SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Tras reunirse ayer con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, los representantes de las entidades rurales de la Patagonia criticaron que se priorice “un criterio económico por sobre cuestiones sanitarias y productivas”.
Junto con el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, el bloque patagónico volvió a expresar su rechazo a la resolución 460 del Senasa que flexibilizó la llamada barrera sanitaria del Río Colorado. La resolución se mantiene vigente a pesar de las severas críticas planteadas por los productores patagónicos. Permite el ingreso de cortes con hueso plano a la región desde zonas libres de aftosa con vacunación.
Además de advertir sobre el riesgo para la sanidad animal que plantea la flexibilización de la barrera, manifestaron su preocupación por el acceso a mercados internacionales. “Como resultado inmediato, el Gobierno de Chile deberá realizar una auditoría y, en el mientras tanto, mantendrá cerradas sus importaciones provenientes de la Patagonia, generando mayor incertidumbre y comprometiendo el trabajo y la competitividad de toda la cadena agropecuaria”, señalaron los productores patagónicos.
Nora Lavayén, presidenta de la Federación de Rurales de Río Negro, dijo hoy a LA NACION: “Nuestra federación fue la primera en judicializar el tema. También lo ha hecho la Federación de Instituciones Agropecuarias Santa Cruz (FIAS) a través de un amparo y se están evaluando otras presentaciones”. Lavayén sumó que la reunión de ayer les dejó una sensación de “desazón e incertidumbre” e indicó que deben esperar la auditoría de Chile, que supuestamente llegaría en octubre.
Los productores le plantearon a Iraeta la necesidad de que, “al menos, se cumpla estrictamente con lo dispuesto en la normativa vigente respecto al empaquetado y maduración de la carne, y que se aclare la situación específica del cerdo y otras especies”.
En un comunicado tras el encuentro con Iraeta, desde CRA dijeron: “Desde Confederaciones Rurales Argentinas y las entidades presentes manifestamos nuestra profunda preocupación porque, pese a las severas críticas planteadas por los representantes patagónicos, se decidió mantener vigente dicha resolución, priorizando un criterio económico por sobre cuestiones sanitarias y productivas, con el consecuente riesgo para la sanidad animal, la producción y la apertura de mercados internacionales».
Agregaron: “No consideramos suficientemente válidos los argumentos expuestos por las autoridades para sostener esta decisión, que perjudica y pone en riesgo la sanidad de la región y su reconocimiento internacional”.
Como informó LA NACION, además de la Federación de Rurales de Río Negro, FIAS también presentó un amparo desde Santa Cruz en contra de la resolución del Gobierno.
Enrique Jamieson, presidente de FIAS, con el patrocinio del abogado Ricardo Aníbal Julián, presentó ante el juzgado federal de Río Gallegos el amparo judicial alegando la “vulneración manifiesta de derechos y garantías constitucionales, la existencia de vicios de nulidad absoluta y la afectación grave e irreparable del estatus sanitario de la región patagónica”.
