LA PLATA.− La Justicia intimó a la Casa Rosada a que en un plazo de cinco días le informe cuántas hectáreas de la provincia de Buenos Aires están en manos extranjeras y dónde están ubicadas. También le impuso la obligación de preservar todos los datos e informes públicos relevantes sobre compras de tierras por parte de extranjeros en la provincia.
El Juzgado Contencioso y Administrativo N°4 de La Plata hizo lugar a una medida cautelar interpuesta por la Defensoría del Pueblo bonaerense.
El planteo apunta obtener información y preservar toda la documentación sobre las tierras rurales bonaerenses durante la vigencia de la ley de tierras, sancionada en 2011 pero derogada por el DNU 70/2023 que Javier Milei firmó a poco de asumir la Presidencia. El martes pasado, la Corte Suprema dejó a salvo el artículo de ese DNU que derogaba la ley de tierras.
La Defensoría, encabezada por Guido Lorenzino, había advertido que por la caída de esta ley se eliminaron los mecanismos de control, el mapa dominial y las restricciones a la venta de campos a titulares extranjeros, lo que pone en riesgo el conocimiento del territorio y la protección del medio ambiente en distritos con alta concentración de titularidad extranjera, como Campana y Zárate.
Frente a esta presentación, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°4 de La Plata le dio un plazo de cinco días al Ministerio de Justicia de la Nación para precisar hasta qué fecha se actualizaron las bases de datos y garantizar la conservación íntegra de todos los antecedentes registrales recolectados en los últimos 15 años.
“No podemos permitir que la flexibilización o la falta de los controles deje a las y los bonaerenses a ciegas sobre la soberanía de sus recursos naturales y del suelo rural”, sostuvo Lorenzino, y agregó que “proteger la información pública sobre nuestro territorio es central para garantizar la sustentabilidad ambiental y los derechos de las futuras generaciones”.
En su fallo, el juzgado consideró que la pérdida o alteración de esta información provocaría un daño irreversible para la planificación y el desarrollo sostenible de la Provincia.
La jueza Güendalina Sessarego hizo lugar a la cautelar. Si el gobierno nacional cumple con la intimación, en cinco días la Defensoría del Pueblo podría acceder a un registro actualizado de tierras extranjeras en este territorio.
La ley de tierras rurales 26.737, sancionada en 2011, establecía un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. También imponía límites por nacionalidad y por titular.
En diciembre de 2023, el DNU 70/2023, de Javier Milei, derogó la ley mediante su artículo 154. A partir de esta derogación – que quedó judicialmente suspendida durante casi tres años- se interpuso la medida cautelar de la Defensoría del Pueblo.
El martes de la semana pasada, la Corte Suprema revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había frenado la derogación. El argumento de la Corte fue procesal: consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, que había promovido la demanda, no tenía legitimación suficiente. La Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 154, pero su fallo, en términos prácticos, confirmó la derogación de la ley a través de un decreto de Milei.
