El gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio solicitó a los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia la nulidad de 770 contratos ilegales que generaron un perjuicio millonario al Estado provincial entre 2008 y 2018. La medida es parte de un proceso administrativo que va en paralelo a una causa judicial que investigó contratos truchos en la Legislatura de esa provincia. “La política no puede quedarse con los brazos cruzados y mirar al costado”, dijo el mandatario sobre la causa de los contratos truchos, y recordó que «lo primero que hicimos frente a este tema fue bajar a la mitad los contratos de las Cámaras de Diputados y de Senadores”.
La causa de los contratos truchos la llevó adelante la ex fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche que es la misma que investigó al ex gobernador del PJ Sergio Urribarri quien fue condenado por peculado y enriquecimiento ilícito. Por la causa de los contratos la fiscal fue desplazada de manera irregular por un jury de enjuiciamiento. Pero el año pasado al Corte Suprema anuló la destitución de la fiscal,
Acompañado por la vicegobernadora y quien preside la Cámara de Senadores, Alicia Aluani, y el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, el gobernador Rogelio Frigerio ofreció una conferencia de prensa en la que comunicó que, tras un “exhaustivo análisis” de los contratos realizados entre 2008 y 2019, solicitó a los presidentes de ambas cámaras que declaren la nulidad 770 contratos ilegales.
Posteriormente a esta decisión, la Fiscalía de Estado instrumentará los mecanismos que posibiliten la devolución del dinero. “Lo dijimos en la campaña y lo estamos cumpliendo”, aseguró, y remarcó que espera «ponerle fin a una historia en la que la política le dio la espalda a los ciudadanos frente a hechos de corrupción. Los entrerrianos somos protagonistas de una de las causas de corrupción más importantes de la historia de nuestro país, la de los contratos truchos».
“La Justicia tiene ahora que definir quiénes han sido los responsables y, por supuesto, qué pena les cabe, pero la política no puede quedarse de brazos cruzados frente a esta realidad, tiene que dejar de mirar al costado y actuar», sostuvo al mencionar que ya se ha probado que los contratos son fraudulentos.
Subrayó que además de dar de baja los mencionados contratos «estamos dando un paso más y queremos que los que les robaron la plata de los entrerrianos la devuelvan. Es un proceso que va a correr en paralelo a la investigación judicial que está en trámite. Después de la nulidad, lo que vamos a exigir es la devolución de esos recursos que nos han robado durante casi una década», concluyó.
