En medio de la puja por el rumbo de la política de discapacidad, que incluye una interna en el Gobierno por los recortes presupuestarios, Alejandro Vilches presentó este lunes su renuncia como secretario nacional del área, cargo que asumió tras la salida forzada de Diego Spagnuolo, en agosto del año pasado.
El Gobierno confirmó oficialmente la salida de Vilches, pero aún no dio a conocer quién será su reemplazante.
En una nota dirigida al ministro de Salud, Mario Lugones, el funcionario comunicó su decisión y pidió que fuera efectiva “a partir de este momento” por “razones estrictamente personales”.
La presentación ocurre menos de tres semanas después de que Vilches expusiera ante la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados para dar cuenta de la normalización del área y de las medidas adoptadas durante su gestión.
Su decisión se conoce, además, tras la presentación del proyecto de ley presupuesto 2027, con el que el Gobierno buscó derogar el corazón de la ley de discapacidad vigente, como el nomenclador y la actualización automática de los valores de las prestaciones.
Tras el escándalo que provocó, incluso hacia adentro del gabinete libertario, el oficialismo decidió dar marcha atrás y comunicó que trabaja en un “proyecto superador” con aliados.
Es que la inclusión de esos puntos en el proyecto de presupuesto tomó por sorpresa hasta a los integrantes de la mesa política del Gobierno y dejó expuestas las diferencias que imperan dentro del oficialismo.
La más explícita fue Patricia Bullrich. La jefa del bloque libertario en el Senado reconoció que desconocía las modificaciones pese a integrar la mesa política y reclamó corregir los problemas de coordinación. “Quedás como un tonto o como que engañás”, advirtió, y sostuvo que ese tipo de episodios “resiente las relaciones” con los bloques que después deben defender las iniciativas oficiales en el Congreso.
También habló de un “error no forzado” y apuntó a la falta de coordinación entre las distintas áreas que intervinieron en la elaboración del proyecto. La mesa política de Milei, que encabeza su hermana Karina, se reunirá mañana tras estos cortocircuitos que expuso Bullrich.
El episodio también desacomodó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que venía negociando con Pro, la UCR y bloques provinciales un esquema alternativo para discapacidad que quedó en contradicción con el texto enviado por el Poder Ejecutivo.
Tras el revuelo, los libertarios retomaron esas conversaciones y transmitieron a sus aliados que los artículos cuestionados del presupuesto serán reemplazados por lo que finalmente se acuerde en comisión.
La próxima reunión plenaria de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto será este miércoles a las 12 en la que se deberá emitir un dictamen, tal como se votó durante la última sesión en Diputados. El oficialismo necesita llegar a la próxima cumbre con un texto capaz de reunir a los bloques dialoguistas antes de que la oposición consiga imponer el suyo, que extiende la emergencia en discapacidad por otro año.
Por eso, este martes después de la mesa política los principales referentes del oficialismo en la materia se reunirán con aliados para terminar de pulir el texto en común.
El oficialismo plantea que, en vez de prorrogar una emergencia, es necesario lograr una legislación permanente para así sustituir elementos excepcionales por reglas de fondo. De esta manera, asegura LLA, podrán sacar cuentas y reflejar eso en el proyecto de presupuesto 2027, con objetivos, costos, fuentes de financiamiento y mecanismos de control.
La dimisión de Vilches abre otro frente interno en el Gobierno por la política del área. El funcionario asumió el cargo en agosto de 2025 tras la salida de Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y procesado por la supuesta compra de medicamentos para discapacitados con sobreprecios y mediante un mecanismo de cartelización.
Además, se conoció hoy que la Justicia Federal ordenó investigar al ministro de Salud Lugones y al titular del PAMI, Esteban Leguizamo, por el presunto incumplimiento de las resoluciones que dispusieron regularizar los pagos a prestadores de servicios para personas con discapacidad.
