Las graves debilidades institucionales de mi provincia, Formosa, vuelven a los estrados de la Corte Suprema. Una vez más, nuestro máximo tribunal debe pronunciarse sobre las acciones de un gobierno que lleva décadas corriendo los límites de la República. Para comprender las proporciones del problema conviene empezar por un dato elemental: Gildo Insfrán ocupa la cúspide del Poder Ejecutivo formoseño desde 1987. Fue vicegobernador durante dos períodos y, desde 1995, gobernador de la provincia. Hoy transita su octavo mandato como gobernador y, sumados los dos períodos anteriores como vicegobernador, acumula diez mandatos ininterrumpidos integrando la fórmula provincial. Así, Insfrán está a punto de completar cuatro décadas consecutivas en el Ejecutivo.
En diciembre de 2024, la Corte Suprema puso un límite a esa permanencia sin término y declaró inconstitucional la cláusula de la Constitución de Formosa que permitía la reelección indefinida. La Corte entendió que la permanencia prolongada de Insfrán en el poder atenta contra la alternancia, favorece la concentración de poder y deteriora los controlas que deberían limitarlo, por lo que resulta incompatible con el principio republicano de gobierno.
La respuesta de Insfrán al pronunciamiento de 2024 consistió en una reforma de la Constitución provincial. El nuevo texto estableció formalmente un límite de dos períodos consecutivos, pero incorporó al mismo tiempo una cláusula transitoria según la cual el mandato iniciado en 2023 debe computarse como si fuera el primero. Insfrán pretende poner el cuentakilómetros en cero y presentarse nuevamente en 2027. Sus siete mandatos anteriores como gobernador sencillamente dejarían de contar.
La maniobra es demasiado burda. Busca aparentar que cumple la decisión de la Corte mientras intenta vaciarla de contenido para extender por otros cuatro años más el mismo esquema de poder que el máximo tribunal acaba de considerar incompatible con la República.
La Corte debe resolver ahora esa cuestión que ya parecía haber quedado zanjada. Debe decidir si Insfrán puede valerse de esa cláusula transitoria, posterior a aquel fallo, para volver a presentarse en 2027 y aspirar a cuatro años más en el gobierno.
La discusión regresa así al único tribunal que puede ponerle un límite definitivo a Insfrán, que tendrá que explicarle a la Corte cómo pretende llamar “primer mandato” a su octavo mandato consecutivo. Insfrán puede reformar la Constitución de Formosa; lo que no puede hacer es reformar los hechos. Lleva cuarenta años en el poder y ningún artificio constitucional puede convertir cuarenta años de permanencia en un primer mandato.
Cada vez que la Constitución le marca el límite, Insfrán elabora una nueva regla que le permite avanzar un periodo más, ya sea mediante una reforma constitucional, una interpretación judicial o,ahora, una cláusula transitoria. Después de tantos años, ya es hora de terminar con esa carrera infinita. Alguna vez la República tiene que alcanzar a Insfrán. Solo la Corte puede impedir que el límite vuelva a correrse.
Auditor General de la Nación
