El régimen chavista de Venezuela excarceló a una periodista acusada de «terrorismo» y arrestada días después de la cuestionada reelección de Nicolás Maduro que generó protestas. Se trata de una de las personas liberadas en las últimas horas, un registro que genera discrepancias entre el oficialismo y organizaciones no gubernamentales.
Ana Carolina Guaita es reportera del portal La Patilla, crítico del gobierno, en La Guaira, donde fue detenida por agentes de inteligencia el 2 de agosto.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó en X de la liberación. «Ana estuvo presa más de cuatro meses en una sede de la Policía en Caraballeda», indicó. «Fue acusada de terrorismo, instigación al odio y obstrucción de vía pública».
Guaita cubrió el derribo de una estatua del fallecido líder socialista Hugo Chávez en esa ciudad costera vecina de Caracas durante las manifestaciones que estallaron tras la proclamación de Maduro como reelecto en las elecciones del 28 de julio.
Las protestas dejaron 27 muertos, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos, entre ellos un centenar de adolescentes.
Su excarcelación se produce horas después de que la fiscalía anunciara 200 nuevas liberaciones dentro de un plan de revisión de casos.
Según las autoridades, van 733 excarcelaciones aunque la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de «presos políticos», desestima la cifra y asegura que es menor.
Guaita es además hija del secretario general del tradicional partido Copei en La Guaira, Carlos Guaita, y de Xiomara Barreto, también dirigente de esa organización. Ambos están fuera del país y solicitados por las autoridades.
Según el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), aún permanecen tras las rejas una docena de comunicadores, entre ellos, algunos dedicados al activismo político.
Sesenta presos políticos liberados en las últimas horas y discrepancias con el número final
La ONG de Venezuela Comité por la Libertad de los Presos Políticos reportó este sábado la excarcelación de 60 «presos políticos» detenidos tras las presidenciales del 28 de julio, cuando se desataron protestas contra el resultado oficial que dio una cuestionada reelección a Nicolás Maduro.
A través de X, la organización detalló que del total de liberaciones -reportadas entre el viernes y este sábado, según familiares de los arrestados-, 37 corresponden a presos de la cárcel de Tocorón, 13 de Tocuyito y 10 de Las Crisálidas.
Según la ONG, en Tocorón y Tocuyito «están usando vehículos oficiales y ambulancias para sacar a escondidas a los presos políticos, principalmente de noche».
«Los dejan en terminales solo con lo que llevan puesto, y estos deben llamar a sus seres queridos para que los ayuden a regresar a sus ciudades de residencia», aseguró.
Los registros de liberación de presos políticos generan diferencias entre el oficialismo y el tercer sector.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos afirmó que «hay serias dudas con la cifra oficial» de 200 liberados, ya que -agregó- «no es la primera vez que se miente sobre la cantidad de excarcelados».
«Además, persiste la política de opacidad gubernamental al no ofrecerse información oportuna, pertinente, verificable de calidad y acceso libre desde las instituciones del Estado», indicó.
Asimismo, denunció que hay «prohibición» de grabar videos, dar declaraciones a la prensa y que los detenidos cuenten lo que vivieron dentro de la cárcel.
Aseguró que, además, «se coacciona a los liberados y a sus familiares», por eso -prosiguió- las organizaciones de la sociedad civil «encuentran dificultades para documentar la cantidad de excarcelaciones concretadas».
Las últimas liberaciones se han llevado a cabo en paralelo a nuevas detenciones, como las de cuatro miembros del partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado; la del exconcejal de Caracas Jesús Armas; la del alcalde de Cabimas, estado Zulia (noroeste), Nabil Maalouf; la del activista Luis Palocz, y la del dirigente campesino Carlos Azuaje.
Además, ONG, familiares y activistas denunciaron las tres muertes en prisión -una en noviembre y dos este mes- de detenidos en el contexto poselectoral, casos que la mayor coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- pide sean documentados por la Corte Penal Internacional (CPI), que investiga la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el país caribeño
Con información de agencias
