Detrás de la pelea que protagonizaron el Gobierno y el exministro Domingo Cavallo en las redes sociales se esconde una pregunta que inquieta al equipo económico y que el mercado no deja de hacerse: ¿por qué el riesgo país no baja?
El indicador —que mide técnicamente cuánto le cuesta a un país endeudarse en el exterior, pero que funciona también como termómetro de la confianza de los inversores en la sostenibilidad del programa— oscila en torno a los 550 puntos básicos, con una brecha de 300 unidades en relación con el promedio de América Latina.
Cuando Mauricio Macri asumió en 2015, el riesgo país rondaba los 480 puntos básicos —similar al nivel actual—, y en el mejor momento de su gestión lo llevó a 350. Cuando entregó el poder a Alberto Fernández, en diciembre de 2019, había trepado a 2165 puntos.
El presidente Javier Milei, en cambio, recibió un indicador de 1940 puntos y reservas netas negativas en torno a los US$11.000 millones. Hoy, el riesgo país se ubica en 554 puntos y las tenencias netas son levemente positivas. El recorrido es notable, pero el mercado sabe que por encima de los 550 puntos la Argentina sigue sin poder endeudarse a tasas internacionales por debajo del 9% en dólares, el umbral que el equipo económico consideró demasiado caro cuando tuvo la oportunidad de intentarlo.
Y eso ocurre pese a que el Banco Central acumuló compras por más de US$7100 millones en lo que va del año, por encima de las proyecciones del mercado; pese a que el Gobierno mantiene superávit fiscal, y pese a que ganó las elecciones legislativas de medio término y logró aprobar en el Congreso el presupuesto 2026, la reforma laboral y la reforma de la ley de Glaciares, que el propio oficialismo calificaba de “papa caliente”.
El exministro de Economía Alfonso Prat-Gay, exjefe de Luis Caputo y de Santiago Bausili, lo sintetizó con una chicana: “Es paradójico que un gobierno libertario que cumplió todo lo que le pidió Wall Street no logró acceder al mercado internacional de deuda”. Para Cavallo, en tanto, el riesgo país no baja porque el Gobierno todavía no liberó del todo el mercado cambiario.
La lectura del mercado converge en el mismo punto. Según los análisis de consultoras como LCG, el riesgo país se ha estabilizado en niveles altos porque la incertidumbre sobre los vencimientos de deuda convive con una gradual erosión de la confianza política.
El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Torcuato Di Tella, que miran de cerca los inversores, acumuló en abril cinco meses consecutivos de caída y se ubicó por debajo del nivel que marcaba el gobierno de Mauricio Macri en el mismo punto de su mandato. Con la imagen negativa del Gobierno en alza en distintas encuestas y un eventual ballottage con Axel Kicillof como escenario posible en 2027, LCG advierte que los ruidos cambiarios y financieros no pueden descartarse “incluso con abundancia de dólares provistos por el agro y el petróleo”.
El Gobierno podría haber tenido una oportunidad concreta de salir al mercado internacional en enero, cuando Ecuador lo hizo con éxito (pese a la crisis política y social, el gobierno de ese país anunció ayer que realizará una segunda emisión de bonos de deuda externa). Pero la tasa de interés en dólares del 9% no convenció al equipo económico, que prefirió esperar y derivó en la salida del exsecretario de Finanzas Alejandro Lew. Después llegó la guerra en Medio Oriente y el escenario se complicó.
El Ministerio de Economía, por lo tanto, apeló al mercado local, donde colocó bonos en dólares —AO27 y AO28— por un total de US$2266 millones desde el inicio de las emisiones. Es una estrategia que el Banco Galicia calificó como positiva, pero que deja en evidencia cuánto depende el programa de un financiamiento que no viene del mercado voluntario internacional.
Hoy, más de dos años y medio después de asumir, el foco está puesto en si el Tesoro llega o no a pagar en efectivo los vencimientos de julio, que suman US$4400 millones entre capital e intereses de Bonares y Globales. Actualmente, los depósitos del Tesoro en el BCRA están en torno a los US$565 millones, según estimaciones de Outlier, a la espera del desembolso de US$1000 millones asociado a la aprobación del acuerdo con el FMI por parte de su directorio.
La consultora C-P advierte que la estrategia financiera para los pagos de 2026 y 2027 “continúa siendo una incógnita”, aunque valora las colocaciones de bonos en dólares en el mercado local como señal de voluntad de fondeo por esa vía.
El año próximo, los compromisos en moneda extranjera ascienden a US$31.000 millones, en plena campaña presidencial.
La lectura sobre los vencimientos cambia cuando se incorpora la proyección de balanza comercial, potenciada por el agro, la minería y la energía: si el país asegura el refinanciamiento del capital, el balance externo resultaría positivo a partir de 2028 o 2029, dice la consultora Parakeet Capital. Pero esa hipótesis requiere que el acceso al mercado voluntario de deuda llegue antes y, en un año electoral como 2027, esa secuencia se vuelve más difícil de garantizar.
El propio ministro Caputo responde con otra lógica. “Donde más se está manifestando la robustez de este programa es en lo que tuvimos que pasar en los últimos meses”, dijo, en alusión a la capacidad de atravesar el shock externo de la guerra sin desanclaje macro. Y descartó el riesgo político: afirmó que hay “cero chances de que vuelvan los kukas”. Para el Gobierno, el problema no está en los fundamentos de la economía, sino en que los analistas financieros no los valoran suficientemente. El mercado, por ahora, no terminó de darles la razón.
