Entre las muchas virtudes que suelen atribuirse a la Iglesia no figura, habitualmente, una especial pericia en materia económica.
Por eso resulta llamativo el cuestionamiento formulado por diversos organismos eclesiásticos de nuestro país al proyecto destinado a reforzar la protección constitucional de la propiedad privada y a eliminar ciertas restricciones a la adquisición de tierras por extranjeros. Las autoridades eclesiásticas han dirigido una carta abierta a los legisladores nacionales con duras objeciones al proyecto.
La crítica se apoya en argumentos que mezclan preocupaciones legítimas con afirmaciones difíciles de conciliar con la experiencia histórica, arropados en frases efectistas y de escasa utilidad práctica.
Se nos recuerda que la tierra es “nuestra madre y nuestra hermana”. Se invoca el “destino universal de los bienes”. Se advierte sobre la acumulación excesiva de riqueza y se cuestiona que la propiedad privada pueda ser declarada inviolable. Todo ello puede tener un innegable valor espiritual. Lo que no resulta evidente es su utilidad para resolver los problemas concretos de una sociedad.
La Argentina enfrenta déficits habitacionales gigantescos, infraestructura insuficiente, enormes necesidades de inversión productiva, bajos niveles de ahorro y una larga historia de inseguridad jurídica. Frente a semejantes desafíos, cuesta entender de qué manera la desconfianza hacia la propiedad privada puede contribuir a mejorar la situación.
La experiencia internacional parece sugerir exactamente lo contrario: las sociedades que lograron atraer inversiones, construir infraestructura, desarrollar sistemas de crédito hipotecario, expandir la producción agrícola y generar prosperidad sostenida fueron precisamente aquellas que ofrecieron reglas claras y protección efectiva de los derechos de propiedad.
La propiedad privada no constituye un obstáculo para el desarrollo. Por el contrario, es una de sus condiciones.
Cuando las leyes protegen la propiedad no se está promoviendo el egoísmo ni la codicia. Están creando un marco de previsibilidad que permite a las personas invertir, construir, ahorrar, producir y asumir riesgos. Sin esa previsibilidad, los incentivos desaparecen. Y cuando desaparecen los incentivos, desaparecen también las inversiones, el crédito, el empleo y las oportunidades.
Particularmente curiosa resulta la oposición a la compra de tierras por extranjeros, uno de los puntos por los cuales el proyecto del Gobierno sigue trabado en el Senado. La pregunta elemental es: ¿qué riesgo concreto se pretende evitar?
En un país que, en su mayor parte fue poblado por inmigrantes, ciertas prevenciones caen en lo pueril y lo ridículo
La tierra no puede ser trasladada a otro país. No puede ser embarcada ni exportada. Continúa donde siempre estuvo, sometida a las leyes argentinas, gravada por impuestos argentinos y sujeta a la jurisdicción de los tribunales argentinos. Lo único que cambia es la identidad de quien aporta el capital necesario para desarrollarla. En un país que, en su mayor parte fue poblado por inmigrantes, ciertas prevenciones caen en lo pueril y lo ridículo.
Resulta difícil comprender por qué un campo improductivo en manos de un argentino sería preferible a un campo productivo en manos de un extranjero que invierte, genera empleo, paga impuestos y aumenta la riqueza general. Y un campo productivo en manos de un argentino no es más beneficioso para la sociedad que otro en manos de un extranjero, en la medida que, quienquiera sea su propietario, pague sus impuestos y cumpla con las leyes.
Durante décadas la Argentina ensayó restricciones de toda clase a la inversión extranjera. No parece que los resultados hayan sido particularmente brillantes.
Tampoco resulta convincente la idea de que la inviolabilidad de la propiedad conduzca necesariamente a la acumulación nociva de bienes o a la pérdida de autodeterminación colectiva. La historia económica ofrece abundantes ejemplos de países que combinaron una sólida protección de la propiedad privada con elevados niveles de bienestar social, protección ambiental y cohesión comunitaria.
Lo que rara vez aparece en esos ejemplos es la prosperidad generada por consignas sentimentales como las que esgrimen los autores de esa carta abierta.
Las metáforas pueden inspirar conductas personales. Difícilmente alcancen para diseñar instituciones.
Decir que la tierra es nuestra madre y nuestra hermana puede constituir una hermosa imagen poética. Pero no explica cómo financiar viviendas. No indica cómo construir rutas. No muestra cómo atraer inversiones. No resuelve el problema del crédito. No aumenta la productividad. No crea empleo.
Las políticas públicas requieren algo más que buenas intenciones. Requieren comprender cómo funcionan los incentivos, cómo se genera la riqueza y cómo se crean las condiciones para que una sociedad prospere.
La verdadera pregunta no es si debemos preocuparnos por los sectores vulnerables. Desde luego que debemos hacerlo. La verdadera pregunta es si queremos ayudarlos mediante instituciones que históricamente han producido prosperidad o mediante eslóganes que, aunque moralmente atractivos, rara vez han demostrado capacidad para resolver los problemas que dicen combatir.
La Argentina lleva demasiado tiempo fascinada por los espejitos de colores de las soluciones simbólicas. Tal vez haya llegado el momento de volver a confiar en las instituciones que permitieron prosperar a las sociedades más exitosas del mundo: seguridad jurídica, inversión, libertad económica y respeto por la propiedad privada. Las propias autoridades eclesiásticas deberían preguntarse si propuestas formuladas en términos tan poéticos como imprecisos contribuyen realmente a resolver los problemas que dicen combatir.
