CÓRDOBA.- El juez federal Alejandro Sánchez Freytes procesó al camarista federal Abel Sánchez Torres por abuso de autoridad y lesiones graves agravadas por violencia de género. La situación es inédita para el fuero federal cordobés.
La causa que dio lugar a la decisión también incluía a la camarista Graciela Montesi, quien fue sobreseída en uno de los dos hechos que abarca el expediente y recibió falta de mérito por el otro.
El primero de los hechos -en el que Sánchez Torres fue procesado por abuso de autoridad- da cuenta de que, a mediados del 2023, los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Montesi (Sala A) y Sánchez Torres (Sala B) “habrían acordado manipular la integración” del tribunal con el fin de intervenir los dos en el caso “Bunge”, de evasión tributaria (compuesto por los expedientes “Padilla” de la Sala A y “Humanes” de la Sala B), “privando así de jurisdicción a los jueces que legalmente debían intervenir por subrogancia”.
El segundo hecho -por el que el funcionario fue procesado por lesiones graves agravadas por violencia de género- fue denunciado por Celina Laje Anaya, quien era secretaria de Sánchez Torres.
La mujer acusó al camarista de haberla sometido a “maltrato y violencia laboral”, de manera sistemática, recurrente y sostenida en el tiempo, “logrando de este modo dañar su salud, en represalia por haberse negado a realizar la certificación ilegítima de la Sala”.
En esa investigación puntual, Sánchez Freytes otorgó oportunamente medidas protectivas para el secretario del tribunal, Francisco Juárez Rouvier, quien declaró como testigo de Laje Anaya.
Los fiscales Pablo Turano y Maximiliano Hairabedian, en agosto, pidieron el procesamiento de los dos camaristas y el arresto domiciliario de Sánchez Torres.
Para el juez Sánchez Freytes, en los dos hechos hay pruebas suficientes para procesar al camarista. Cuando los fiscales solicitaron el procesamiento, describieron que Sánchez Torres negó los hechos atribuidos por la acusación y se abstuvo de prestar declaración por consejo de sus abogados defensores, aunque “se reservó el derecho de hacerlo en una etapa posterior luego de un examen integral de las constancias” del proceso.
Después, presentó un memorial de descargo. Los fiscales relataron que en ese documento se defendió diciendo que la integración ilegal de la sala fue “un error corregido inmediatamente cuando fue advertido”, mientras que negó haber ejercido violencia en contra de Laje Anaya.
