolano, que han promovido y avalado el fraude electoral de las presidenciales del 28 de julio, por las que Maduro se juramentará el 10 de enero en su tercera reelección.
Los cinco funcionarios sancionados por el gobierno de Justin Trudeau son: Caryslia Rodríguez: Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Juan Carlos Hidalgo Pandares: Juez del TSJ, Rosalba Gil Pacheco: Integrante del Consejo Electoral Nacional (CNE), Edward Miguel Briceño Cisneros: Juez TSJ y Luis Ernesto Dueñez Reyes: Fiscal.
Delcy Rodríguez, vicepresidente del gobierno de Maduro respondió así a las sanciones de Canadá: «Es un gobierno que no camina sino que se arrastra».
Rodríguez expresó que «es Canadá un gobierno que no camina sino que se arrastra sobre sus codos y rinde pleitesía ante quienes los humillan, hacen circo frente a sus opresores. Nosotros nos ocuparemos de la libertad y la independencia. Nosotros somos Bolívar en historia viva. Que ese título nos lleve a la independencia y la dignidad nacional».
Por su lado la cancillería venezolana emitió un comunicado en el que expresa su rechazo “de manera contundente las medidas extorsivas en contra de funcionarios venezolanos que pretende imponer Canadá”
En el texto, señala que la nación canadiense con esta acción confirma una vez más su «papel servil» como esclavos de los intereses imperiales de Estado Unidos. Al mismo tiempo que catalogan de ilegales las medidas contra los funcionarios legítimos de la nación, por lo que, aseguran que esto no es más que, un intento fallido de presionar a Venezuela mostrando la humillación y el descrédito de Canadá.
El gobierno canadiense condenó por su parte que el régimen de Maduro lo acuse de actuar como «un peón disminuido y subordinado» al gobierno norteamericano.
En un comunicado, la ministra de Exteriores Mélanie Joly declaró que las sanciones contra los cinco funcionarios venezolanos señalan que «Canadá no se quedará quieta mientras el régimen de Nicolás Maduro sigue ignorando la voluntad democrática del pueblo venezolano».
Joly dijo que es necesario que los venezolanos negocien una solución pacífica a la crisis en la que se encuentra sumida el país y que Canadá está lista para trabajar con la región para apoyar ese diálogo.
«Pero también estamos preparados para usar las herramientas a nuestra disposición, incluidas las sanciones, para imponer costes a los que buscan prevenir la expresión total de los derechos democráticos venezolanos», añadió.
Las sanciones congelan los activos que los sancionados venezolanos puedan tener en Canadá y prohíben que personas y entidades radicadas en el país norteamericano, o canadienses en el extranjero, mantengan relaciones económicas con los sancionados.
Los 5 magistrados del fraude electoral forman parte de los 312 funcionarios venezolanos han sido sancionados desde 2017 por los Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, Albania, Bosnia, Georgia, Islandia, Liechtensteins, Macedonia, Moldova, Montenegro, Noruega, Reino Unido, Ucrania, Suiza, Panamá, Bosnia Herzogovina, Serbia, Armenia e Islandia, países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA, más los señalados por las Naciones Unidas de violación de los derechos humanos.
