La Cámara de Apelaciones del distrito de Columbia confirmó el fallo por el caso de expropiación de Aerolíneas Argentinas que obliga al gobierno argentino a pagar 390 millones de dólares al fondo Titan Consortium. Este había adquirido los derechos del litigio a Burford Capital, que a su vez los compró a la firma española Marsans luego de que este grupo entrara en un proceso de quiebra.
La reestatización de Aerolíneas Argentinas formó parte de otra equivocada decisión política del gobierno kirchnerista. También comprendió otras empresas que habían sido antes privatizadas durante la gestión de Carlos Menem; entre otras, YPF y Aguas Argentinas (AySA). En su momento, el gobierno kirchnerista hizo de este proceso una apelación populista y demagógica. En estos apuros pasó por encima de las condiciones contractuales y los tratados bilaterales de inversiones. La consecuencia fue la apertura de numerosas demandas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial. Este era el órgano arbitral acordado en la mayoría de las privatizaciones, incluida la de Aerolíneas Argentinas. La Argentina se vio involucrada en 65 demandas, siendo el país con más juicios en el Ciadi, solo superado por Venezuela a partir de 2025. El gobierno nacional perdió el 86% de las causas y las condenas recaídas superan los 10.000 millones de dólares.
En 2017, el Ciadi resolvió la cuestión de Aerolíneas a favor del demandante y estableció una compensación de 320 millones de dólares más intereses. El gobierno argentino interpuso un recurso ante la Cámara de Apelaciones de Columbia, que confirmó la sentencia, elevándola a 390 millones de dólares. Ahora las autoridades nacionales analizan la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de los Estados Unidos, aunque sin el mismo peso de argumentos que permitieron modificar el fallo por YPF. Cualquiera sea el resultado, la reiteración de situaciones como esta muestran la gravedad de las violaciones a los marcos legales y la importancia del respeto a la seguridad jurídica.
En el caso de Aerolíneas Argentinas, deben sumarse a los costos por una expropiación mal realizada las pérdidas posteriores por su deficiente manejo estatal, particularmente gravoso durante los gobiernos de Cristina Kirchner y de Alberto Fernández. En ambos períodos la empresa requirió fuertes subsidios y acumuló deudas. Entre 2008 y 2014, con Julio Alak y Mariano Recalde como presidentes de la compañía, la pérdida alcanzó un promedio anual de 433 millones de dólares. Durante la gestión de Mauricio Macri se redujeron a una media anual de 264 millones, pero volvieron a subir a un promedio de 460 millones anuales en el período 2020-2023, con Pablo Ceriani como titular de Aerolíneas.
Estas pérdidas han sido revertidas en los dos últimos años, con Fabián Lombardo como CEO, y, por primera vez en la historia, Aerolíneas pagará el impuesto a las ganancias. No obstante, no hay razones valederas para que el Estado opere una línea aerocomercial. Tampoco para que retenga otras empresas que recurrentemente lo obligan a litigar frente a gigantescas demandas. El Estado empresario se ha hecho cargo de más de 50.000 millones de dólares entre pérdidas y condenas judiciales en los últimos veinte años y esa monumental cifra ha sido pagada por los contribuyentes.
