Al día siguiente de que la Corte Suprema dejara firme la actualización del monto del decomiso a $684.990 millones, Cristina Fernández presentó un recurso de queja para intentar frenar la ejecución y eventual remate de los bienes alcanzados por la sentencia, una estrategia que adoptó previamente Lázaro Báez.
La Corte Suprema rechazó los planteos de nulidad y ratificó el monto actualizado que deberán afrontar los condenados, cifra que surge de la actualización de los aproximadamente $85.000 millones originalmente establecidos por el Tribunal Oral Federal N.º 2. Ahora, se analiza la etapa de ejecución patrimonial.
Entre los bienes que podrían quedar alcanzados por el decomiso figuran propiedades de Cristina en la Ciudad de Buenos Aires y Santa Cruz, hoteles vinculados a las firmas de la familia y otros activos. Ahora la defensa de la expresidente busca excluir bienes de Máximo y Florencia Kirchner.
A pesar de la presentación que hizo ahora la ex mandataria, los recursos de queja no tienen efecto suspensivo automático, por lo que la Justicia podría avanzar paralelamente con las medidas destinadas a identificar, tasar y eventualmente ejecutar los bienes alcanzados por la condena.
En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N.º 2 condenó a Cristina Fernández por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en relación con 51 contratos de obra vial adjudicados en Santa Cruz. Dicha sentencia fue posteriormente confirmada por instancias superiores y finalmente quedó firme tras la intervención de la Corte Suprema.
