El recorte de subsidios eléctricos previsto en el proyecto de Presupuesto 2027 exigiría aumentos del 26% en las facturas de los hogares que reciben asistencia estatal, del 19% para los comercios y del 9% para los usuarios residenciales sin subsidio, si los costos de abastecimiento se mantuvieran constantes. Así surge de una estimación de Economía y Energía para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Es decir, el ajuste porcentual más alto se lo llevarían los segmentos de menores ingresos.
“El costo de abastecimiento no va a mantenerse en el promedio de enero-agosto de 2026”, respondieron fuentes oficiales a LA NACION. Sostuvo que las condiciones hidrológicas actuales difieren de las de la primera mitad del año y que, pasado el pico invernal, baja la presión sobre el mercado spot, donde los precios varían según la oferta y la demanda.
El proyecto prevé una inflación del 18% interanual para diciembre de 2027. Si el Estado aporta menos, los usuarios deben cubrir más del costo energético, salvo que ese costo baje.
Según los datos oficiales incluidos en el informe de Jefatura de Gabinete presentado en abril, 8,73 millones de usuarios eléctricos recibían subsidios, el 53% del total informado. Otros 7,74 millones no contaban con esa asistencia.
La cuenta de Economía y Energía parte de una relación sencilla: si producir y abastecer la electricidad cuesta lo mismo, pero el Estado aporta menos, los usuarios deben pagar una proporción mayor. Por eso los hogares subsidiados afrontarían un incremento porcentual más alto, aunque sus facturas seguirían siendo menores que las de quienes no reciben asistencia para un mismo consumo.
Los cálculos comparan las metas del proyecto de Presupuesto 2027 con las tarifas promedio de enero a agosto de 2026. Para los hogares, consideran un consumo de 250 kilovatios hora (kWh) mensuales, cercano al promedio, según Economía y Energía. No son aumentos anunciados ni una proyección completa de las facturas: muestran el efecto eventual que generaría el recorte de subsidios, sin incorporar otros ajustes.
En los ejemplos, una factura mensual con impuestos de un hogar subsidiado pasaría de $26.986 a $34.020: unos $7000 adicionales. Para uno sin asistencia, con el mismo consumo, subiría de $49.097 a $53.733, alrededor de $4600 más. Un comercio que consume 492 kWh por mes pasaría de $153.225 a $182.274, una diferencia de unos $29.000. Los importes toman aquella base promedio, no los cuadros tarifarios actuales, y no contemplan un consumo mayor.
“Solo reflejan el aumento por la disminución de subsidios, no contemplan la actualización por otros conceptos”, aclaró Patricia Charvay, de Economía y Energía. Nicolás Arceo, de la misma consultora, añadió: “Asimismo, una eventual variación del tipo de cambio implicaría un aumento adicional”. También habría que incorporar los ajustes en distribución, transporte y los restantes componentes de la tarifa.
El Presupuesto prevé que los hogares subsidiados paguen el 64,27% del costo de abastecimiento de la electricidad; los que no reciben asistencia, el 94,62%, y los usuarios no residenciales, el 99,75%. En términos simples, por cada $100 de costo energético, los primeros cubrirían unos $64 y el Estado los $36 restantes. Esa cuenta corresponde a la energía, no a toda la factura, que incluye otros cargos (como transporte y distribución). Por eso, aunque el cambio del precio de la energía sería uniforme en el país, el impacto final variaría entre distribuidoras.
Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, de la UBA y el Conicet, las partidas seleccionadas de subsidios a la energía y el transporte bajarían de US$5200 millones en 2026 a US$4400 millones en 2027: un recorte de US$800 millones. El grueso del ajuste se concentra en Cammesa, la administradora del mercado eléctrico. Economía y Energía calculó que las transferencias a esa compañía caerían alrededor del 45%, a US$1779 millones.
El planteo llega después del fuerte ajuste aplicado desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026, la canasta de servicios públicos del AMBA que releva el IIEP aumentó 867%, frente a una inflación estimada del 254%. Incluye electricidad y gas sin subsidios, agua y transporte. En ese período, el gasto en electricidad subió 388%; en gas, 1639%; en agua, 538%, y en transporte, 1479%.
En septiembre, esa canasta costó $268.405 mensuales. Frente al salario promedio registrado estimado de $2.024.647 que consignó el informe, equivale al 13,3%: alrededor de $13 de cada $100 de ese ingreso. El transporte explica casi la mitad del gasto. Es una referencia para un hogar sin subsidios energéticos, no una medición del peso de los servicios sobre los ingresos de todas las familias.
Sin embargo, este año el encarecimiento de la energía asociado a la guerra entre Estados Unidos e Irán frenó el recorte de la asistencia. Trasladar por completo los mayores costos habría presionado sobre las facturas y la inflación. El Gobierno mantuvo o reforzó bonificaciones extraordinarias durante el invierno para amortiguar el impacto. Entre enero y agosto, los subsidios energéticos alcanzaron US$3254 millones, un 40% más que un año antes, según Economía y Energía, principalmente por las transferencias a Cammesa.
Una baja de los costos aliviaría el ajuste de 2027, pero no necesariamente lo eliminaría. Incluso si abastecer la electricidad costara 20% menos, las facturas de los hogares subsidiados necesitarían subir 10% y las de los comercios, 6%, para alcanzar las metas del Presupuesto. Los hogares sin asistencia tendrían una baja del 8%, siempre sin contar otros ajustes.
La aplicación de esas metas está en duda. “Consideramos poco probable que se aplique la reducción de subsidios prevista en el Presupuesto, particularmente teniendo en cuenta el escenario electoral y el objetivo explícito de reducir la inflación”, sostuvo Arceo.
