CÓRDOBA.- La Justicia Federal de Córdoba ordenó investigar al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y al titular del PAMI, Esteban Leguizamo, por el presunto incumplimiento de las resoluciones que dispusieron regularizar los pagos a prestadores de servicios para personas con discapacidad. La decisión se da en medio de la polémica originada por los cambios que introduce en el tema el proyecto de presupuesto 2027.
El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja remitió las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para que determine si la conducta de los funcionarios puede constituir un delito. La investigación quedó a cargo del fiscal federal Carlos Casas Nóblega, que deberá analizar si existió desobediencia a una orden judicial y, eventualmente, incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La decisión es el último capítulo de un expediente que el propio Vaca Narvaja comenzó a tramitar en mayo y que tuvo desde entonces varias resoluciones en las que el magistrado fue insistiendo sobre la obligación del Estado de cancelar las deudas con los prestadores.
El conflicto se originó en un amparo colectivo promovido por personas con discapacidad, familiares e instituciones que denunciaron demoras en los pagos de prestaciones financiadas por el PAMI y por Incluir Salud.
En mayo, Vaca Narvaja había dictado una medida cautelar y ordenado al Ministerio de Salud, a través de Incluir Salud, y al PAMI que normalizaran los pagos en un plazo de 72 horas.
El juez consideró que las demoras podían comprometer la continuidad de tratamientos y prestaciones esenciales y advirtió sobre la situación particularmente vulnerable del colectivo alcanzado por el amparo. La orden judicial no se limitaba a resolver el reclamo de un prestador individual: alcanzaba al conjunto de personas comprendidas en la acción colectiva.
El Gobierno nacional apeló aquella resolución, pero el recurso fue concedido con efecto devolutivo. Esto significaba que la apelación no suspendía la obligación de cumplir con la cautelar mientras la Cámara Federal analizaba el planteo. En ese momento, Vaca Narvaja sostuvo que la administración nacional debía acatar la medida y que la discusión sobre la apelación no modificaba esa obligación.
La controversia avanzó luego hacia una sentencia de fondo. En junio, el juez volvió a ordenar que se regularizaran los pagos de las prestaciones previstas por la ley 24.901. Uno de los elementos que tuvo en cuenta fue que el Estado había acreditado pagos correspondientes a algunos períodos, pero no había demostrado, según la resolución, que hubiera normalizado la situación para todo el universo alcanzado por el amparo.
En aquella resolución, Vaca Narvaja también incorporó la situación informada por distintas instituciones de Córdoba. Prestadores como Apadim, el Pequeño Cottolengo Don Orione y la Asociación Civil Alegría habían denunciado atrasos acumulados durante varios meses. Las entidades plantearon que las demoras estatales les generaban problemas para afrontar salarios, aportes, proveedores y otros costos indispensables para sostener las prestaciones.
El caso del Cottolengo fue uno de los ejemplos utilizados en el expediente. La institución informó que había tenido que afrontar intereses ante ARCA por aportes y contribuciones que no había podido cancelar a tiempo debido a los atrasos en los pagos. Para el juez, esos elementos mostraban que el problema no era solamente administrativo o contable, sino que tenía consecuencias concretas sobre el funcionamiento de las instituciones que atienden a personas con discapacidad.
La última decisión de Vaca Narvaja agrega una nueva dimensión al conflicto por el financiamiento de las prestaciones de discapacidad.
