La Hidrovía es la columna vertebral por donde circula el 80% del comercio exterior argentino, pero su proceso de licitación no circula por aguas tranquilas. Hay varias empresas que querían quedarse con las obras de mantenimiento y profundización de la vía navegable, un negocio con una facturación de unos US$15.000 millones en por lo menos 25 años. Sin embargo, muchas quedaron en el camino.
Algunas buscaban que la licitación se dividiera por tramos, con un negocio repartido entre dos o tres y hasta cuatro empresas, otras declararon por lo bajo que la empresa que realiza los trabajos hace más de 30 años corre con ventaja, hay controversia respecto del precio del peaje y luego está la compañía china que se quedó afuera porque la licitación no permite que se presenten empresas con participación estatal.
Parte de este “ruido”, además de las protestas de organizaciones ambientales, fue reunido por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) en un dictamen administrativo que hasta ahora no tuvo mayores repercusiones en la Justicia. Desde el Gobierno defienden el proceso y dicen que hubo instancias previas para presentar objeciones y propuestas, y que las Naciones Unidas es garante de la transparencia y objetividad de la licitación.
Cada parte y contraparte tiene algo que decir. Se trata nada menos que de la licitación más importante del gobierno de Javier Milei, pero que fue postergada más de tres veces durante otros gobiernos, y una vez durante esta administración, siempre con algo de escándalo.
Según destacó el Ministerio de Economía cuando anunció la preadjudicación de la Hidrovía a Jan De Nul, hace más de una semana, “durante las dos primeras etapas, de análisis técnico, Jan de Nul obtuvo 66,20 puntos, mientras que DEME alcanzó 42,14 puntos. En tanto, la propuesta económica (la más relevante, que determinaba 120 puntos) resultó con puntajes idénticos dado que ambas firmas ofrecieron el menor precio posible, confirmando una rebaja tarifaria inmediata de los costos logísticos”. El dictamen de preadjudicación anunció que Jan De Nul, junto a Servimagnus, obtuvo una puntuación total de 186,2 puntos, mientras que DEME logró 162,14 puntos.
La disputa por la tarifa
Según expone DEME, “se adjudica el contrato a una empresa que durante años ha cobrado de más a los usuarios de Hidrovía en más del 30%”. En su caja de herramientas para seguir en camino también habla de que se descalificó toda la experiencia internacional de dragado de DEME, ya que todos los proyectos presentados son de clase mundial, algunos de ellos incluso ejecutados en asociación con Jan De Nul
En respuesta a la iniciativa de DEME, que propone bajar un 17,4% el precio del peaje de la Vía Navegable Troncal en una etapa de la licitación que estaría próxima a cerrarse, la empresa preadjudicada, Jan De Nul, envió un comunicado que contradice a su oponente. Está firmada por Wim Bosteels, gerente de Desarrollo de Negocios (Business Development) y apoderado legal de la compañía belga, y por Leonardo Roman, director ejecutivo de Loginter y vicepresidente de Servimagnus, su socio argentino.
Según JDN–Servimagnus, ese “supuesto” ahorro en la tarifa se basa en tres errores. El primero es la omisión del pago de IVA, ya que no contempló correctamente el impuesto aplicable a costos clave, como el alquiler de buques y la compra de combustibles. Mientras que DEME proyectó pagos de IVA por US$95 millones en 25 años, JDN sostiene que el monto correcto rondaría los US$ 1600 millones. Afirma que estos números están en línea con el modelo de referencia de Unctad, el organismo de las Naciones Unidas que monitoreó el proceso.
En segundo lugar, JDN alega insuficiencia de inversiones. Sostiene que el plan de DEME prevé inversiones por US$280 millones durante los primeros cinco años y ninguna inversión en los veinte años restantes, mientras que tanto el modelo Unctad como la oferta de JDN contemplan inversiones superiores a US$850 millones. Por último, habla de un error en el cálculo de tarifas. JDN sostiene que DEME proyectó tarifas de peaje posteriores a la profundización que superan los máximos permitidos por el pliego, lo que habría sobreestimado sus ingresos en aproximadamente US$370 millones.
La nota también destaca que DEME no cuestionó oportunamente las reglas de la licitación ni el esquema tarifario. Por el contrario, habría respaldado públicamente el proceso, su transparencia y la participación de Unctad, y recién planteó objeciones después de conocerse la evaluación de las ofertas.
Tras la preadjudicación de Jan de Nul y Servimagnus, DEME decidió no impugnar. Para ello debía presentar una garantía de US$10 millones. La decisión de la compañía fue, en principio, difundir que el precio mínimo para el peaje incluido en la licitación podía mejorarse.
La estrategia de DEME hasta ahora para intentar seguir en carrera también fue tocar las puertas del congreso de Estados Unidos para librar una batalla poco ortodoxa. Tal como informó Reuters, en mayo el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EEUU advirtió sobre “influencia maligna china” en la oferta de Jan de Nul. DEME viene haciendo hincapié en que conforma un consorcio con empresas de Estados Unidos, aunque no se presentó a la licitación con ellas sino sola. La empresa belga y Servimagnus calificaron la acusación de “falsa y maliciosa”.
La iniciativa privada como nuevo camino
La última propuesta de DEME, ya sobre el filo del fin de la licitación es utilizar un mecanismo conocido como “Régimen de Iniciativa Privada”. Permite que actores privados, denominados “promotores”, presenten propuestas de proyectos no solicitadas para la adjudicación de contratos de concesión de obras públicas, infraestructura pública y servicios públicos. Si la propuesta es declarada de interés público por el Poder Ejecutivo Nacional, es decir, por el Presidente, deberá ir a un proceso de licitación pública. Las iniciativas privadas no solicitadas deben demostrar la razón de interés público del proyecto propuesto.
La nueva presentación de DEME Group incluye una tarifa 17,4% más baja. La garantía de mantenimiento de oferta es del 0,5%, tal como exige la ley, aunque no se divulgó el monto “ya que se calcula sobre el capex, que forma parte del modelo financiero confidencial”, informó una fuente cercana al proceso.
Según DEME, que no descarta judicializar el proceso, “si la iniciativa privada no fuera demorada, el Gobierno aún podría convocar a un proceso abreviado y más competitivo, eliminando la tarifa mínima y otras disposiciones que limitaron la competencia en precio. Creemos que dicho proceso podría completarse de principio a fin en aproximadamente seis meses, permitiendo alcanzar una tarifa materialmente mejor y preservar la continuidad para los usuarios».
