Al concluir un encuentro nacional de tres días en Luján, la Comisión Episcopal de Migrantes e Itinerantes expresó su preocupación por “el aumento del rechazo infundado y arbitrario hacia las personas migrantes en la frontera, como así también los supuestos operativos de control migratorio, que parecieran responder más a una estrategia de comunicación política que a la acción de un estado garante de derechos”.
El organismo episcopal, que preside el arzobispo de Corrientes, monseñor José Adolfo Larregain, expresó que la “dura realidad de la población se complejiza en el caso de las personas migrantes y cuestionó el decreto 366/2025, que endurece los requisitos para obtener la ciudadanía argentina.
“A partir de los cambios en la legislación, muchos migrantes enfrentan una situación de vulnerabilidad generada por los cambios en la normativa migratoria. La incertidumbre en los procesos de regularización y el cambio de categorías generan un temor constante a la expulsión, obstaculizando el acceso a derechos fundamentales como el documento de identidad, la salud, la educación y el trabajo digno”, señala la comisión episcopal.
Los obispos de la comisión advierten, también, que “en una realidad cada vez más compleja, el acceso a un trabajo digno se vuelve difícil de alcanzar para las grandes mayorías”, a lo que se suma “la creciente dificultad de acceder a un servicio de salud de calidad para las familias, situación que resulta aún más desesperante para las personas con discapacidad”.
La Iglesia observa un desplazamiento de personas que se trasladan a la zona de explotación de hidrocarburo no convencional, así como en la búsqueda de trabajo en el sector portuario; con la ilusión de un empleo rápido. Pero advierte que “se encuentran con un escenario hostil y muchas veces expuestos a abusos de todo tipo”.
“Esto nos urge a redoblar esfuerzos en el acompañamiento con cercanía, orientación clara y una profunda responsabilidad pastoral”, concluyen los obispos.
Ante esta dura realidad, la Comisión Episcopal de Migrantes e Itinerantes asume el compromiso de seguir caminando juntos en la construcción de planes para la atención pastoral de las familias migrantes. Soñamos y trabajamos para que nuestras comunidades no sean lugares de acogida asistencial, sino espacios integrales que protejan la dignidad humana y fomenten la “cultura del encuentro” frente a la del descarte”.
La declaración añade que ello implica “reconocer al migrante, no como una carga, sino como una persona con dones que enriquece a la comunidad”.
“Nuestra misión –concluye el pronunciamiento- es trabajar para garantizar sus derechos, su identidad y su participación activa, propiciando espacios en los que pueda celebrar su fe. Los migrantes y refugiados pueden convertirse hoy en misioneros de esperanza”, en sintonía con el mensaje del papa León XIV para la 111ª. Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, celebrada en octubre pasado.
