El recambio legislativo de diciembre pasado y el reacomodamiento de fuerzas introdujeron modificaciones a cuestiones en curso. La designación de la persona para ocupar el cargo de Defensor de las Niñas, Niños y Adolescentes, que ya se había concursado y aguardaba aprobación desde octubre, fue una de ellas.
En 2005 se sancionó la ley de protección integral de los derechos de los niños, que reconoce que los menores de edad son sujetos de derechos plenos que el Estado debe garantizar. La norma creó la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, así como también la referida defensoría y el mecanismo para su conformación. Se trata de un organismo público, independiente, autónomo, autárquico y federal que debe velar por el respeto, protección, restitución y efectivo cumplimiento de los derechos de la infancia y que estuvo vergonzosamente vacante durante 14 años. Un claro sesgo ideológico sumado a la falta de equidad en la representación de la comisión habilitó la polémica llegada de Marisa Graham luego de un concurso que duró dos largos años.
Tras el cumplimiento de su mandato, y de un intento impugnado de autoprorrogarlo, se designó interinamente a Sebastián A. Medina, jefe del Gabinete de la Defensoría desde 2020, en junio 2025, a la espera del nombramiento del nuevo defensor. Así debió hacerse, pues el Senado no convocó a tiempo la comisión, retrasando inexplicablemente el proceso más allá de los 180 días estipulados antes del fin del mandato anterior. Dietas sí, obligaciones no. Por otra parte, el vergonzoso proceso de designación de candidatos que la Comisión Bicameral definió el pasado 22 de septiembre estuvo viciado no solo de demoras sino también de opacidad e irregulares varias.
María Paz Bertero, cercana a Axel Kiciloff, sin condiciones y surgida dudosamente del concurso público que sumó más de 200 postulaciones, logró la aprobación exprés de la Cámara de Diputados en octubre 2025 en una sesión caliente que desoyó las denuncias y manifestaciones del oficialismo, organizaciones sociales, asociaciones civiles y referentes de distintos puntos del país, presentaciones judiciales y pedidos de amparo ante el polémico nombramiento en un cargo de tamaña relevancia. El oficialismo había impugnado la postulación, cuestionando las irregularidades en el examen y en el proceso evaluatorio. El diputado santafecino denunciante, Nicolás Mayoraz, se enfrentó con la hoy exdiputada Natalia Sarapura, quien fue presidenta de la Bicameral, que defendía el procedimiento ignorando las más que justificadas críticas.
La comisión bicameral del defensor de niños y adolescentes, cuya presidencia y vicepresidencia están en manos de libertarios –Vilma Bedia y Mayoraz, respectivamente- archivaron días pasados esta designación que nunca llegó al Senado y anunciaron el inicio de una nueva convocatoria a concurso bajo otro reglamento.
El 58,4% de las personas que viven en una situación de pobreza en forma crónica son niños y adolescentes. Sus derechos deden ser debidamente atendidos por lo que urge regularizar la situación apurando la convocatoria al concurso y garantizando un proceso transparente, idóneo e independiente de los poderes políticos. “No se puede votar una defensora de la niñez en medio de sospechas de manipulación política y concursos amañados. Los derechos de los chicos no se defienden con acuerdos entre cuatro paredes”, señalaron con razón las organizaciones de la sociedad civil. El nuevo concurso no debe demorarse.
