Escenas de keynesianismo explícito en un gobierno que esconde elevados umbrales de razonable pragmatismo detrás de una retórica “libertaria” principista y desbordada: con la proliferación de regímenes especiales para promover la inversión, ahora con foco en proyectos tanto acotados como enormes en industrias novedosas, se reconoce que sigue siendo muy difícil atraer capitales de otra forma e implica la elección de ganadores (y también de perdedores) en función de criterios debatibles. ¿Están elaborados a medida de intereses particulares? La presencia en nuestro medio del polémico Peter Thiel, uno de los dueños de Palantir, vinculada al aparato de seguridad y defensa de los EE.UU., genera especulaciones, algunas exageradas y hasta paranoicas, pero que deberán someterse al escrutinio de la opinión pública y de los órganos de contralor correspondientes, comenzando por el Congreso de la Nación. El intervencionismo estatista del gobierno libertario no se limita a esta controversial medida, que de todas formas nos aleja del ideal de contar con reglas económicas claras y universales para que los actores económicos tomen decisiones en función de su apetito al riesgo y de las ventajas comparativas y competitivas del país.
Tal vez gracias a este eclecticismo anticíclico y con componentes dirigistas –aunque también por las buenas nuevas que con cuentagotas aparecen en el frente económico, macro y hasta cierto punto micro– se aprecian rostros más distendidos en el oficialismo y un clima bastante menos tóxico que el que predominaba hace dos semanas. Esto, a pesar de que el intento del Gobierno de mostrarse unido y resiliente en el tedeum del 25 de Mayo, en medio de las reyertas internas y de los presuntos escándalos de corrupción para nada despejados, haya tenido resultados parciales. “Lo peor ya pasó”, afirmó un ministro que puede argumentar su optimismo durante largos minutos.
¿Certezas? ¿Ilusiones? La inercial dinámica autodestructiva en la que cayó el Gobierno entre comienzos de marzo y mediados de este mes se rompió. Hoy apuesta a que un conjunto de iniciativas parlamentarias contribuya a llevar la conversación pública hacia áreas que enfaticen los atributos positivos que los libertarios consideran característicos de su gestión: simplificarle la vida al ciudadano, romper con esa mixtura de privilegios, exageraciones y sinsentido típicas del “antiguo régimen” y, sobre todo, mostrar capacidad de innovación y valentía para tratar cuestiones muy postergadas, como la inflación y los excesos regulatorios.
Esto no implica que la administración Milei haya sido capaz de recuperar aún la iniciativa política en un sentido amplio, como ocurrió, por ejemplo, durante las sesiones extraordinarias del Congreso. La esfera parlamentaria es un componente fundamental, pero no agota las múltiples dimensiones de lo político, que incluye el capital simbólico (la confianza), la influencia de los principales líderes (su imagen y prestigio) y el potencial electoral (la probabilidad de reelección). Sin embargo, no deja de tener una influencia relevante, en especial considerando que, gracias al sorprendente resultado de las elecciones de mitad de término de octubre pasado, el Gobierno puede ahora hacer valer un mayor peso relativo en materia de legisladores. Y, como con los votos que obtuvo Carlos Mahiques en el Senado, puede demostrar su capacidad para obtener apoyos de otros bloques y hasta de fragmentar a UP.
Este caleidoscopio singular que es el Gobierno, en el que las cuotas de realismo y especulación electoral justifican estos manotazos para acelerar la recuperación del humor social y un eventual apoyo electoral, que acostumbró a sus votantes y a la sociedad a una retórica saturada y maximalista, deberá demostrar que puede renovar sus anclas discursivas sin que eso implique pérdida de entusiasmo, compromiso ni dramatismo, ese sentido casi de epopeya refundacional que Milei imprime a su discurso. Cuenta para ello con la colaboración de sus adversarios, que, impotentes y estériles, se empeñan a diario en exponer su incapacidad para articular ideas diferenciales creíbles y alineadas con las prioridades de la ciudadanía. La ansiada “batalla cultural” parece ganada: vastos sectores del peronismo reconocen que debe priorizarse “el equilibrio fiscal”. “No cambiaría nada de lo que hizo (Milei)”, aseguró el mismísimo Aníbal Fernández. Si las fuerzas de oposición carecen de propuestas alternativas seductoras y además validan los objetivos e instrumentos del severo ajuste implementado durante esta experiencia libertaria, Milei y su entorno parten con ventaja de cara a las elecciones del año próximo.
El peronismo sufre semejante crisis de credibilidad (y de identidad) que el mercado no parece tomar muy en serio su aparente giro ortodoxo. ¿Tal vez porque Axel Kicillof se afirma como su candidato más firme? Los intentos de “pepemujicar” al gobernador bonaerense, mate mediante, no estarían dando muchos resultados. “Le falta un (Danilo) Astori”, afirmó un dirigente radical norteño que reconoció que Gildo Insfrán, entre otros, arriman potenciales referentes locales al MDF (Movimiento Derecho al Futuro), utilizando al pragmático y confiable dirigente socialista uruguayo, un economista serio que ocupó varios cargos de relevancia: fue ministro de Economía (2005-2008, 2010-2015) y vicepresidente de la república (2015-2020), y que falleció poco antes de que asumiera Milei, en diciembre de 2023.
En efecto, los inversores (financieros y de la economía real) plantean dudas ya no solo respecto de qué sucederá luego de octubre de 2027 ante una eventual derrota oficialista, sino en torno a por qué el Gobierno no hace lo prometido, en particular las reformas estructurales, que brillan por su ausencia, con la parcial excepción de la laboral. Nótese que el FMI avivó el debate sobre los imprescindibles cambios en materia tributaria. El Gobierno anunció una baja de las retenciones para el campo (Sergio Iraeta obtendrá el aplauso que añora cuando el sector recupere rentabilidad) y algunas industrias, pero se niega a dar el debate central.
El FMI también apuntó en su reporte de la semana pasada que es aún más importante impulsar una reforma previsional integral: el sistema actual está quebrado y la falta de solidez intertemporal en materia fiscal requiere una solución definitiva, que deberá contemplar el cambio en la edad jubilatoria. A una relación explosiva entre trabajadores activos y pasivos debe agregarse el hecho de que en los últimos 30 meses se perdieron más de 200.000 puestos laborales formales. Traducido: hay menos aportantes para más jubilados.
Puede argumentarse que la ley de lobby, la ley de etiquetado y la ley de ludopatía apuntan a cuestiones importantes y que, a diferencia de la reforma política, lograrían más apoyo en el Congreso. Pero la pregunta es por qué el Gobierno arrastra los pies con las cuestiones de fondo. “Si avanzara con todo durante el primer mandato, se quedaría sin nada para prometer durante la próxima campaña”, sugiere un exministro de Carlos Menem. ¿La política se impone a la economía?
