El Gobierno amplió a los establecimientos penitenciarios provinciales el procedimiento para bloquear los celulares que sean activados dentro de las cárceles. La medida alcanza a las provincias que adhieran al protocolo vigente y tendrá como objetivo impedir que los dispositivos sean utilizados para planificar o coordinar maniobras ilícitas desde los penales.
La decisión fue oficializada mediante la Resolución 734/2026 del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), publicada este jueves en el Boletín Oficial. A través de la norma se modificó el procedimiento que regula el bloqueo de terminales denunciadas por robo, hurto o extravío y la identificación de equipos con irregularidades.
A partir del cambio, las empresas prestadoras de servicios de comunicaciones móviles deberán bloquear el código único de cada equipo (IMEI), el código de la tarjeta SIM (IMSI) y la línea telefónica asociada a los dispositivos que se activen dentro de las áreas de detención o en sectores de acceso restringido al público.
El procedimiento ya había sido autorizado para las unidades y los establecimientos penitenciarios federales. Con la nueva resolución, también podrá aplicarse en las cárceles de las provincias que decidan adherir al protocolo aprobado por el ministerio de Seguridad de la Nación.
Los bloqueos no serán realizados de manera automática ni por decisión de las compañías. Para llevarlos adelante será necesaria una solicitud expresa del Ministerio de Seguridad, que deberá suministrar los datos correspondientes a las prestadoras. También se estableció que los pedidos efectuados por las provincias adheridas serán comunicados a las empresas exclusivamente por medio de esa cartera nacional.
La incorporación de los penales provinciales se produjo luego de una presentación del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza ante el Enacom. El organismo provincial advirtió sobre la problemática observada en sus establecimientos penitenciarios y solicitó el dictado de una norma complementaria que incluyera expresamente a las jurisdicciones que tienen a su cargo esos servicios.
La normativa también dispone que la tecnología utilizada deberá contar con los ajustes técnicos necesarios para evitar que el bloqueo afecte las comunicaciones en las áreas exteriores a los establecimientos penitenciarios.
Además, las compañías prestadoras del servicio de comunicaciones móviles tendrán que registrar y conservar todas las gestiones efectuadas, garantizando la integridad y la trazabilidad de cada intervención. Esa información deberá quedar a disposición de los usuarios o de las autoridades que la requieran.
La medida se conoce meses después de que, tal como informó LA NACION, la Justicia prohibiera el uso de celulares a cuatro detenidos acusados de integrar la Banda del Millón. El 21 de febrero de 2026, la jueza Andrea Rodríguez Mentasty ordenó decomisar los teléfonos utilizados por los señalados jefes del grupo, encarcelados por el homicidio de una jubilada en San Isidro. Los cabecillas eran acusados de organizar desde sus celdas distintos robos violentos, algunos de ellos ejecutados por menores.
