Mientras miles de adolescentes hoy viven con “un casino en el celular”, el Gobierno presentó un proyecto sobre ludopatía que parece más preocupado por proteger el negocio legal de las apuestas online que por prevenir verdaderamente la adicción juvenil.
El problema no es lo que el proyecto dice. El problema es todo lo que decide no tocar.
Porque mientras el discurso oficial habla de protección de menores y combate al juego clandestino, la iniciativa deja intactos varios de los mecanismos más agresivos de captación y fidelización utilizados por las plataformas de apuestas.
No prohíbe la publicidad masiva de apuestas online. No elimina los bonos de bienvenida ni las promociones permanentes diseñadas para enganchar nuevos usuarios. No impide el uso de tarjetas de crédito. No establece controles biométricos obligatorios para evitar que menores burlen fácilmente los sistemas usando datos de terceros. Y tampoco aborda el evidente conflicto ético entre las casas de apuestas y los clubes de fútbol.
En cambio, pone el foco en endurecer sanciones contra operadores clandestinos, algo necesario, pero claramente insuficiente frente a una problemática que ya se expandió masivamente dentro del propio sistema legal.
Porque el verdadero drama hoy no es solo el casino ilegal. El verdadero drama es la normalización social de las apuestas entre adolescentes. Y esa normalización tiene responsables.
Durante años vimos cómo las apuestas online se instalaron en: camisetas de fútbol, transmisiones deportivas, redes sociales, influencers, promociones digitales, y plataformas diseñadas psicológicamente para generar compulsión.
La media sanción aprobada en la Cámara de Diputados en 2024 avanzaba precisamente sobre esos puntos: prohibía publicidad, restringía patrocinios deportivos, eliminaba bonos de bienvenida, establecía controles biométricos conectados al Renaper, creaba registros de autoexclusión y buscaba limitar vínculos entre operadores de apuestas y dirigentes deportivos.
Nada de eso aparece con claridad en el proyecto oficial.
La pregunta entonces es inevitable: ¿se busca prevenir la ludopatía o simplemente ordenar el negocio sin afectar sus intereses económicos?
Las herramientas para una prevención seria ya existen. Lo que parece faltar es decisión política para enfrentar intereses económicos muy poderosos
Resulta imposible hablar seriamente de prevención mientras un adolescente sigue pudiendo abrir una cuenta desde su celular, recibir promociones de apuesta “gratis”, cargar dinero con facilidad y convivir diariamente con publicidades que presentan el juego como diversión, éxito o pertenencia.
Porque las plataformas de apuestas no funcionan solo como entretenimiento. Funcionan mediante estímulos permanentes, recompensas variables y mecanismos de fidelización similares a los utilizados en otras conductas adictivas.
Y cuanto más temprano se inicia un menor en esas dinámicas, mayor es el riesgo de dependencia futura. Los datos oficiales ya muestran una situación alarmante: más de uno de cada cuatro estudiantes secundarios apostó dinero durante el último año, y entre los varones el porcentaje supera el 35%.
Estamos frente a un problema de salud mental, no simplemente comercial.
Lo más preocupante es que muchas de estas herramientas ya fueron discutidas y aprobadas por amplia mayoría en la Cámara de Diputados en 2024, en una media sanción que hoy continúa frenada en el Senado y que podría perder estado parlamentario si no es tratada antes de noviembre.
Aquella iniciativa avanzaba sobre los verdaderos mecanismos de captación de menores: prohibición de publicidad y patrocinio deportivo, eliminación de bonos de bienvenida, controles biométricos obligatorios vinculados al Renaper, registros de autoexclusión y límites claros a los vínculos entre operadores de apuestas y dirigentes deportivos.
Es decir: las herramientas para una prevención seria ya existen. Lo que parece faltar es decisión política para enfrentar intereses económicos muy poderosos.
Por eso preocupa que el Estado decida avanzar contra el juego clandestino mientras evita incomodar a quienes hoy ganan millones con la expansión legal del sistema.
La prevención real exige medidas incómodas: prohibición efectiva de publicidad, eliminación de bonos de captación, controles biométricos obligatorios, límites estrictos de acceso, campañas masivas de concientización, educación digital en escuelas, y una separación clara entre el negocio de las apuestas y el deporte.
Porque cuando los chicos naturalizan apostar antes incluso de terminar la secundaria, la sociedad entera empieza a perder algo mucho más profundo que dinero. Pierde cultura del esfuerzo, tolerancia a la frustración y sentido del límite.
El verdadero riesgo es construir una generación criada bajo la lógica de la recompensa inmediata, donde la adrenalina del juego reemplace lentamente al mérito, al trabajo y al proyecto de vida. Y ningún país puede construir futuro cuando convierte la vulnerabilidad de sus jóvenes en un negocio.
Diputada Nacional (MC) Coalición Cívica
