En menos de una semana, Estados Unidos dio dos señales de respaldo a la Argentina en el juicio que enfrenta en Nueva York por la expropiación de YPF. El Departamento de Justicia solicitó intervenir en defensa del Estado argentino en la audiencia prevista para el próximo 16 de abril, en la que se analizará la orden de primera instancia que obliga a entregar el 51% de las acciones de la petrolera a los fondos demandantes.
La semana pasada además, el Departamento de Justicia había presentado un escrito ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, a cargo de la jueza Loretta Preska, en el que respaldó la posición argentina frente al pedido de desacato y sanciones impulsado por los demandantes en el marco del proceso.
El litigio por la expropiación de YPF avanza en distintos frentes. Por un lado, en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, tanto la Argentina como los fondos Burford —que adquirió los derechos de litigio en la quiebra de las empresas Petersen Energía— y Eton Capital aguardan la resolución sobre el fallo de fondo que condenó al Estado a pagar más de US$16.100 millones.
En paralelo, los fondos buscan ejecutar esa sentencia. A diferencia de lo que ocurre en la Argentina, en Estados Unidos una condena de primera instancia no se suspende automáticamente por el solo hecho de ser apelada: es el juez quien decide si concede o no ese beneficio.
En ese contexto, la jueza Preska ordenó que el Estado argentino pague mediante la entrega de las acciones de YPF que posee. La decisión fue apelada y el caso llegó al Segundo Circuito, donde el 16 de abril se celebrará una nueva audiencia ante un panel de tres jueces distinto del que analiza la cuestión de fondo, para escuchar los argumentos de las partes.
Para esa audiencia, la defensa argentina solicitó tiempo adicional para su exposición. “Esta nueva acción de apoyo del gobierno de Trump es histórica en un litigio de esta naturaleza y representa un segundo signo de respaldo contundente en menos de una semana”, señaló la Procuración del Tesoro.
Ese mismo día también se debatirá el alcance del proceso de discovery solicitado por los demandantes para identificar bienes potencialmente embargables. Los fondos pidieron información para determinar si YPF, Enarsa, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas o el Banco Central (BCRA) pueden ser considerados “alter ego” del Estado argentino. Para sostener esa hipótesis deben demostrar que el Gobierno ejerce un control cotidiano y tan intenso sobre la gestión de esas entidades que su funcionamiento resulta indistinguible del de un ministerio.
Con ese objetivo, solicitaron acceso a correos electrónicos y mensajes de chat de unos treinta funcionarios y exfuncionarios. Entre ellos, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Pablo Quirno, se negaron a entregar esa información. Ante esa negativa, los demandantes denunciaron al Estado argentino por presunto desacato, cuestión que también deberá resolver la Corte de Apelaciones.
En forma paralela se tramita un tercer expediente vinculado a la presentación de la ONG Republic Action for Argentina (RAFA), encabezada por Fernando Irazú. La organización pidió suspender el avance de la causa al sostener que el Departamento de Justicia debería investigar supuestos hechos de corrupción relacionados con el ingreso del Grupo Petersen como accionista de YPF. Preska rechazó esa intervención, pero la ONG apeló y el planteo también será tratado el 16 de abril.
En síntesis, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito fijó esa fecha para analizar tres apelaciones vinculadas al caso YPF:
Mientras tanto, el país espera un fallo inminente del Segundo Circuito sobre la apelación de fondo contra la sentencia de US$16.100 millones, cuya audiencia se realizó en octubre.
