En una decisión que podría tener impacto sobre la ejecución de programas públicos de conectividad, el Juzgado Federal de Villa Mercedes ordenó trabar un embargo preventivo por más de $665 millones sobre fondos administrados por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), a raíz de una demanda presentada por una empresa de telecomunicaciones de San Luis que reclama el cumplimiento de un contrato financiado con recursos del Fondo de Servicio Universal.
La medida cautelar fue dictada en el marco de una causa iniciada por San Luis CTV S.A., una firma radicada en Villa Mercedes dedicada a la prestación de servicios de internet y televisión paga, que sostiene que el organismo regulador habría incumplido obligaciones asumidas en un convenio firmado en septiembre de 2023 para ampliar la infraestructura de conectividad en barrios populares de la provincia.
La compañía reclama que el Enacom actualice los montos comprometidos para la ejecución de las obras, afectados por el proceso inflacionario, y sostiene que las demoras administrativas del organismo le habrían ocasionado importantes perjuicios económicos.
Según surge del expediente, la empresa reclama una “adecuación contractual” por $545,6 millones y además plantea una serie de daños derivados de la demora en los desembolsos, la aprobación de rendiciones de cuentas, el mantenimiento de garantías y la pérdida de ingresos proyectados por la postergación de las obras.
El proyecto había sido aprobado mediante una resolución del Enacom dentro de un programa destinado a financiar el despliegue de redes de acceso a internet en barrios incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), utilizando recursos provenientes del Fondo de Servicio Universal, una herramienta creada por la Ley Argentina Digital para promover el acceso a las telecomunicaciones en zonas con déficits de conectividad.
La empresa sostuvo que el organismo habría incumplido las cláusulas contractuales que preveían la actualización de los montos mediante índices oficiales de precios. Según la presentación judicial, pese a haber solicitado reiteradamente la adecuación económica prevista en el convenio, el pedido nunca fue resuelto.
Como argumento adicional para justificar la cautelar, la firma señaló que existía riesgo de que los recursos del fondo fueran reasignados o se vieran afectados por los cambios introducidos en la administración de fondos fiduciarios dispuestos por el Gobierno nacional.
La defensa del Enacom rechazó las acusaciones y sostuvo que las solicitudes de actualización requerían análisis técnicos y económicos adicionales. También argumentó que la aceleración inflacionaria había provocado que muchos proyectos excedieran los topes máximos previstos para el programa, lo que obligó al organismo a revisar integralmente las solicitudes de recomposición de montos.
Además, el ente planteó una excepción de incompetencia y sostuvo que cualquier controversia derivada del convenio debía tramitarse ante los tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires, tal como había sido pactado en el contrato suscripto entre las partes. Sin embargo, el juez federal de Villa Mercedes rechazó ese planteo y confirmó la competencia del tribunal para intervenir en el caso.
Al analizar la cautelar, el magistrado consideró acreditados de manera preliminar los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora exigidos por la legislación vigente. En particular, destacó la existencia de un contrato vigente, los reclamos administrativos formulados por la empresa y el riesgo de que una eventual sentencia favorable perdiera eficacia por el paso del tiempo y el contexto económico.
La resolución ordenó trabar un embargo preventivo por $545.678.008 más otros $120 millones destinados a cubrir intereses y eventuales acrecidas, totalizando $665.678.008 sobre los fondos y activos del Fideicomiso de Administración Argentina Digital, que administra recursos vinculados al Fondo de Servicio Universal.
La medida tendrá vigencia por seis meses y fue condicionada a que la empresa constituya una contracautela por $90 millones, mediante depósito, seguro de caución o garantía equivalente.
