A pesar de los sucesivos intentos de reforma y de las reiteradas advertencias del sector productivo, la Argentina no logra extirpar un mal sistémico que asfixia su competitividad y desalienta la inversión: la desmesurada litigiosidad en materia de riesgos del trabajo. Los datos más recientes expuestos por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) revelan una realidad alarmante que contradice toda lógica de prevención: mientras los índices de siniestralidad y de fallecimientos en los lugares de empleo exhiben una disminución sostenida gracias a mayores controles y tecnología, las demandas contra las ART siguen quebrando récords históricos.
Las proyecciones para este año anticipan un escenario insostenible. Tras cerrar 2025 con la cifra inédita de más de 134.000 nuevas demandas, el ritmo de notificaciones tribunalicias hace prever que el actual ejercicio concluirá con aproximadamente 138.200 nuevos juicios. Este fenómeno impacta de lleno en las pequeñas y medianas empresas (pymes), el eslabón más vulnerable del entramado productivo, pero también en las grandes empresas. Pone, asimismo, en evidencia que la litigiosidad laboral continúa siendo uno de los principales desafíos de la economía argentina.
Para una corporación multinacional, enfrentar una marea de citaciones judiciales puede representar un costo operativo significativo pero que no las hiere de muerte. En cambio, para una pyme argentina, que representa el motor de más del 70% del empleo formal del país, un solo revés judicial mal tasado o desproporcionado puede equivaler a una sentencia de quiebra definitiva.
La distorsión es de tal magnitud que un reclamo derivado de un accidente menor o de un trayecto in itinere, amplificado por tasas de actualización usurarias y fallos jurisprudenciales severos, puede arrojar montos de indemnización que superan con creces el patrimonio neto de un taller, una planta fabril local o un comercio.
El ritmo de notificaciones tribunalicias hace prever que el actual ejercicio concluirá con aproximadamente 138.200 nuevos juicios, según la UART
La disparidad regulatoria determina un mapa plagado de flagrantes asimetrías geográficas, donde la concentración del conflicto resulta evidente. Provincias como Santa Fe exhiben tasas de judicialidad en el sector fabril que multiplican la media nacional; concretamente, en este distrito, se registraron entre enero y julio de este año 12.150 juicios, un crecimiento del 18% respecto del mismo período de 2025, frente a un alza del 2% para el conjunto del país. Una posible explicación de este desmesurado incremento en Santa Fe podría guardar relación con la anunciada puesta en marcha del cuerpo médico forense, que tal vez haya llevado a acelerar presentaciones judiciales antes de que comience a funcionar y se pueda poner coto a peritajes tan desproporcionados como sospechosos y a la vil industria del juicio.
La provincia de Buenos Aires lidera con comodidad el volumen total de demandas en el orden nacional, seguida de cerca por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, configurando un corredor de altísima vulnerabilidad legal para el comercio y la industria. En estos distritos, los nichos de especulación tribunalicia esmerilan la viabilidad de las pymes, obligándolas a desviar recursos vitales desde la innovación o la contratación de personal hacia fondos de reserva para contingencias legales.
Ante el fundado temor de sufrir embargos preventivos que congelen sus cuentas y paralicen el pago de salarios ordinarios, muchos pequeños empresarios optan por la inacción o, peor aún, por bajar la persiana.
Es indispensable desarmar los incentivos económicos que alimentan este engranaje judicial. Una de las mayores fallas institucionales radica en el incumplimiento de los compromisos asumidos por las distintas jurisdicciones provinciales bajo el amparo de la ley de riesgos del trabajo, sancionada en 2017. Dicha norma disponía la obligatoriedad de constituir cuerpos médicos forenses cuyos peritos percibieran honorarios fijos y desvinculados del monto total de la sentencia. La desidia política y los intereses corporativos han bloqueado sistemáticamente la conformación de estos cuerpos en numerosos distritos clave, perpetuando un esquema donde los peritos ganan más cuanto más elevado sea el daño que ellos mismos determinan, lo que genera una evidente perversión del sistema que urge corregir.
Los jueces deben ser conscientes de que convalidar tasas de interés abusivas o indexaciones injustificadas no protege al trabajador, sino que, por el contrario, destruye fuentes laborales
A este panorama se suma otro componente crítico: la responsabilidad ineludible de muchos jueces en la fijación de las tasas de interés aplicables a las condenas. Durante años, la aplicación de mecanismos de actualización desproporcionados transformó los créditos laborales en activos financieros de rentabilidad sideral, completamente disociados de la realidad económica y de la inflación real.
Resulta fundamental que las diferencias de criterios entre las comisiones médicas y la justicia laboral dejen de ser la regla. En lo que respecta a accidentes o enfermedades del trabajo, si frente a situaciones similares las respuestas difieren según la instancia que interviene, el incentivo para judicializar permanece intacto, incrementando el número de demandas judiciales.
Si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictado sucesivos fallos para poner un límite constitucional a los excesos confiscatorios, corresponde a los magistrados de primera y segunda instancia actuar con la máxima prudencia y apego a la ley. Los jueces deben ser conscientes de que convalidar tasas de interés abusivas o indexaciones injustificadas no protege al trabajador, sino que, por el contrario, destruye fuentes laborales al decretar la virtual muerte financiera de las empresas demandadas.
La puesta en marcha del nuevo fuero laboral de la Ciudad de Buenos Aires puede constituir una oportunidad. Si nace con la necesaria previsibilidad y con criterios uniformes, podría ayudar a que la instancia administrativa recupere eficacia y a que la Justicia vuelva a concentrarse solo en casos excepcionales, en vez de transformarse en una segunda instancia prácticamente automática.
El debate de fondo no pasa por conculcar los legítimos derechos de los asalariados damnificados por contingencias físicas, quienes merecen compensaciones justas, ágiles y transparentes. El verdadero desafío reside en transparentar un proceso en el cual, según estimaciones de la industria, casi la mitad de las erogaciones totales de un juicio se diluyen en costos regulatorios, tasas y honorarios profesionales de intermediarios.
La búsqueda de seguridad jurídica y la creación de empleo de calidad —dos asignaturas pendientes crónicas de la economía argentina— exigen terminar de una vez por todas con las dilaciones regulatorias y aplicar con rigor los mecanismos de la legislación vigente, incluida la más reciente ley de modernización laboral. El Poder Ejecutivo Nacional, los gobiernos provinciales y las autoridades judiciales deben coordinar acciones urgentes para neutralizar incentivos que nutren a la nefasta industria del juicio, sustentada en el negocio de la litigiosidad inducida. Combatir esta voracidad desmedida no es una opción ideológica; es un imperativo de supervivencia para evitar que el corazón productivo de la Nación siga siendo desmantelado en los despachos de muchos tribunales.
