“¿Cómo lo llevo? Tranquilo, no estoy imputado, nada”, replicó Claudio “Chiqui” Tapia cuando LA NACION lo abordó en enero de este año. Pero esa tranquilidad quedó atrás. Tapia está ahora alcanzado, junto con distintos integrantes de la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por al menos media docena de investigaciones judiciales en la Argentina y Estados Unidos, que incluyen hipótesis de presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito, evasión tributaria y apropiación indebida de aportes y tributos.
En Estados Unidos, fiscales federales y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) contactaron a exfuncionarios y exempleados jerárquicos de la AFA. Buscan reconstruir desde adentro —y bajo reserva— cómo funcionaron la estructura de decisiones y los circuitos financieros de la entidad que lideran Tapia y Pablo Toviggino, según reconstruyó LA NACION a partir de dos fuentes con conocimiento directo de esos movimientos.
Los investigadores del Departamento de Justicia mostraron particular interés en escuchar al otrora presidente ejecutivo del Consejo Federal de la AFA, Juan Pablo Beacon, quien durante años actuó como lugarteniente de Toviggino y estuvo vinculado con operaciones de la entidad por millones de dólares desde y hacia Estados Unidos. También procuran conocer qué tiene para decir Leandro Petersen, responsable saliente de las áreas comercial y de marketing de la AFA.
En la Argentina, Tapia y Toviggino enfrentan distintos frentes judiciales, aunque no en la misma condición procesal en cada uno de ellos. En el fuero en lo Penal Económico, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció a la AFA por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por al menos $19.000 millones. El juez Diego Amarante procesó a Tapia y Toviggino en esa causa, y la Cámara de Apelaciones confirmó esas decisiones, por lo que el expediente quedó encaminado hacia un juicio oral.
Dada su situación procesal, Tapia debió pedir autorización para viajar a Estados Unidos a presenciar el Mundial, mientras que Toviggino optó por quedarse en la Argentina. Al volver, el titular de la AFA protagonizó una situación confusa con autoridades norteamericanas en el aeropuerto de Nueva York, por lo que debió aclarar que el FBI no le había incautado su teléfono celular.
En el fuero federal, en tanto, la Corte Suprema debe resolver la disputa de competencia entre distintos tribunales que intervienen en la investigación sobre la propiedad de una mansión ubicada en Villa Rosa, Pilar, atribuida a Toviggino. Hasta ahora, el expediente pasó por cuatro jueces: Daniel Rafecas, Marcelo Aguinsky, Adrián González Charvay y Verónica Straccia.
La investigación tuvo un primer impulso en diciembre pasado, cuando Rafecas allanó el predio de Pilar. Días después, la Cámara Federal dispuso que el expediente tramitara en el fuero Penal Económico, donde quedó a cargo de Aguinsky. Pero González Charvay, juez federal de Campana, reclamó la causa. Aguinsky se negó a remitirla y la disputa llegó a la Cámara Federal de San Martín, que resolvió a favor de González Charvay.
González Charvay intervino en el expediente hasta mayo y también incorporó a esa pesquisa la investigación que llevaba adelante el juez federal de Quilmes, Luis Armella, vinculada con TourProdEnter. Pero la discusión por la competencia no terminó allí: después de dos decisiones de la Cámara Federal de Casación Penal —en las que el juez Mariano Borinsky votó en sentidos diferentes—, la definición quedó en manos de la Corte Suprema.
A todo esto se sumó una investigación a cargo del fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, quien solicitó la detención de Tapia y Toviggino en una causa por presunto lavado de activos y asociación ilícita. El pedido no prosperó y ambos permanecen en libertad.
En Buenos Aires, además, Tapia quedó formalmente imputado en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó en septiembre al juez Ariel Lijo más de 20 medidas de prueba para avanzar en la reconstrucción patrimonial del presidente de la AFA, entre ellas el levantamiento de sus secretos bancario, fiscal y bursátil.
Horas antes de que el fiscal Pollicita lo imputara por presunto enriquecimiento ilícito, Tapia había rectificado su declaración jurada. Añadió casi $1000 millones que no había informado en su declaración jurada patrimonial. El abogado Gregorio Dalbón, que defiende a la AFA, sostuvo que se trató de “una omisión material en una declaración administrativa”.
