La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo) anunció un plan de lucha, sin fecha de finalización, en reclamo de aumentos salariales y mejoras en las condiciones laborales. El sector negocia con los intendentes, pero la protesta llegó al gobierno bonaerense de Axel Kicillof, al que le exigen la convocatoria del Consejo del Empleo Municipal para discutir sus pedidos en un marco “institucional”.
El plan que anunció la Fesimubo se comunica por regiones, en reuniones de múltiples sindicatos municipales. La última de ellas fue la semana pasada, en el Sindicato de Trabajadores Municipales de Morón, con gremios de la zona oeste del Gran Buenos Aires. Se realizó otro encuentro similar en la zona norte y el próximo será en el sur del conurbano, para continuar con las zonas sur, centro y costera del interior bonaerense.
“Tenemos mucha diversidad: hay municipios en los que se cobra bien, y otros de $150.000 de salario básico, como Merlo. Queremos ver cómo levantar el poder adquisitivo. Le estamos reclamando al ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires [Walter Correa] que convoque al consejo para poder intervenir y elevar los bajos salarios. Existe hace diez años y nunca se lo convocó”, afirmó a LA NACION el secretario general de la Fesimubo, Hernán Doval.
Las medidas que tomará la federación municipal no tienen fecha de cierre. Según Doval, se trata de “un plan de lucha prolongado” que estará activo “hasta que se vaya resolviendo” la situación por la que reclaman.
“Vemos que hay que buscar nuevas metodologías en el reclamo gremial. El paro y la movilización, solos, no son la solución. Entonces, se empieza a hacer por regiones, por pueblos, habrá actividades en verano, en la costa. La idea es hacer distintas medidas sorpresivas”, señaló Doval.
El Consejo del Empleo Municipal está establecido por la ley provincial 14.656, de Régimen Marco de Empleo Municipal. Lo integran once representantes designados por los intendentes de los 135 distritos, y al menos once representantes de “las entidades de segundo grado que agrupen a los sindicatos municipales” y los sindicatos “de primer grado de ámbito territorial nacional de actuación”, siempre y cuando cuenten con “un mínimo del 10% de afiliados del total de los trabajadores correspondientes al ámbito a representar”.
El Ministerio de Trabajo bonaerense es la “autoridad administrativa de aplicación” del consejo, a cargo de “convocar y adoptar las acciones y medidas necesarias a efectos de la realización de las reuniones”. Las decisiones del consejo no son vinculantes.
“No se lo quiere convocar [al consejo] porque es poner la problemática sobre la mesa en un lugar institucional”, aseguró Doval. “Tuvimos diálogo con Correa, pero siempre está a punto de convocar. Necesitamos que convoque. Desde que asumió, está por convocar al consejo”, añadió el dirigente gremial, que también conduce la Confederación de Trabajadores Municipales. LA NACION consultó al Ministerio de Trabajo bonaerense sobre el reclamo municipal, pero al cierre de este artículo no había obtenido respuestas.
En los últimos meses, algunos conflictos salariales en municipios se extendieron, en medio de una merma de recursos por recaudación de tasas y coparticipación provincial que remarcan los jefes comunales. En San Pedro, el intendente peronista Cecilio Salazar no abonó los aguinaldos en término y debió acudir al gobierno bonaerense para solicitar auxilio financiero. Los pagó el viernes 24 de julio, tras recibir la asistencia provincial, y enfrentar días de paro y la instalación de una carpa sindical frente a la municipalidad.
Otro municipio que tuvo inconvenientes para abonar los aguinaldos a los empleados municipales fue Azul, donde gobierna el peronista Nelson Sombra. En ese distrito, el sueldo complementario se pagó en dos cuotas durante julio.
