El juez del Tribunal Oral Federal de La Pampa, Pablo Díaz Lacava, denunciado por malos tratos a sus empleados, evitó ser destituido por el Jurado de Enjuiciamiento, que rechazó por unanimidad su remoción.
Díaz Lacava, defendido por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, está procesado por lesiones y maltrato laboral. Sin embargo, los integrantes del jury entendieron que apartarlo de su cargo de juez era un “desenlace desproporcionado”.
Tras un debate en el que se escuchó a los testigos, al juez acusado, a la defensa y a la acusación del Consejo de la Magistratura, el jurado, que está compuesto por diputados, senadores, abogados y jueces, concluyó por unanimidad que en el caso fallaron los resortes administrativos dentro del tribunal para dar una solución al conflicto laboral.
El juez que estaba suspendido podrá volver a su cargo.
“El juicio político no fue concedido para transformar desajustes de gestión y convivencia en causas de remoción”, sostuvo el tribunal.
Y afirmó que “los hechos no alcanzan para dar por configurada” una causal de destitución.
En ese sentido, el jury cuestionó al Tribunal Oral Federal de La Pampa por haber fracasado en dar soluciones a un conflicto interno entre algunos empleados y uno de sus miembros y lo responsabilizó de haber derivado el asunto en una denuncia penal. Por ello, se rechazó la destitución.
Díaz Lacava es el tercer juez sometido a jury en menos de un año. En diciembre del año pasado fue destituido Martín Poderti, de un tribunal oral de Mar del Plata. El 18 de agosto pasado fue removido de su cargo el juez federal de Mar del Plata Alfredo López, acusado de proferir mensajes discriminatorios contra la comunidad judía en su cuenta de la red social X.
El juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado y con prisión preventiva, espera ser juzgado, acusado de ocultar en su currículum que había sido echado del Poder Judicial y de pedir coimas a cambio de fallos.
El Jurado de Enjuiciamiento está integrado actualmente por los jueces Marcelo Gastón Bartumeu Romero (presidente) y Néstor Pablo Barral; las senadoras María Belén Montes de Oca y María Florencia López; los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli, y la abogada Ana Beatriz Fernández.
El caso
En abril de 2023, secretarios de su tribunal acusaron a Díaz Lacava de maltrato laboral, abuso de autoridad, coacción y violencia de género.
Durante el jury, los consejeros Diego Barroetaveña y Álvaro González, como fiscales, afirmaron que el magistrado hizo vivir “un verdadero infierno” a los funcionarios y empleados de su juzgado y lo acusaron de afectar el servicio de justicia.
Pero la defensa rechazó los cargos, brindó detalles de las situaciones laborales, afirmó que “el daño no fue probado” y sostuvo que el magistrado fue alejado del tribunal con una orden de restricción, aunque siguió trabajando en todas las causas.
Asimismo, planteó que la acusación más grave, que era lanzar una piedra a los empleados, fue una broma, más allá de que no fuera de buen gusto, y minimizó varios episodios al calificarlos como desacuerdos laborales.
En su declaración ante el tribunal, Díaz Lacava pidió perdón a quienes pudiera haber ofendido y se mostró dispuesto a tomar las medidas que se le indicaran respecto a sus empleados para poder continuar en funciones.
