SANTIAGO DE CHILE.– Hace un par de días, los chilenos que veían los programas matinales de televisión se sorprendieron con una escena poco habitual. En una transmisión casi simultánea, más de 50 vehículos, helicópteros y un despliegue de uniformados escoltaban a 687 reos rumbo a la cárcel La Laguna de Talca, ubicada a unos 250 kilómetros al sur de Santiago.
Lo que mostraban las imágenes no era el informe preparado por un programa ni una reconstrucción posterior, sino el despliegue en directo de la Operación Cancerbero, el plan del gobierno del presidente, José Antonio Kast, para trasladar a internos de alta peligrosidad desde distintas cárceles y concentrarlos en La Laguna. El operativo fue la expresión televisiva de una ofensiva mayor: la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), un paquete de más de 30 iniciativas para endurecer la política de seguridad.
La apuesta busca algo más que exhibir control. Kast intenta recuperar terreno después de que su aprobación en Cadem cayera desde 57% a mediados de marzo hasta 37% a comienzos de agosto, mientras Criteria la situó en 35% en su medición del día 13. El operativo le devolvió algo de aire: en la encuesta Cadem del 16 de agosto la aprobación subió a 41%. Pero las atribuciones extraordinarias incluidas en la reforma reunificaron a la izquierda, abrieron una fractura en la derecha y desplazaron la discusión desde el combate al delito hacia las libertades individuales y la concentración de poder.
La difusión de Cancerbero fue parte de ese intento por retomar la iniciativa. El gobierno transmitió el operativo durante más de 200 minutos por YouTube y publicó videos musicalizados, uno de ellos con “Bye Bye Bye”, de NSYNC. La puesta en escena fue comparada con el estilo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. “Aquí cambió la mano”, señaló el subsecretario de Justicia, Luis Silva, al defender la difusión del operativo.
“En esta área, en buena medida, se juega el éxito del presidente Kast”, apunta Alejandro San Francisco, historiador y académico de la Universidad de Tarapacá, quien añade que como la seguridad fue la bandera central de la candidatura del líder de derecha, ahora la usará “para ordenar la agenda del gobierno”.
Un nuevo estado de excepción
El punto más controvertido está en la reforma que acompaña la ACOT. Sus ocho modificaciones constitucionales incluyen una figura de excepción que el presidente podría declarar por 120 días y renovar por otros 120 sin autorización del Congreso. Durante ese período podría detener, trasladar o relegar a quienes considere sospechosos, impedirles entrar o salir del país e interceptar comunicaciones privadas.
Otra enmienda habilitaría al legislador para privar durante 15 años de derechos sociales, como salud, educación, trabajo y previsión, a condenados por crimen organizado o terrorismo, aun después de cumplidas sus penas. El paquete llegó al Congreso más acotado de lo que anticipaban los borradores: La Moneda redujo las medidas de once a ocho tras una semana de ruido interno.
“Las facultades invasivas de las libertades constitucionales que este nuevo estado de excepción contempla son mucho peores que las que autoriza el ‘estado de sitio’”, advierte Javier Couso, director del Doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales y experto en constitucionalismo.
“Esto supone pasar desde fortalecer las capacidades ordinarias del Estado para ampliar las facultades extraordinarias del ejecutivo, lo que explica buena parte de la controversia que presenta la implementación de la agenda”, señala Hugo Contreras, docente investigador del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo.
“No veo una ruptura total con lo que Chile venía haciendo”, afirma Luis Toledo, director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián. “El cambio con la administración Kast está en la intensidad, en la prioridad política y en la pretensión de integrar esas herramientas dentro de una estrategia mucho más amplia de recuperación del control territorial”, añade.
Además de la reforma constitucional, el plan busca agilizar 19 proyectos de ley que ya estaban en el Congreso y presentar otros nueve. Las medidas apuntan al endurecimiento de penas y al control migratorio. También amplían la participación militar en las fronteras y contemplan presencia policial permanente en 50 barrios críticos.
Las encuestas muestran el respaldo y también su frontera. Cancerbero alcanzó 93% de aprobación y la requisa de bienes de bandas criminales, 88%. Pero la interceptación de comunicaciones recibió 46%; la restricción del tránsito, 40%, y la limitación del derecho de reunión, 27%.
Cuando Cadem consultó por el estado de excepción decretado únicamente por el presidente, el respaldo cayó a 37%; con aprobación del Congreso, subió a 52%. La demanda por seguridad persiste, pero encuentra un límite cuando se reducen los contrapesos. Criteria matiza ese cuadro desde otro ángulo: puesta a elegir, la ciudadanía prefiere seguridad antes que libertad por 73% contra 27%, aunque un 54% considera que la gestión del gobierno en la materia ha sido peor de lo que esperaba.
San Francisco agrega otro punto: la posibilidad de que el presidente califique qué grupo puede ser considerado criminal o terrorista. “Ambas normas dan un poder extraordinario al poder ejecutivo y podría representar un riesgo, como lo han hecho ver no solo detractores, sino también partidarios del gobierno”, advierte.
Ese límite reunificó a la izquierda. Seis partidos de la oposición crearon una comisión para coordinar su respuesta. El expresidente Gabriel Boric calificó la propuesta como “una limitación de libertades inédita que no se había visto en la democracia chilena”.
La fractura en la derecha
Los reparos también cruzaron hacia el oficialismo, y con más fuerza de la prevista. El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, sostuvo que en las condiciones actuales su partido no puede apoyar reformas constitucionales que, a su juicio, dañan la institucionalidad. La senadora Andrea Balladares, líder de Renovación Nacional (RN), respaldó esa posición.
Desde el Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser cuestionó la duración y las facultades del nuevo estado de excepción y no descartó rechazar la reforma si no se le introducen límites. El presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, advirtió que la fórmula elegida por La Moneda le pone el sistema cuesta arriba al propio gobierno.
“Hay una preocupación, por ejemplo, respecto a la duración de este nuevo estado de excepción constitucional o por la posibilidad de interceptar las comunicaciones sin un control jurisdiccional”, dice Gonzalo Blumel, exministro del Interior y referente de Evópoli.
Kast salió a responder. El presidente sostuvo que Ramírez fijó su posición sobre un borrador y no sobre el texto definitivo, defendió que la iniciativa no constituye una megarreforma constitucional y calificó de apresurado dar los votos por perdidos.
Las objeciones de juristas, actores sociales y sectores de derecha “sugieren que el proyecto de reforma constitucional deberá ser abandonado por el gobierno”, sostiene Couso.
De igual modo, la aritmética obliga a Kast a negociar. Una reforma constitucional necesita cuatro séptimos de los legisladores en ejercicio: 89 votos en la Cámara de Diputados y 29 en el Senado. El oficialismo cuenta con 67 diputados y 23 senadores, por lo que no puede aprobarla solo. El proyecto empezó su trámite en la Cámara alta.
“La prueba de fuego se presenta cuando las decisiones pasan a ser políticas de Estado y no solo convicción de una administración”, complementa San Francisco. Por ahora, la prueba es más inmediata y se mide en votos: para llegar a 29 en el Senado, Kast necesita que lo acompañen los mismos partidos que hoy le ponen condiciones.
