Una declaración aislada de Donald Trump sobre las posesiones británicas de ultramar, en la que puso el foco en Malvinas como una de las más polémicas, le abrió al gobierno argentino una ventana de oportunidad que no dejó pasar. El presidente Javier Milei retomó el reclamo de soberanía con una ofensiva diplomática y legal que incluyó anuncio de sanciones a empresas vinculadas con la explotación del yacimiento Sea Lion y un proyecto de ley de Soberanía Nacional enviado al Congreso.
Semanas después, se suma su propio discurso ante la 81ª Asamblea General de la ONU, durante un viaje a Nueva York en el que además buscó reforzar el alineamiento con Washington. Allí calificó a la ONU de “inútil” por, según dijo, haber mirado para otro lado frente al reclamo argentino. El timing no fue casual. Pocas veces la política exterior argentina cuenta con un tema capaz de unir a la opinión pública casi sin fisuras.
Ese es, precisamente, el puntapié para entender el episodio. El reclamo de soberanía sobre Malvinas es uno de los pocos consensos de política exterior con respaldo mayoritario y de larga data en la sociedad argentina. Milei encontró en la declaración de Trump una ventana para reposicionar un tema tradicionalmente central en la agenda externa del país, en un momento que además coincide con la valoración de la gestión de gobierno alcanzando un piso de aprobación que hasta ahora no había tenido.
Conviene, sin embargo, no sobreinterpretar la señal norteamericana. Para Washington, la mención a Malvinas no implica un cambio de posición ni una convicción sobre el fondo del reclamo. Más bien, es un comentario que refleja las tensiones bilaterales que Estados Unidos viene teniendo con el Reino Unido por otros frentes, particularmente Medio Oriente. No hay allí una toma de posición sobre políticas coloniales a nivel internacional -ni de Gran Bretaña ni de otros países europeos- ni una definición sobre Malvinas en particular. Algunos análisis plantearon incluso la posibilidad de una intervención o de un cambio de postura norteamericana respecto del archipiélago, pero se trata, en el mejor de los casos, de un escenario lejano.
Del lado británico, el escenario es todavía más estable de lo que el revuelo sugiere. Para el Reino Unido, la soberanía sobre las islas no es un tema de discusión ni de negociación: la funda en el derecho de autodeterminación de los isleños. La Argentina, en cambio, sostiene que existe un conflicto de soberanía que debe resolverse sentando a las dos partes a negociar -una postura que atraviesa, con continuidad, a todos los gobiernos argentinos, incluido el de Milei, que en este punto endurece su posición de 2024-. Nada indica, sin embargo, que Londres vaya a torcer un rumbo que sostiene sin cambios desde 1982: bajo el llamado “paraguas de soberanía” puede negociar comercio, inversiones o conectividad con las islas, pero no la soberanía. Lograr que el Reino Unido se siente a discutir ese punto sigue siendo, hoy, sumamente improbable.
El terreno donde sí puede haber consecuencias concretas es el económico, aunque no en el comercio bilateral. Argentina y el Reino Unido son, mutuamente, socios secundarios y periféricos -ninguno de los dos representa siquiera el 2% del comercio del otro, y la relación comercial entre ambos países viene en baja-. El riesgo real está, en todo caso, en las inversiones. La Argentina necesita divisas y avanza en una política de apertura a capitales británicos e internacionales, incluido el sector de recursos naturales enmarcado en el RIGI. Ahí es donde la advertencia del canciller Quirno -que las empresas deberán elegir entre invertir en la Argentina o en Malvinas- podría tener un impacto real si se llegara a hacer cumplir. Para el Reino Unido, en cambio, el peso económico de las islas es menor: su valor es geopolítico y geoestratégico antes que comercial, lo que convierte a esta disputa, para Londres, en una cuestión más de principios que de economía.
La ventana que abrió Trump, entonces, sirvió para reinstalar un tema que rara vez divide a los argentinos y para capitalizar un momento de revalorización política. Pero no alteró ninguna de las certezas de fondo: el Reino Unido no va a sentarse a discutir soberanía, Estados Unidos no va modificar su posición, y el verdadero costo de esta escalada, si las amenazas se sostienen, terminará pagándolo la propia Argentina en clave económica.
Directora de Insight 21, think tank de la Universidad Siglo 21
