Lo primero que hizo el poder después de la tragedia no fue revisar los mecanismos que permitieron que ocurriera. No fue investigar cómo ingresó BARRELIER al Estado. No fue explicar quién firmó, Y qué ni quién miró para otro lado.

En el gobierno de Llaryora lo primero fue sacar la calculadora política, porque en Argentina, cuando explota una bomba institucional, el objetivo nunca es evitar la próxima. El objetivo es medir cuántos puntos de imagen se pierden.

Y así apareció el operativo «control de daños», Ricardo Moreno (El puntero peronista que hizo entrar a Barrelier al Concejo Deliberante), salió eyectado del mismo con una velocidad desconocida para los trámites administrativos normales. Para nombrar un empleado tardan semanas. Para borrar una huella política, apenas unas horas.

La celeridad existe, simplemente se reserva para emergencias electorales, ahora bien, sacar a Moreno es como tirar por la ventana el cenicero mientras la casa sigue incendiándose, porque el problema no es Moreno. El problema es el sistema que permitió que personajes entraran al Estado sin concurso, sin evaluación, sin mérito y, aparentemente, sin que nadie considerara necesario preguntar demasiado.

Durante años nos vendieron el cuento del mérito, el mérito era para los discursos. El acomodo era para los nombramientos, en Córdoba se habla del esfuerzo como si fuera una religión provincial, pero para conseguir un cargo público muchas veces resultó más útil tener un contacto que un currículum.

Mientras miles de jóvenes estudian, hacen cursos, acumulan títulos y buscan trabajo, otros descubren que la carrera más corta sigue siendo conocer a la persona correcta, ni Harvard compite con eso. Y entonces aparece la pregunta más incómoda de todas, ¿Van a volver los concursos?…Silencio.

Porque los concursos tienen un defecto insoportable para la política, no permiten repartir favores, no permiten pagar lealtades, no permiten fabricar militantes dependientes del sueldo estatal, son peligrosamente transparentes., por eso desaparecieron.

Mientras tanto, también aparecieron algunos abogados que poseen una capacidad camaleónica extraordinaria, un día representan una posición, al siguiente representan exactamente la contraria, y al tercero aparecen casualmente alineados con los intereses del poder. No es corrupción, es gimnasia profesional de alto rendimiento, el gobernador habló sin preguntas, la nueva modalidad democrática favorita de la política argentina.

Conferencia de prensa sin prensa, diálogo sin diálogo, explicación sin repreguntas, prometió reforzar controles, la frase ya forma parte del patrimonio cultural argentino, se usa después de cada tragedia, después de cada escándalo, después de cada fracaso, y tiene la misma efectividad que prometer dieta el 31 de diciembre.

Lo interesante es que nadie explica dónde estaban esos controles antes, porque si ahora hay que reforzarlos, alguien debería admitir que antes eran una decoración, también quedó expuesto el protocolo de búsqueda de Agostina. se mecanismo que parece diseñado bajo la teoría de que el tiempo sobra, cuando desaparece un niño cada minuto vale una fortuna.

Pero ciertas estructuras estatales reaccionan con la urgencia de una oficina pública un viernes a las trece horas, y después está el Polo de la Mujer, una institución necesaria.

Fundamental, imprescindible, precisamente por eso resulta intolerable que funcione por debajo de lo que promete la propaganda oficial, porque una cosa es inaugurar oficinas, otra muy distinta es proteger personas. La política argentina adora inaugurar edificios, mantenerlos funcionando ya le genera menos entusiasmo.

Y llegamos al Poder Judicial de Córdoba, ese ecosistema donde la velocidad geológica suele ser considerada una muestra de prudencia. Los expedientes envejecen, los fiscales se jubilan, los jueces cambian, los gobiernos pasan, y la Justicia cordobesa sigue pensando si corresponde abrir una carpeta.

El jury de enjuiciamiento parece funcionar con energía solar durante un eclipse, aparece poco, y cuando aparece ya pasó media vida, los peritajes tampoco salen indemnes, durante días no se encontraron rastros del crimen de Agostina que finalmente estaban allí. Un desempeño que, trasladado a cualquier otra profesión, terminaría en despido inmediato.

Pero en el sector público argentino el fracaso rara vez encuentra responsables, siempre encuentra explicaciones, y ahí está el verdadero escándalo, porque la tragedia no terminó cuando ocurrió el crimen, la tragedia continúa cuando el sistema se niega a aprender, cuando todos buscan un culpable individual para evitar discutir las responsabilidades colectivas.

Cuando la prioridad deja de ser corregir errores y pasa a ser proteger cargos, cuando el objetivo es apagar el incendio mediático en lugar de reconstruir la casa. El gobierno de Llaryora parece desesperado por cerrar el tema, que pase la tormenta, que llegue otro escándalo, que la indignación caduque, que la memoria social haga su trabajo. Porque en Argentina existe una dependencia del Estado que nunca se discute, la dependencia que tienen muchos dirigentes de que la gente se olvide, y hasta ahora, lamentablemente, suele funcionar.