El financista Francisco Hauque concretaría este miércoles un paso decisivo en la causa judicial que investiga el entramado de corrupción y lavado de activos en torno al Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). 

Su abogado se presentaría ante la fiscalía de Franco Picardi para exponer la voluntad de su cliente de acogerse al régimen del imputado colaborador, una figura contemplada para quienes aportan información clave para el avance de la causa a cambio de beneficios procesales.

Según pudo saber Tribuna de Periodistas, el testimonio de Hauque apuntaría a revelar los mecanismos de una supuesta red de recaudación ilegal que funcionaba con la protección de los más altos funcionarios públicos, posando la responsabilidad en el expresidente Alberto Fernández, el exministro de Economía Sergio Massa y el exsecretario de Comercio Matías Tombolini.

Por estas horas, cabe destacar que el expediente investiga maniobras desplegadas entre 2022 y 2023, por las cuales se cobrarían retornos a empresas con el fin de agilizar los permisos de importación y en el posterior desvío de fondos hacia el mercado informal.

En este contexto, la estructura del SIRA funcionaba presuntamente como el filtro que forzaba a los importadores a negociar con intermediarios financieros para acceder al dólar oficial.

Las últimas declaraciones del financista pusieron la mira sobre los más altos funcionarios del Gobierno anterior al señalar que la cúspide del gobierno coordinaba la aceleración de los expedientes comerciales. 

En esa línea, el relato ubica a Alberto Fernández en pleno conocimiento del circuito, indicando que el exmandatario estaba al tanto de los movimientos y que los partícipes instaban a intensificar las operaciones antes de la transición de Gobierno.

Asimismo, la hipótesis de la fiscalía roza la gestión de Sergio Massa, bajo cuya órbita se implementó el diseño del SIRA para administrar las reservas del Banco Central. 

Es por ello que la investigación busca trazar los vínculos entre los operadores cambiarios y los funcionarios del Ministerio de Economía encargados de autorizar los cupos de divisas. 

El nexo dentro de la administración pública se encuentra en la Secretaría de Comercio, entonces conducida por Matías Tombolini, el área encargada de la validación de los permisos aduaneros.

Si Hauque finalmente decide presentarse como arrepentido, se introduce un elemento de quiebre en la estrategia de defensa de todo el arco político que se encuentra bajo la lupa de la justicia.

Es que al tratarse de un eslabón de las mesas de cambio que manejaban el flujo diario, su confesión desbloquearía el principio de sospecha para transformarlo en prueba de cargo. 

La ley del imputado colaborador exige que el testimonio aporte datos precisos, lo que forzará a la fiscalía a cruzar las fechas de los permisos liberados por Tombolini con los registros de ingresos de dinero y las reuniones clandestinas ya detectadas en hoteles de lujo y oficinas.

La situación de Alberto Fernández, Sergio Massa y Matías Tombolini se verá severamente comprometida ya que la declaración del financista unirá el accionar de los intermediarios que recolectaban las coimas con la firma de los funcionarios que destrababan los expedientes, lo que cimentaría una acusación por asociación ilícita. 

Se trata de un delito que contempla penas no excarcelables, lo que acelerará los pedidos de declaración indagatoria y eventuales medidas restrictivas sobre los exfuncionarios una vez que el juzgado corrobore la veracidad de los dichos de Hauque

Su testimonio, en todo caso, pretende aportar documentación de respaldo, registros de encuentros y datos precisos sobre las oficinas de Puerto Madero y el Palacio Duhau que habrían funcionado como bases para el movimiento de bolsos con dinero en efectivo. 

De ser así, la causa está a punto de explotar.