Pese a contar con dictamen favorable para ratificar la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), el Gobierno decidió congelar por ahora su tratamiento en el recinto de Diputados. La Casa Rosada espera primero una definición de Estados Unidos sobre los compromisos asumidos en materia arancelaria dentro del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI), luego de que la Justicia norteamericana pusiera en duda parte del esquema impulsado por Donald Trump.
El tratado debía haber sido ratificado antes del 30 de abril, de acuerdo con el cronograma acordado por Javier Milei y Trump cuando firmaron el ARTI en febrero. Sin embargo, las dificultades legislativas locales y la incertidumbre judicial en Estados Unidos demoraron el cumplimiento de ese compromiso. Aun así, Washington retiró recientemente a la Argentina de la Priority Watch List, la lista de países observados por deficiencias en materia de propiedad intelectual.
Según pudo saber LA NACION, la administración norteamericana ya concluyó la investigación prevista sobre prácticas que distorsionan el comercio. Como resultado, resolvió mantener para la Argentina un arancel general del 10%, en línea con lo previsto en el acuerdo.
La decisión fue publicada de manera provisoria en el Federal Register por un plazo de 30 días para recibir comentarios. Si el cronograma se mantiene, la medida quedará firme antes de fin de julio y comenzará a regir a principios de agosto. La expectativa del Gobierno argentino es que esa resolución también incluya la eliminación de los aranceles recíprocos para 1675 productos nacionales de distintos sectores productivos.
De confirmarse ese esquema, en la Casa Rosada consideran que quedará despejado el camino para avanzar con el resto de los compromisos asumidos en el acuerdo bilateral, entre ellos la ratificación del PCT.
La cautela oficial responde al escenario judicial abierto en Estados Unidos. La Corte Suprema norteamericana declaró ilegales los aranceles impuestos por Trump al considerar que el presidente había excedido las facultades que le otorgaba la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Posteriormente, otra instancia judicial (la Corte de Comercio Internacional) observó los aranceles de emergencia que impuso por 150 días.
“Con cualquier esquema legal la Argentina termina pagando un arancel del 10%, mientras que Brasil llegó a enfrentar un 50% y ahora quedaría en 37,5%”, resumió un referente del Poder Ejecutivo.
En el Gobierno destacaron que, pese a estas revisiones, avanzaron con otras medidas vinculadas a la agenda de propiedad intelectual. Entre ellas, la derogación de la resolución conjunta que restringía el patentamiento de desarrollos biotecnológicos.
“Al igual que ocurre con el sector farmacéutico, estas son cuestiones sustantivas sobre qué puede o no patentarse y que tienen tanto o más impacto que los aspectos procedimentales”, explicó a LA NACION un funcionario que sigue de cerca las negociaciones.
El tratado
En mayo, el oficialismo obtuvo dictamen para la adhesión argentina al PCT en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria.
El despacho de mayoría reunió 57 firmas con el respaldo de La Libertad Avanza (LLA) y bloques aliados, aunque introdujo modificaciones sobre la media sanción aprobada por el Senado en 1998. Al tratarse de un tratado internacional, la iniciativa nunca perdió estado parlamentario.
Si Diputados aprueba el texto modificado, deberá volver al Senado para su sanción definitiva.
La principal modificación incorpora una reserva sobre el Capítulo II del tratado, uno de los puntos más cuestionados por la industria farmacéutica nacional. Ese apartado habilita al INPI a utilizar informes técnicos no vinculantes elaborados por oficinas de patentes extranjeras para analizar solicitudes de registro.
La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), principal opositora al proyecto, sostiene que esos informes podrían terminar condicionando las decisiones locales y facilitar la aprobación de patentes que actualmente son rechazadas por la legislación argentina.
Qué cambia
El objetivo del PCT es incorporar a la Argentina al principal sistema internacional de cooperación en materia de patentes. Hoy es el único país del G20 que permanece fuera del acuerdo y uno de los pocos de la región que todavía no adhirió.
Según el Gobierno, la ratificación simplificaría y reduciría significativamente los costos del registro internacional de patentes.
Actualmente, un inventor argentino dispone de 12 meses para decidir en qué países protegerá su invención. Con el PCT, ese plazo se extendería a 30 meses, otorgándole más tiempo para conseguir financiamiento, analizar mercados y definir una estrategia comercial antes de afrontar los costos de la protección internacional.
Además, el trámite podría iniciarse directamente desde la Argentina, a través del INPI, sin necesidad de recurrir a oficinas extranjeras. En algunos casos, aseguran en el oficialismo, los costos internacionales podrían reducirse hasta un 90%.
El impacto sería especialmente relevante para los sectores agropecuario -por los desarrollos vinculados a semillas y biotecnología- y farmacéutico.
Precisamente allí se concentra la principal resistencia. CILFA advierte sobre el riesgo de facilitar el llamado evergreening, una práctica mediante la cual las grandes compañías extienden la vigencia de sus patentes introduciendo modificaciones menores sobre medicamentos existentes -por ejemplo, cambiar una formulación oral por una inyectable-. Según los laboratorios nacionales, una mayor influencia de criterios internacionales podría favorecer ese mecanismo, reducir la competencia de medicamentos genéricos y encarecer los precios.
Como antecedente, recuerdan que India incorporó una exigencia específica para admitir este tipo de patentes: demostrar una “eficacia terapéutica mejorada”. Con ese mismo objetivo, impulsaron que la adhesión argentina incluya reservas, siguiendo un esquema similar al adoptado por Uruguay, para preservar la capacidad del país de aplicar criterios propios sobre patentabilidad.
