Según el informe publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Colombia contó en 2024 con unas 261.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca, un 3.5% más que las sembradas en 2023. El crecimiento se dio principalmente en la región Pacífico, donde el área sembrada aumentó 14%, al pasar de 107.078 hectáreas en 2023 a 121.612 en 2024.
La expansión de los cultivos ilícitos y de la producción de cocaína continúa alimentando las disputas entre grupos armados y estructuras criminales que buscan controlar corredores estratégicos, zonas de producción y rutas utilizadas para sacar la droga hacia los mercados internacionales.
La explicación del crecimiento de estos cultivos -pese a décadas de políticas antidrogas-, no puede reducirse a un solo gobierno ni a una única decisión de política pública: se trata de un fenómeno estructural en el que convergen factores de seguridad, economía, presencia estatal y dinámicas internacionales del narcotráfico.
La coca prospera donde el Estado está ausente. Allí donde las instituciones no garantizan seguridad, justicia, infraestructura, oportunidades económicas ni servicios básicos, las organizaciones criminales llenan ese vacío. No solo administran el negocio del narcotráfico; terminan gobernando territorios completos, imponiendo reglas, resolviendo conflictos y ofreciendo una economía ilegal que resulta más rentable que cualquier alternativa legal.
A eso se suma un elemento que con frecuencia desaparece del debate público: la demanda mundial de cocaína. Mientras exista un mercado internacional dispuesto a pagar altos precios por la cocaína, continuará existiendo un incentivo económico para sembrar coca. No hay actualmente ningún negocio rural que ofrezca la rentabilidad que ofrece la coca. Mientras eso no cambie, siempre habrá personas que ingresen a esa economía ilegal.
El presidente Abelardo de la Espriella ha comenzado una ofensiva militar contra los grupos armados ilegales que controlan las regiones productoras de coca y ha prometido el regreso de la fumigación aérea sobre los cultivos de hoja de coca, actividad que no fue contemplada durante el periodo del gobierno de Petro, que priorizó estrategias como la sustitución voluntaria de cultivos.
Con ese fin, el Consejo Nacional de Estupefacientes hizo oficial la resolución que pone en marcha una estrategia experimental para evaluar, bajo condiciones controladas, si la aspersión aérea puede volver a ser utilizada. Este plan contempla el uso de glufosinato de amonio, en lugar del tradicional glifosato. El nuevo químico por utilizar cuenta con el aval de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para actividades de erradicación terrestre y será ahora sometido a evaluación mediante aplicación aérea.
Con fumigación selectiva, erradicación firme, sustitución productiva real y presencia del Estado en el territorio, la estrategia del presidente De la Espriella busca romper el círculo de la coca, devolverle al campesino opciones y al país seguridad. Colombia podría empezar a revertir una historia de fracasos y demostrar que es posible sembrar legalidad donde hoy solo crece la hoja de coca.
