La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso de queja de la defensa de Cristina Kirchner contra los embargos preventivos dispuestos sobre el departamento de Constitución donde cumple su condena e inmuebles pertenecientes a las empresas Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., que deben ser ejecutados para cumplir la sentencia en la causa Vialidad.
La medida fue dispuesta por los jueces de la Sala IV del tribunal Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.
El fallo fue dictado en el tramo donde la Justicia pugna por ejecutar los bienes de la expresidenta para cumplir con el decomiso de 650 millones de dólares dispuesto por el tribunal que la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Fue condenada por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Esa condena quedó firme el 10 de junio de 2025. El Tribunal Oral Federal N° 2 lleva adelante el proceso destinado a hacer efectivo el decomiso de hasta $684.990.350.139,86, según el monto actualizado por los jueces.
El TOF 2 había ordenado el 11 de agosto embargar preventivamente diversos inmuebles de Hotesur y Los Sauces mientras se resuelve si corresponde su decomiso definitivo.
Entre ellos se encuentra el departamento de San José 1111 en el que vive Cristina Kirchner, además de propiedades ubicadas en Puerto Madero y distintas localidades de Santa Cruz. Las sociedades Hotesur y Los Sauces tienen actualmente como accionistas a Máximo y Florencia Kirchner.
La defensa de Cristina Kirchner sostuvo que esos inmuebles no son producto ni provecho del delito investigado en Vialidad y cuestionó que puedan ser embargados para ser decomisados.
También la defensa dijo que Cristina Kirchner podía recurrir pese a que los bienes pertenecen a las sociedades de sus hijos, ya que la afectación patrimonial derivaría de su propia condena.
Argumentó que además uno de los inmuebles embargados es la vivienda en la que reside. Según el planteo, la medida podía conducir a la privación definitiva de los bienes e incluso a quedarse sin el departamento donde vive, por lo que el recurso debía ser equiparable a una sentencia definitiva.
La Sala IV descartó esos argumentos. Señaló, en primer lugar, que lo sometido a revisión era únicamente el embargo preventivo y no el decomiso definitivo de los bienes, cuestión sobre la que el tribunal oral todavía no se pronunció. Recordó que, como regla, las medidas cautelares no constituyen sentencias definitivas ni habilitan por sí mismas la intervención de Casación.
En particular, el tribunal consideró que el eventual perjuicio sobre el lugar donde vive Cristina Kirchner es, por el momento, “meramente eventual y conjetural”, dado el carácter cautelar, patrimonial y provisional del embargo.
Añadió que, aun si se admitiera hipotéticamente que la medida fuera equiparable a una definitiva, la defensa tampoco demostró la existencia de una cuestión federal suficiente que habilite el pronunciamiento de la Cámara. Por esas razones, concluyó que el recurso de Casación había sido correctamente denegado y no hizo lugar a la queja.
En paralelo, la Cámara de Casación tramita el recurso de casación presentado por Máximo y Florencia Kirchner contra esos mismos embargos sobre los bienes de Hotesur y Los Sauces. Ambos comparecieron como únicos accionistas de las sociedades y formularon sus propios cuestionamientos respecto de la afectación de esos activos. Resta que se resuelva este último asunto.
